El término “disminuido” desaparece del artículo 49 de la Constitución Española tras la aprobación de la reforma de la Carta Magna, siendo sustituido por la expresión “personas con discapacidad”. Dicha reforma, la tercera en la historia de nuestro país, será remitida al Senado para su aprobación definitiva la próxima semana gracias al consenso entre la práctica totalidad de las formaciones con representación parlamentaria.
Hasta hoy, el texto constitucional se refería a las personas con discapacidad como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”, literalidad cuyo cambio lleva siendo reclamado desde hace años por el colectivo de personas con discapacidad, quienes ven ahora reconocida su realidad e inclusión en la sociedad de forma adecuada. Así, el término «disminuido» desaparece del artículo 49 definitivamente.
La tan perseguida reforma del artículo 49 de la Constitución responde a la la reivindicación de la dignidad y la ampliación de los derechos de las personas con discapacidad. A este respecto, Pablo Bustinduy Amador, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Ministerio en el que se integra la Dirección General de los Derechos de las personas con discapacidad, ha manifestado su “profunda alegría” con la reforma del texto constitucional. “No se trata sencillamente del cambio de un término por otro. Es el resultado de 20 años de lucha de las personas con discapacidad, de sus familias y de la sociedad civil. Y el resultado va a emitir un mensaje alto y claro a la sociedad española, transmitiendo que, frente al ruido y la confrontación, podemos avanzar en una agenda para ensanchar los derechos sociales en España”.
Las palabras sí importan
En este sentido, para el ministro, dicha modificación “va a hacer de España un país mejor”. Así lo expresó durante su intervención en un acto organizado en el Ateneo de Madrid sobre ‘La primera reforma social de la Constitución Española. Somos personas con discapacidad’, en la que, tal y como informa Servimedia, subrayó que se trata de “una victoria histórica para el conjunto de la sociedad española”. Por ello, quiso insistir en su agradecimiento a organizaciones, sociedad civil organizada, personas con discapacidad y familias que, recordó, “llevan tanto tiempo peleando para conseguir esta victoria”.
Asimismo, añadió que “lo que se está haciendo es cambiar el enfoque de las políticas públicas hacia las personas con discapacidad y que los poderes públicos queden obligados a comprometerse con el principio de la plena autonomía y los derechos de las personas con discapacidad, que se mencione específicamente a las mujeres y a las niñas con discapacidad que requieren intervenciones específicas por parte de los poderes públicos”. Tras puntualizar que la reforma expresa la “obligación” de los poderes públicos de “garantizar la plena autonomía e inclusión de las personas con discapacidad”, advirtió de que España “cumple así los compromisos asumidos en la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pasando a convertirse en referente internacional en este ámbito”.
Primera reforma de carácter social de la Constitución
Del mismo modo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que también intervino en el acto, aseguró que la reforma del artículo 49 de la Constitución para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad es un “logro, en primer lugar, de las personas con discapacidad, de sus familias, de sus asociaciones y, en segundo lugar, es un logro colectivo, un logro de la democracia española. Hoy nuestro país es mejor”, declaró Díaz. La vicepresidenta segunda también señaló que “estamos ante la primera reforma social de nuestra Constitución. Dice nuestro mandato constitucional que España es un Estado social, democrático y de derecho. Hoy España, con esta reforma, es un poquito más un Estado social”, insistió.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que intervino en el Congreso de los Diputados durante la toma en consideración de la Proposición de reforma, subrayó que ésta va más allá de las palabras. «Las palabras nunca son solo palabras, sino que tienen la capacidad de modelar nuestros pensamientos: son el vehículo con el que expresamos nuestra forma de ver el mundo y con el que acabamos dando forma a la realidad”.
El ministro señaló la importancia de adaptar el texto a la realidad de las personas con discapacidad y a la terminología internacional. También puso en valor el camino recorrido por el Ejecutivo y por las organizaciones que representan a las personas con discapacidad hasta llegar a este momento, agradeciendo al CERMI el trabajo realizado en los últimos años. Además, recordó la obligación de los representantes públicos y las administraciones de garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad.
El origen de la reforma
Y es que esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018, petición a la que también se sumaba recientemente la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) exigiendo su apoyo unánime a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Desde el CERMI expresan que la modificación del artículo 49 “no solo es desterrar del texto constitucional una terminología hiriente que desconsideraba y ofendía a las personas con discapacidad, un 10% de la población. También ancla en nuestra norma fundamental el enfoque derechos humanos, el único admisible para abordar la realidad de esta parte de la ciudadanía”.
Tanto la CNSE como el CERMI coinciden en que esta primera reforma social de la Constitución responde a una demanda firme y sostenida del movimiento cívico de la discapacidad. La cual cuenta con un amplísimo consenso social, que ahora, por fin, está a punto de trasladarse al plano político y normativo. Y todo como una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España. Para el presidente de la Confederación, Roberto Suárez, se trata de un gran paso en el avance por los derechos y el bienestar pleno de las personas con discapacidad. “Es una deuda histórica y necesaria para hacer de la sociedad un espacio inclusivo y digno para todas y para todos”.
Más felicitaciones
Por su parte, La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), como parte movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI , ha querido también sumarse a las felicitaciones a los legisladores por el gran consenso alcanzado. Esta reforma no solo destierra del texto constitucional el término “disminuido”, también adapta la Constitución a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006.
En este sentido, el presidente de la PMP, Lázaro González, ha felicitado a los legisladores por el gran consenso alcanzado para su aprobación, ya que supone un “gran avance para la democracia al consagrar la plena igualdad de derechos para las personas con discapacidad”.
