Administraciones autonómicas y responsables del sector dibujan un modelo más personalizado, conectado con la comunidad y apoyado en nuevos recursos para responder al envejecimiento de la población.
Durante años, buena parte del debate sobre los cuidados de larga duración estuvo centrado en cuántas plazas residenciales serían necesarias para responder al progresivo envejecimiento de la población. La respuesta parecía conducir siempre al mismo lugar: más residencias, centros y recursos. Sin embargo, algo está cambiando.
Ahora se habla más de proyectos de vida, autonomía, comunidad, prevención, tecnología, apoyos personalizados, coordinación sociosanitaria, y, sobre todo, de cómo construir un sistema capaz de acompañar a las personas en cada etapa de su envejecimiento.
Porque la transformación que está viviendo el sector va mucho más allá de la arquitectura de los centros o de la distribución de las habitaciones. Lo que se está debatiendo es el propio papel de la residencia dentro del sistema de cuidados.
La residencia seguirá siendo necesaria, nadie lo discute. Pero lo que parece estar cambiando es la forma en que se integra dentro de una red mucho más amplia de recursos destinados a responder a las necesidades de una población cada vez más longeva, diversa y exigente.
Una nueva realidad obliga a replantear los cuidados
La transformación del modelo residencial no surge únicamente de una reflexión sobre cómo deberían organizarse los cuidados, responde también a una realidad demográfica y social que está cambiando con rapidez. Las personas viven más años que nunca, pero también llegan a edades avanzadas con perfiles de salud y necesidades de apoyo cada vez más complejos.
El viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, Javier Pérez, recuerda que el envejecimiento debe interpretarse como uno de los grandes logros colectivos de las últimas décadas. Hace apenas un siglo, España contaba con alrededor de un millón de personas mayores; hoy la cifra supera los diez millones. Sin embargo, el aumento de la longevidad plantea nuevos desafíos para los sistemas de atención.
Las personas que acceden actualmente a recursos residenciales presentan necesidades muy diferentes a las de generaciones anteriores y requieren apoyos más intensos y especializados.
Desde Galicia, el director general de Mayores y Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, sitúa este fenómeno dentro de una doble transición: demográfica y epidemiológica. Cada vez hay más personas mayores y, al mismo tiempo, las enfermedades crónicas han sustituido a muchas de las patologías agudas que históricamente marcaban el final de la vida.
Esta evolución está modificando la organización de los cuidados. Ya no se trata únicamente de ofrecer alojamiento o asistencia básica, sino de responder a situaciones complejas que combinan dependencia, fragilidad, enfermedades crónicas y necesidades sanitarias cada vez más frecuentes.
Por eso, la transformación del modelo residencial aparece estrechamente ligada a la pregunta de cómo construir un sistema capaz de acompañar a una población que vive más años y que demanda apoyos muy distintos a los de hace apenas dos décadas.
El foco se desplaza de los recursos a las personas
Actualmente, es necesario abandonar respuestas uniformes para avanzar hacia modelos capaces de adaptarse a las circunstancias de cada persona.
“No tenemos que centrarnos tanto en crear residencias y estructuras, hay que preguntar a las personas cómo quieren envejecer”, Lide Amilibia, directora del Órgano de Alta Inspección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco.
La directora del Órgano de Alta Inspección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, Lide Amilibia, resume esa filosofía en una frase: “no tenemos que centrarnos tanto en crear residencias y estructuras, hay que preguntar a las personas cómo quieren envejecer”.
La afirmación refleja un cambio profundo respecto a planteamientos que durante décadas han puesto el foco en los recursos disponibles más que en las preferencias individuales.
Desde Euskadi se trabaja actualmente en un modelo que gira en torno a cinco grandes pilares: el desarrollo normativo, la humanización de los cuidados, la ética asistencial, los nuevos entornos residenciales y la apertura a la comunidad. Todos ellos comparten el objetivo de garantizar que las personas puedan seguir desarrollando sus proyectos de vida incluso cuando necesitan apoyos intensivos.
