Más de nueve millones de ciudadanos de España superan hoy los 65 años de edad. Rozan el 20% del total de la población. Si las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística se cumplen, en solo una década el número de habitantes de 65 y más años supondría en el país el 24% del total y en el año 2037 superarían el 26%.
Estos contundentes datos obligan, a juicio del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs), a planificar de una forma urgente cómo preparar los Servicios Sociales para hacer frente al impacto al que los van a someter la llegada de toda la generación del baby boom. “No hay tiempo que perder. Las personas mayores tienen que estar sí o sí en la agenda prioritaria de cualquier Ministerio”, sostiene la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual.
Por ello, cuando han transcurrido más de 4 semanas ya de la toma de posesión del nuevo Gabinete de la Presidencia del Gobierno, reclama una pronta reunión con el nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para que la voz del sector de la atención a las personas sea tenida en cuenta a la hora de programar el futuro de los cuidados. “Somos los que estamos al pie de calle, los que conocemos qué precisan las personas mayores y/o personas en situación de Dependencia y los que asumimos los retos a los que se enfrenta el sector”, sostiene Pascual.
“Los ministros pasan, pero el sector continúa”, apunta Pascual, quien recuerda que Bustinduy es el séptimo responsable de esta cartera en menos de una década.
Entre la batería de peticiones que CEAPs pondrá sobre la mesa del nuevo ministro está la de exigir que España destine a los cuidados de las personas un 2% del PIB para estar a la altura de los países de su entorno y que las administraciones eliminen las abrumadoras desigualdades que existen entre las distintas autonomías para que todos los españoles tengan los mismos derechos.
Del mismo modo, reclamará que se establezca un procedimiento exprés para la atención de las personas en extrema vulnerabilidad por Dependencia sobrevenida, se elimine el exceso de bucrocratización, se limen las listas de espera y se ponga solución a un problema adicional que hace peligrar la atención: el déficit de profesionales en el sector.
En paralelo, CEAPs solicita una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para exigirle que se elimine en España la “injusticia social” que impide que todas las personas que viven en residencias, acuden a centros de día o reciben cuidados en su domicilio paguen el mismo tipo de IVA por el mismo servicio.
En este sentido, Pascual recuerda que se da la paradoja de que el sector de la Dependencia es el único con dos tipos de IVA diferentes en función de quien sea el que pague la factura: un 4% si quien la abona es la Administración pública y un 10% si quien paga es una persona a título individual. Supone “penalizar doblemente” a las personas que se encuentran en el ‘limbo’ por culpa de la Administración con un gravamen del 10%, frente al 4% que pagarían si le hubieran concedido la plaza pública a la que tienen derecho.
“Ese doble IVA provoca una doble desigualdad entre las personas y un grave perjuicio económico”, denuncia la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia.
