La nueva financiación permitirá incrementar las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas y reforzar la atención a más de 1,6 millones de personas en situación de dependencia.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que incrementará en 6.200 millones de euros la financiación estatal destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) entre 2026 y 2027. La medida supone una reforma del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con dependencia reconocida y permitirá duplicar las cuantías destinadas a los grados con mayores necesidades de apoyo.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, calificó la decisión como «un día histórico para la política social» y aseguró que supone «la mayor ampliación de la red de protección social en este país en décadas».
Según el Ministerio de Derechos Sociales, la aportación estatal alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones en 2027, el doble de la registrada en 2025. El objetivo es que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación total del sistema, en línea con el compromiso adquirido por el Ejecutivo.
Los efectos de la medida serán inmediatos. A partir del próximo 1 de julio, las comunidades autónomas recibirán una mayor financiación para la gestión de los servicios y prestaciones vinculados a la dependencia.
En concreto, las cuantías correspondientes al grado III de dependencia pasarán de 290 a 660 euros mensuales por persona, mientras que las destinadas al grado II aumentarán de 130 a 260 euros. En el caso del grado I, la aportación estatal se incrementará de 76 a 90 euros al mes.
Más recursos para reforzar prestaciones y servicios
El Ministerio de Derechos Sociales enmarca esta inversión en la transformación del modelo de cuidados y en la futura reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en tramitación parlamentaria.
En este sentido, Bustinduy señaló que el objetivo es avanzar hacia un sistema «personalizado y cercano» que permita a las personas continuar viviendo en sus domicilios con los apoyos necesarios y que favorezca una mayor autonomía y capacidad de decisión sobre los cuidados recibidos.
Entre los objetivos planteados por el Ejecutivo figuran la reducción de las listas de espera, el aumento de la intensidad de los servicios, la ampliación de la atención domiciliaria, el fortalecimiento de la teleasistencia, la contratación de más profesionales y la mejora de las condiciones laborales del sector.
Asimismo, el Gobierno prevé que esta financiación facilite el desarrollo de nuevos recursos contemplados en la reforma legislativa, como fórmulas de convivencia colaborativa, servicios de asistencia personal, productos de apoyo para la autonomía o la ampliación de las prestaciones de ayuda a domicilio.
Según las estimaciones del Ministerio, el incremento de la inversión podría favorecer la creación de cerca de 100.000 empleos y generar un retorno económico aproximado de 3.000 millones de euros a través de impuestos y cotizaciones sociales.
El sector reclama que los fondos contribuyan a reducir las listas de espera
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha valorado positivamente el incremento de la financiación y ha destacado que supone un paso importante para reforzar el sistema de atención a la dependencia.
No obstante, la entidad considera prioritario que los nuevos recursos se traduzcan en una reducción efectiva de las listas de espera, un aumento de la intensidad de los servicios, una mejora de las prestaciones económicas y un refuerzo de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en el sector, especialmente en la ayuda a domicilio y en los centros residenciales.
La organización recuerda que más de 265.000 personas permanecen pendientes de valoración o continúan esperando una prestación o servicio pese a tener reconocido su derecho. Por ello, insiste en la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos y simplificar la gestión para garantizar una atención más rápida y eficaz.
La asociación también ha subrayado la importancia de que el incremento de financiación se traduzca en mejoras reales para las personas en situación de dependencia y ha reclamado mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el impacto de estos recursos en la calidad de la atención y en el funcionamiento del sistema.