La cuestión puede parecer sencilla, pero conlleva cambios importantes en la forma de entender los cuidados. Esto implica reconocer que una persona no deja de tener preferencias, relaciones, intereses o capacidad de decisión cuando entra en una residencia. Significa también asumir que las familias dejan de ser meros visitantes para convertirse en parte activa del proceso de atención.
En la misma idea insiste Óscar Álvarez, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, que defiende que el sistema debe ser capaz de ofrecer respuestas diferentes para situaciones diferentes. “Me planteo muchas veces si existe un único modelo residencial o si realmente lo que lo envuelve todo es un paradigma de cuidados adaptado a las necesidades de cada persona”, señala.
La reflexión resulta especialmente relevante en un momento en el que los perfiles atendidos son cada vez más diversos. Conviven personas con altos niveles de dependencia y necesidades complejas de atención con otras que mantienen importantes niveles de autonomía, pero que, por razones sociales o personales, optan por recursos residenciales.
Esa diversidad obliga a construir itinerarios mucho más flexibles que los existentes hasta ahora.
La libertad de elección gana protagonismo
La transformación del modelo residencial también está estrechamente vinculada a la libertad de elección. Las personas mayores quieren permanecer más tiempo en sus domicilios.
Según explica Xema Gil, director general de Acreditación y Provisión de Servicios de la Generalitat de Catalunya, cuando se pregunta a las personas dónde quieren vivir sus últimos años, la inmensa mayoría responde que desea hacerlo en su propia casa.
Sin embargo, la realidad suele ser más compleja. Las caídas, la aparición de enfermedades neurodegenerativas, la pérdida de autonomía o el incremento de las necesidades de apoyo obligan en muchas ocasiones a replantear esa decisión inicial. Por eso, más que elegir entre domicilio o residencia, las administraciones empiezan a hablar de construir sistemas capaces de ofrecer diferentes alternativas según las necesidades de cada momento.
En Madrid, esta filosofía se traduce en iniciativas como las viviendas con apoyos vinculadas a centros de atención, una fórmula pensada para personas con dependencia leve o moderada que todavía pueden desarrollar una vida independiente con determinados servicios complementarios.
La apuesta conecta con una tendencia cada vez más visible en Europa: retrasar al máximo la institucionalización y ofrecer recursos intermedios que permitan mantener la autonomía durante más tiempo.
Pero esa libertad de elección no se limita a decidir dónde vivir. Amilibia recuerda que una de las cuestiones más complejas en los cuidados es precisamente encontrar el equilibrio entre la seguridad y la autonomía. Una persona puede estar más protegida dentro de una residencia; sin embargo, puede decidir asumir determinados riesgos para preservar su independencia.
Resolver esos dilemas forma parte de lo que la responsable vasca define como ética del cuidado, uno de los pilares sobre los que se construyen los nuevos modelos residenciales.
Residencias más parecidas a hogares
Aunque las necesidades asistenciales son cada vez más complejas, los nuevos modelos residenciales buscan alejarse de entornos excesivamente institucionalizados para acercarse a formas de convivencia más similares a las de un hogar.
Las unidades de convivencia, espacios más reducidos, entornos personalizados o la incorporación de habitaciones individuales forman parte de una tendencia que se repite en distintas comunidades autónomas.
En Euskadi, la apuesta pasa por crear entornos capaces de reproducir dinámicas más cercanas a la vida cotidiana. En lugar de grandes estructuras impersonales, se trabaja sobre espacios donde las relaciones, la participación y la autonomía tengan un papel protagonista.
La Comunidad de Madrid también está desarrollando esta línea a través de nuevos proyectos residenciales que buscan ofrecer una atención más personalizada y adaptada a las necesidades de cada residente.
“La residencia no puede ser un sitio donde la gente va a morir, tiene que ser un lugar donde pueda desarrollar al máximo sus capacidades”, Xema Gil, director general de Acreditación y Provisión de Servicios de la Generalitat de Catalunya.
Sin embargo, los responsables autonómicos coinciden en que la transformación no puede limitarse a una cuestión arquitectónica.
