¿Es viable la desinstitucionalización de las personas mayores?

¿Cómo se va a controlar la calidad de la atención que reciben los mayores en su hogar?

 

Ignacio Fernández-Cid

Presidente de FED

Teniendo en cuenta que, actualmente, nuestros residentes tienen 85 años de media, podemos afirmar que las personas permanecen en su casa hasta que necesitan cuidados profesionales y continuos, que no pueden recibir en su entorno con garantías de calidad y seguridad.

Partiendo de esta base, no podemos permitir que ciertos sectores quieran transmitir la imagen de que las personas mayores son infelices en nuestros centros. Esto, además de injusto, es rotundamente falso y llena de frustración a las personas que diariamente nos encargamos de cuidar a las personas mayores. Realizamos encuestas de satisfacción regularmente entre nuestros residentes y sus familiares, obteniendo una nota de 8 sobre 10. Además, las valoraciones en redes sociales y las reseñas de Google van en la misma línea.

Otro de los argumentos que se usa en ciertos foros para atacarnos es que somos empresarios y ganamos dinero con el cuidado de las personas mayores, dando a entender que nuestro negocio no es lícito y obviando que estamos en una sociedad donde existe la educación y la sanidad privadas.

Por todo lo expuesto, consideramos que la Estrategia de Desinstitucionalización parte de unas premisas basadas en principios erróneos, originados por un claro desconocimiento del sector y una preocupante desinformación. Lo verdaderamente importante es que las personas puedan elegir libremente dónde quieren vivir y, por eso, defendemos el cheque servicio que permite a las familias decidir los mejores cuidados para su ser querido.

Además, para poder desinstitucionalizar a una persona de manera adecuada, el sistema de cuidados debería contar con los recursos necesarios, y actualmente no es así. La intensidad máxima del SAD se pretende ampliar a 94 horas al mes para un gran dependiente, es decir, una media de poco más de 3 horas al día. Esta dotación demuestra que la Administración Pública no tiene presupuesto suficiente para prestar una atención 24 horas, y nos invade una gran preocupación sobre quién va a atender a esa persona mayor el resto del día.

No se ha calibrado bien lo que significa económicamente para una familia, de manera privada, tener que contratar a cuatro personas para cubrir los tres turnos y un quinto para vacaciones o bajas. Y, además, también surge una gran incertidumbre sobre cómo se va a controlar la calidad de la atención que reciben los mayores en su hogar, servicios deben ser profesionalizados y dados por empresas sometidas a control e inspección.

Pero, además de los recursos, también debe existir una red familiar que tenga la capacidad de implicarse en el cuidado de su familiar con una gran dependencia. Solo un dato, durante la pandemia todas las familias tuvieron la oportunidad de llevarse a su familiar a casa y, sin embargo, las personas mayores residentes que dejaron los centros no llegaron ni al 0,5 %.

Por último, queremos poner sobre la mesa el riesgo de generar una soledad no deseada que tiene la desinstitucionalización de personas mayores con una alta dependencia.

En definitiva, consideramos una irresponsabilidad crear una alarma social injustificada. Debemos dejar elegir a las familias lo que consideren adecuado para sus seres queridos. Lo que sí podemos afirmar con orgullo es que las personas mayores que residen en nuestros centros están bien atendidas por profesionales formados y cualificados, que tratan a las personas mayores desde el cariño y con la máxima calidad.