¿Es viable la desinstitucionalización de las personas mayores?

Recursos y financiación suficientes para atender con calidad toda la demanda presente y futura

 

Cinta Pascual

Presidenta de CEAPS

No vemos factible que las personas mayores institucionalizadas pasen de nuevo al domicilio, ya que quienes viven actualmente en las residencias es porque o lo han elegido voluntariamente o porque realmente requieren servicios especializados, que no hospitalarios. Las residencias no dejan de ser hogares que ofertan todo tipo de cuidados profesionales y sociales, y con una coordinación sociosanitaria con los centros de salud. Cuando se ha perdido mucha autonomía personal y se requieren esos cuidados especializados, resulta imposible. Lo que sí que habría que plantearse es que existan plazas residenciales suficientes para todas las personas que deseen ir a un centro. Y, en paralelo, trabajar para que las personas que vivan en sus domicilios tengan suficientes recursos profesionales y dotaciones económicas que les permita mantenerse en sus casas con una atención de calidad.

Que las personas mayores pasen el mayor tiempo posible en sus domicilios no implica que las residencias dejen de ser necesarias. Seguirán acudiendo a ellas las personas mayores que necesiten cuidados especializados. El sector residencial se mantiene fuerte. De hecho, faltan más de 70.000 plazas en toda España para atender la demanda actual, por no hablar de la escasez de plazas para responder a esos 7 millones de personas que dentro de diez años serán usuarias del sistema. Lo que se necesita es que se le dote al sector de recursos y financiación suficiente para atender con calidad toda la demanda presente y futura.

Aunque a simple vista parezca más económico atender a las personas en su domicilio, la realidad es que el coste resulta más elevado para el sistema público, ya que las residencias ofrecen alternativas completas a la atención a la persona, incluidos médicos y enfermeras dentro del precio de la plaza residencial. En el domicilio no se prestan todos esos recursos y el usuario tiene que acudir a la sanidad pública normalizada, consumir otros servicios, echar mano del voluntariado del tercer sector o de los cuidados familiares, lo que redunda siempre en perjuicio de las mujeres.

A esto se une que no existe ninguna comunidad autónoma que ofrezca los recursos suficientes para atender a las personas en sus domicilios de manera continuada. Se corre el riesgo de acrecentar la lacra que supone la soledad no deseada.

La teleasistencia está en constante evolución y sí está preparada, porque las empresas y colectivos están apostando por la I+D+i de forma particular, conscientes de la importancia de ofrecer recursos como la domotización del hogar, más allá del botón rojo. Sin embargo, el SAD no está preparado. No hay financiación suficiente. Cada ayuntamiento y comunidad ofrece un precio a los profesionales y no se presta el suficiente número de horas para que las personas realmente sean atendidas en sus hogares con una calidad suficiente durante todo el tiempo que lo precisan. Y eso incluso con el proyecto del Gobierno para incrementar la intensidad horaria.

El hecho de que este catálogo de servicios no esté bien financiado hace que el cuidador familiar tenga que ocupar el resto de las horas que no cubre el cuidador profesional, que no se siente valorado. Esta falta de valoración y sus condiciones laborales provocan una importante rotación de los profesionales, en especial en el medio urbano, que está llevando a una despersonalización de los cuidados en el domicilio, justo lo contrario de la máxima con la que se está trabajando en el sector residencial gracias al nuevo modelo centrado en la persona.