Los nuevos modelos residenciales no consisten únicamente en cambiar edificios; implican modificar formas de trabajar, sistemas de organización y maneras de relacionarse con las personas usuarias y sus familias. Y, sobre todo, exigen cambiar la imagen que, durante años, ha acompañado a las residencias.
“La residencia no puede ser un sitio donde la gente va a morir”, afirma Xema Gil. “Tiene que ser un lugar donde pueda desarrollar al máximo sus capacidades”. La frase resume probablemente uno de los mayores cambios culturales que afronta el sector.
Porque la transformación de los cuidados no es únicamente ofrecer más atención, sino también crear entornos donde las personas puedan seguir participando, relacionándose y tomando decisiones sobre su propia vida.
Centros abiertos a la comunidad
La evolución del modelo residencial también está estrechamente vinculada a otro concepto: la apertura a la comunidad. Durante décadas, muchas residencias se diseñaron como espacios relativamente cerrados, centrados exclusivamente en la atención de las personas que vivían en ellas. Hoy, la tendencia apunta en otra dirección.
Los responsables autonómicos coinciden en que los centros deben formar parte activa de la vida de los barrios, los municipios y los entornos donde se ubican. Lide Amilibia defiende la necesidad de superar modelos aislados y avanzar hacia recursos donde las relaciones sociales, culturales e intergeneracionales formen parte de la vida cotidiana.
Numerosos estudios han demostrado que la participación social, el mantenimiento de vínculos significativos y el sentimiento de pertenencia tienen una influencia directa sobre el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas mayores.
Cataluña también sitúa la comunidad como uno de los elementos centrales de su estrategia para una sociedad longeva. Xema Gil comenta que el verdadero reto no consiste únicamente en prestar cuidados, sino en favorecer que las personas continúen participando en la vida colectiva y mantengan un propósito vital durante el mayor tiempo posible.
En la Comunidad de Madrid, esta visión se traduce en una concepción más amplia de los propios centros residenciales y de atención diurna. Óscar Álvarez concreta que estos recursos deben convertirse en espacios capaces de generar servicios para todo su entorno, especialmente en aquellas zonas donde existen menos recursos especializados.
La residencia deja así de entenderse como un lugar al que se accede cuando aparecen necesidades de apoyo y pasa a convertirse en una pieza más de una red comunitaria que acompaña a las personas antes, durante y después de una posible atención residencial.
La calidad ya no se mide solo por ratios
La transformación del modelo también está obligando a revisar la forma en que se evalúan los servicios.
Las ratios profesionales, los requisitos estructurales o las condiciones materiales continúan siendo importantes, pero cada vez son más las administraciones que consideran insuficiente medir la calidad únicamente a través de esos parámetros.
En Euskadi, la reforma del decreto de residencias incorpora nuevas herramientas orientadas a evaluar aspectos como la personalización de la atención, la organización de los equipos, el entorno físico, las relaciones significativas, la inclusión social o la calidad de los cuidados al final de la vida.
La intención es avanzar progresivamente hacia sistemas capaces de valorar el bienestar real de las personas y no únicamente el cumplimiento de determinados requisitos administrativos. “Queremos empezar a girar hacia sistemas evaluables de calidad”, explica Amilibia al presentar algunas de las líneas de trabajo que se están desarrollando en Euskadi.
Cataluña avanza en una dirección similar. La Generalitat está desarrollando un sistema de seguimiento que combina indicadores objetivos, evaluación de la percepción de usuarios y familias, y medición del impacto que tienen los servicios sobre la calidad de vida de las personas.
Surge además una cuestión que refleja bien la evolución del sector: la necesidad de incorporar la voz de las personas atendidas y de sus familias a los sistemas de evaluación. Lejos de considerarse un elemento accesorio, la participación de residentes y familiares comienza a verse como una herramienta imprescindible para conocer si los servicios responden realmente a las necesidades y expectativas de quienes los utilizan.
