La aportación para dependencia de las CC. AA se redujo en 98 millones de euros el pasado año. 9 gobiernos autonómicos hicieron caja en 2022 con el incremento de los PGE para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes.
Tal y como revela un amplio informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, 45.360 personas fallecieron el pasado año en las listas de espera de la dependencia. Cada 12 minutos muere una persona esperando las prestaciones o servicios del Sistema de la Dependencia.
10.234 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2022. Sigue existiendo una acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación.
Nueve Comunidades que han disminuido en 2022 respecto a 2021 el gasto en la atención a personas en situación de dependencia es -en millones de euros-: Cataluña (-57,3) Cantabria (-8,7), Asturias (- 10,8), C. Valenciana (-40,6), Andalucía (-51,6), Extremadura (-11), Madrid (-15), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1).
Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Murcia y Cataluña, Comunidades que el año pasado ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia. Destacar positivamente las Comunidades que más incremento realizaron: Baleares (+17%), y Navarra (8,8%).
Acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación
10.234 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2022. De ellos, las Comunidades Autónomas financiaron el 74%, con 7.573 millones de euros (un 1,27% menos de gasto que en 2021). La aportación estatal se sitúa en el 26%, con 2.661 millones de euros (si incluimos el cupo vasco y la aportación Navarra), habiendo incrementado un 33,6% respecto al año anterior, que fue de 1.992M (se incluye la aportación a Navarra, el cupo vasco, el nivel mínimo y el nivel acordado).
Así que si se contabilizasen la aportación de Navarra y el cupo vasco la aportación para dependencia de las CC.AA. todavía se reduciría más, llegando a 134 millones de euros menos que el pasado año, siempre según indica el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Otro elemento crucial que no hay que perder de vista es el de la acusada desigualdad territorial. Las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.329 €), Extremadura (1.706 €) y Navarra (1.701 €), mientras a la cola continúan Canarias (801€) y Galicia (615€).
8.135 euros fue el gasto anual medio por persona beneficiaria, de los cuales la AGE aportó 2.115 € en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas 6.020 €. La Comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 13.390 € anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la Comunidad que menos invirtió, que fue Andalucía con 6.547 euros anuales.
Evolución del porcentaje de financiación autonómica sobre el total
El peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, cuando el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el plan de choque es utilizado por algunas CCAA para retirar parte de su financiación. Como se puede observar, en el gráfico el peso de las CCAA en la financiación cae más de un 10% entre los años 2021 y 2022, mientras la AGE refuerza la financiación del sistema.
Como ha sido señalado anteriormente, los recortes en la aportación en 2021 y 2022 de la mitad de las Comunidades Autónomas han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque.
Financiación autonómica por comunidades
El reparto de la financiación entre la AGE y las CCAA presenta grandes diferencias entre los territorios. País Vasco (86,00%), Illes Balears (83,09%) y la Comunidad Foral de Navarra (81,56%) financian en mayor proporción sus sistemas. Mientras la media de financiación autonómica desciende hasta el 74% para el conjunto de España, CCAA como Galicia (64,80%), Andalucía (66,87%) o Castilla y León (67,25%), se mantienen alejados de esta.
Según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la variación interanual en el gasto medio por persona beneficiaria en 2022 respecto a 2021 se muestra en el siguiente gráfico:
En este caso se puede observar cómo Baleares ha tenido el mayor incremento de gasto por persona beneficiaria (+11,33%) incrementándose notablemente el gasto de la AGE (+22,1%) y aumentando el autonómico (+17%), seguido por Navarra y Cantabria. Aquellas Comunidades Autónomas que más han aumentado el número personas beneficiarias son las mismas que han reducido el gasto medio por persona beneficiaria. El incremento en el número de personas no ha venido acompañado de un incremento proporcional de la financiación.
Evolución del gasto anual total y número de personas beneficiarias
Desde 2015, el número de personas en situación de dependencia atendidas ha incrementado cada año. Entre 2021 y 2022 se observa un incremento porcentual del gasto total certificado más elevado (+7,1%) que el incremento en el número de personas beneficiarias (7,9%).
El gasto medio por persona beneficiaria en el sistema se sitúa en 2022 en 8.135 € para el conjunto de España.
No obstante, se siguen observando grandes diferencias entre territorios. Donde destacan País Vasco (13.390 €), Extremadura (11.264 €) y Navarra (11.174 €) como las CCAA con un gasto más elevado por persona. Mientras que Andalucía (6.547 €), Castilla y León (6.716 €), Galicia (6.953 €) y la Región de Murcia (6.984 €) mantienen unos niveles de gasto difícilmente compatibles con la prestación de unos servicios adecuados para las personas dependientes.
