La financiación en dependencia tiene que aumentar en mil millones de euros cada año

La inversión pública en atención a la dependencia en el año 2025 fue de 13.734 millones de euros. De ellos, la aportación estatal representa el 27,4%, con 3.758 millones de euros (+8%) y las comunidades autónomas financiaron, como media, el 72,6%, con 9.976 millones de euros, un 6,5% más que en 2024. Así se desprende del último estudio de la Asociación del Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que asegura que la Administración General del Estado (AGE) “tiene que aumentar la financiación al menos en mil millones cada año para que se reduzcan la lista de espera y se incrementen las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, además de permitir compatibilidades”. Evolución de la financiación en dependencia El peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2012 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, por el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023. Como consecuencia de esta inyección económica, entre los años 2020 y 2023, el peso de las comunidades autónomas en la financiación cae un 13%. Pero, en 2024, vuelve a incrementarse. Ahora, en 2025, desciende un 0,3%, que es el porcentaje de más que ha aportado el Gobierno. Este gráfico ilustra la evolución de la financiación autonómica en dependencia desde 2012 hasta 2025. La lectura de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios es que la Administración General del Estado incrementó en 185 millones de euros su gasto en dependencia debido a su obligación de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la Ley. Al haberse incrementado el número de personas atendidas, el Gobierno tuvo la obligación de aumentar la financiación, ya que tenemos un sistema con modelo de financiación capitativo, es decir, un sistema de pago donde se asigna un fondo económico fijo a los proveedores por cada persona asignada a su población. Por eso, consideran “incomprensible” la actitud triunfalista del Ministerio de Derechos Sociales, “cuando en los tres últimos años se ha paralizado el incremento de financiación que supuso el Plan de Choque”. La atención a las personas en situación de dependencia ha sido una de las políticas de Estado en el que se alcanzó mayor consenso y urgencia social. Sin embargo, después de casi 20 años, la dependencia es un derecho pendiente. “A pesar del avance que ha supuesto esta Ley, su potencial sigue sin desarrollar”, apuntan en la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Gráfico que muestra la aportación de cada comunidad autónoma en 2025 para la financiación en dependencia. Comunidades que más han invertido en dependencia Las comunidades autónomas que más invirtieron en dependencia por persona potencialmente dependiente en 2025 son: País Vasco (3.102 euros), Extremadura (2.757 euros), Baleares (2.632 euros) y Navarra (2.578 euros). A la cola se encuentran Galicia (1.490 euros), Canarias (1.492 euros) y Murcia (1.751 euros). Gráfico que muestra la inversión por persona potencialmente dependiente en diferentes comunidades autónomas de España. El gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 8.417 euros, de los cuales la AGE aportó 2.306 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas 6.111 euros. La región que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 14.384 euros anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Aragón con 7.159 euros anuales. Gráfico que muestra la inversión media por persona dependiente atendida en España en 2025. Reducción de la financiación estatal a algunas comunidades Según los datos aportados por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en 2026, ocho comunidades autónomas van a ver disminuidas las cantidades del nivel acordado para financiación de la dependencia. Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y Madrid verán reducida su financiación al no cumplir con los objetivos de mejora de la atención vinculada a la Financiación Acordada. El Consejo Territorial de Derechos Sociales de hace un año (19 de junio de 2025) estableció una inversión de más de 783 millones de euros para complementar la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes en cada territorio. Este reparto de la inversión del nivel acordado entre los gobiernos autonómicos se realiza siguiendo los criterios técnicos y demográficos. Uno de los indicadores mide los esfuerzos realizados por cada ejecutivo regional para mejorar la calidad de los servicios de la Dependencia. En función de su desempeño, cada comunidad autónoma recibe una cantidad diferente cada año. Estos criterios se agrupan en cuatro fondos diferenciados: Fondo de estructura: evolución de la población potencialmente dependiente, el coste de los servicios, la superficie territorial, la dispersión poblacional y la insularidad. Fondo de gestión: se mide la gestión de cada gobierno autonómico, siguiendo el número de personas atendidas, la agilidad administrativa o la inversión autonómica. Fondo de cumplimiento de objetivos: se valora la mejora en el empleo del sector, reducción de lista de espera, calidad de prestaciones y servicios... Fondo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD: Este fondo está condicionado a que las inversiones que realicen los gobiernos autonómicos para alcanzar los criterios de acreditación y de calidad en los centros y servicios del SAAD.   Ley ELA Ley ELA entró en vigor en octubre de 2024 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurológicas similares. La nueva norma incluía medidas como la agilización de trámites para el reconocimiento de la discapacidad, la formación de sanitarios o una ayuda de casi 10.000 euros al mes para los pacientes más graves. Un año después de la aprobación de esta ley, en noviembre de 2025, el pleno del Congreso de los Diputados convalidó por unanimidad un real decreto-ley con medidas para cumplir su plan de despliegue: la creación de un nuevo grado de dependencia extrema, el Grado III+; el derecho a una prestación de casi 10.000 euros al mes para garantizar la atención efectiva durante las 24 horas del día y una inyección extraordinaria de 500 millones de euros para reforzar el sistema de la dependencia. La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales sostiene que el Ministerio no hace público cuántas personas grado III + se encuentran actualmente atendidas y denuncia su falta de transparencia: “Seguimos esperando que el Ministerio publique los datos de la lista de espera de las revisiones y de las solicitudes sin grabar, y atendidos del grado III+”.