Cambiar las normas para poder cambiar los cuidados
La transformación del sistema requiere también una actualización de los marcos normativos. Muchas de las reglas que regulan actualmente los servicios sociales fueron diseñadas para responder a una realidad muy distinta a la actual.
Xema Gil es especialmente explícito al abordar esta cuestión. El responsable catalán hace hincapié en la necesidad de eliminar barreras normativas que dificultan el desarrollo de modelos más flexibles y adaptados a las necesidades reales de las personas. Y pone ejemplos muy concretos: desde personas con discapacidad intelectual que deben abandonar recursos donde han vivido durante años al alcanzar determinada edad, hasta familias que no pueden compartir espacios o servicios por limitaciones derivadas de la propia normativa.
La realidad social ha cambiado más rápido que muchas regulaciones. Por eso, tanto Cataluña como Euskadi y Madrid están impulsando procesos de revisión normativa que permitan incorporar nuevas fórmulas de atención y facilitar modelos más personalizados, flexibles y centrados en las personas.
La innovación, insisten estos responsables de la administración pública, no puede depender exclusivamente de proyectos piloto o experiencias aisladas. Para que las buenas prácticas se consoliden, es necesario que la regulación acompañe los cambios que ya se están produciendo en la práctica.
La coordinación sociosanitaria deja de ser una aspiración
Durante años se ha hablado de la necesidad de conectar mejor los ámbitos social y sanitario. Y esa integración empieza a traducirse en medidas concretas.
Javier Pérez, viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, indica que las personas que llegan actualmente a los recursos residenciales presentan perfiles mucho más complejos que hace apenas unas décadas.
El aumento de la esperanza de vida y la cronificación de numerosas enfermedades están modificando profundamente las necesidades de atención. “Probablemente, el sistema sanitario va a ir quedando para los procesos agudos y todo lo que sea cronicidad lo irá gestionando el sistema social”, afirma.
Castilla-La Mancha ha impulsado distintas medidas para favorecer esa integración, entre ellas nuevas estructuras de coordinación sociosanitaria y programas orientados a facilitar la continuidad asistencial.
Galicia ha desarrollado una estrategia similar basada en la creación de unidades específicas de enlace entre hospitales, atención primaria y residencias. Además, trabaja en la implantación de nuevos centros de cuidados intermedios destinados a facilitar la recuperación funcional tras una hospitalización y evitar ingresos innecesarios.
Más allá de los modelos concretos, el mensaje compartido es claro: la atención a las personas mayores ya no puede abordarse desde compartimentos estancos.
La tecnología como aliada de los cuidados
La innovación tecnológica es otro de los asuntos que se debaten. Lejos de plantearse como un sustituto de la atención profesional, las distintas comunidades la conciben como una herramienta para mejorar la calidad de los cuidados y optimizar el trabajo de los equipos.
Castilla-La Mancha trabaja en proyectos relacionados con teleasistencia avanzada, sistemas predictivos, geolocalización e inteligencia artificial aplicada a los cuidados.
Galicia ha convertido una de sus residencias públicas en un entorno de experimentación tecnológica donde se prueban soluciones antes de extenderlas al resto de la red asistencial. Sensores de movimiento, sistemas domóticos, monitorización ambiental o herramientas digitales para reducir tareas administrativas forman parte de algunas de las iniciativas desarrolladas. “La tecnología nos está ayudando mucho a mejorar el desempeño de nuestros trabajadores”, explica Antón Acevedo.
Una visión compartida por Javier Pérez, que insiste en que la innovación será especialmente importante para afrontar uno de los grandes desafíos que se avecinan: la escasez de profesionales. Otro de los temas que se debatió durante todo el congreso.
El reto de hacer sostenible la transformación
La transformación de los cuidados requiere recursos para construir nuevos modelos de atención, incorporar tecnología, modernizar infraestructuras, reforzar la coordinación sociosanitaria y, sobre todo, mejorar las condiciones de quienes trabajan en el sector.
Los nuevos modelos residenciales apuestan por entornos más hogareños, abiertos a la comunidad y conectados con una red más amplia de apoyos y servicios.
Óscar Álvarez apunta que el incremento constante de solicitudes de atención y el crecimiento previsto de la población mayor obligan a pensar en soluciones a largo plazo. La falta de profesionales aparece ya como una de las principales preocupaciones de las administraciones y las entidades gestoras.
Auxiliares, enfermeras, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y otros perfiles especializados son cada vez más difíciles de incorporar y retener en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de cuidados.
La financiación es otro de los asuntos clave. Los responsables autonómicos consideran que la transformación del sistema exigirá inversiones sostenidas y marcos de colaboración estables entre administraciones, entidades sociales y empresas. “La colaboración público-privada para nosotros es fundamental porque sabemos perfectamente que nosotros solos, como administración, no vamos a poder hacer frente a todos los retos”, afirma Antón Acevedo.
Mucho más que un debate sobre residencias
Durante años, buena parte de la conversación estuvo centrada en cuántas plazas hacían falta para responder al envejecimiento de la población. En esta ocasión, el debate se mueve hacia otro terreno.
Los responsables públicos hablan de proyectos de vida, libertad de elección, prevención, comunidad, coordinación sociosanitaria, tecnología, calidad y de apoyos personalizados. También de financiación, profesionales y de la necesidad de construir consensos estables capaces de sostener el sistema en las próximas décadas.
La residencia seguirá siendo una pieza esencial de la atención a las personas mayores; ninguno de los participantes cuestionó esa realidad. Lo que sí parece estar cambiando es el papel que desempeñará dentro del conjunto del sistema.
Las experiencias compartidas por Euskadi, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia muestran que la transformación ya está en marcha, aunque adopte formas diferentes en cada territorio. Detrás de todas ellas aparece la idea de ofrecer respuestas más flexibles, personalizadas y conectadas con las necesidades reales de las personas.
Porque el debate ya no gira únicamente en torno a dónde se cuida, sino a cómo se cuida y cómo se acompaña a las personas a lo largo de todo su proceso de envejecimiento.
Y esa es, probablemente, la principal transformación que está empezando a tomar forma en el sistema de cuidados de larga duración y que marcará la evolución del modelo residencial durante los próximos años.
El Consejo Riojano de Servicios Sociales analiza las mejoras para personas con ELA y la ampliación de los centros de día
El Consejo Riojano de Servicios Sociales, presidido por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha celebrado una nueva sesión ordinaria en la que se han presentado algunas de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno de La Rioja para reforzar la protección social, mejorar la atención a las personas más vulnerables y adaptar los recursos públicos a las nuevas necesidades de la sociedad riojana.
Durante la reunión se ha informado sobre la situación de las personas con reconocimiento de Grado III de dependencia extrema y de las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en La Rioja.
La comunidad autónoma cuenta actualmente con 22 personas diagnosticadas de ELA y una más incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 969/2020, que regula el reconocimiento del Grado III+ para personas con enfermedades o procesos de rápida evolución y alta complejidad. Desde la implantación de esta medida, 13 personas han obtenido este reconocimiento específico, que permite agilizar el acceso a prestaciones y recursos adaptados a sus necesidades.
Además, el Gobierno de La Rioja ha reforzado las ayudas vinculadas al servicio de ayuda a domicilio para estos pacientes, con cuantías que pueden superar los 7.300 euros mensuales, así como los mecanismos de coordinación entre los ámbitos sanitario y social para agilizar la tramitación de los expedientes.
Refuerzo de la red pública de atención a mayores
Otro de los puntos abordados ha sido la ampliación de los recursos dirigidos a las personas mayores mediante la puesta en marcha de nuevos centros de día. En los últimos meses, el Gobierno de La Rioja ha abierto el nuevo Centro de Día de Calahorra, que duplica su capacidad hasta alcanzar las 60 plazas públicas, y el nuevo Centro de Día de Arnedo, que incrementa su capacidad hasta las 40 plazas públicas.
Estas actuaciones forman parte de la estrategia autonómica para favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual, promover su autonomía personal y ofrecer apoyos especializados que permitan retrasar situaciones de dependencia más severa.
