La dependencia, una asignatura pendiente 17 años después

La atención a las personas en situación de dependencia continúa siendo, a pesar de los avances, un asunto pendiente cuando se cumplen ahora 17 años de la aprobación de la Ley de Atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal, concretamente el 14 de diciembre de 2006.

Tras estos 17 años y, pese a los beneficios de la norma, una de las políticas de Estado de mayor consenso, sus limitaciones de financiación y la complejidad de los procedimientos en algunas Comunidades hacen que su potencial no termine de desarrollarse. Así lo revela el nuevo informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

Como asegura José Manuel Ramírez Navarro, presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia, “pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Y, sin embargo, en el sistema de atención a la dependencia, a pesar de los incrementos presupuestarios, sigue existiendo maltrato institucional debido a la burocracia y a la desidia e impericia de algunos gobiernos de Comunidades Autónomas”.

Y es que como recuerda Ramírez Navarro, “a fecha de hoy, 310.429 personas siguen abandonadas  sin ser atendidas en las listas de espera de la dependencia, y cada 12 minutos una de ellas fallece sin  recibir las prestaciones o servicios a los que tendría derecho”. Esta situación exige, en palabras del presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia “que se preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley. Cumplir la Ley e impulsar la protección social en esta materia debe ser objeto de un gran pacto. Pero ocurre que el incumplimiento de las Administraciones Públicas ha convertido sólidos derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel”.

Y es que las cifras hablan por sí solas. Repasamos estos 17 años después de su aplicación en 17 datos:

1. 563.108 personas tienen reconocida actualmente en España su situación de dependencia y otras 124.326 están pendientes de valoración. Esto supone que el 3,3% de la población española necesita apoyos para las actividades básicas de la vida diaria.
2. 411 personas se encuentran en el Limbo de la Dependencia en diciembre de 2023, habiendo descendido en 15.019 las personas con derecho reconocido en espera de atención durante 2023.
3. 429 personas son el total de desatendidas.
4. 360 personas fallecen cada año en las listas de espera de la dependencia: 19.661 pendientes de resolución de grado y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos.
5. 323 días es el tiempo medio de tramitación de un expediente de la dependencia, aunque en cuatro comunidades se superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia).
6. 13,8% es el porcentaje de cuidadoras que están de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, cuatro años después de que se recuperase este derecho (76.606 personas).
7. 316.215 empleos directos hay en España asociados a las atenciones de la Ley de la Dependencia, a los que se añaden los empleos en las administraciones públicas en la gestión administrativa de esta Ley.
8. 41 empleos directos se generan por cada millón de euros de gasto público en atención a la dependencia, lo que evidencia la elevada capacidad para generación de empleo.
9. 321 millones de euros es el recorte acumulado tras el RD-Ley 20/2012 por parte de la Administración General del Estado, considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares. En 2021 finalizaron estos recortes.
10. 98 millones de euros se redujo el pasado año la financiación a la dependencia en diez Comunidades.
11. 234 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2022. Sigue existiendo una acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación.
12. 26% es lo que supone la aportación estatal en la financiación pública de la atención a la dependencia, habiendo incrementado esta financiación un 33% respecto al año anterior, aunque aún está lejos del pretendido 50%.
13. 644 millones de euros es el incremento acumulado en los tres últimos años en la aportación estatal a la financiación de la atención a la dependencia, en el llamado Plan de Choque.
14. 10,4% es lo que suponen las personas que se encuentran en el Limbo de la Dependencia. La lista de espera que sigue por encima del 10%.
15. 60% es el porcentaje de personas atendidas en sus domicilios que NO cuentan con Teleasistencia.
16. El Gobierno sigue incumpliendo la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Las personas dependientes y sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso administrativa.
17. 13 son los ministros o ministras que han pasado en los 17 años en los que lleva en vigor la Ley de la Dependencia, evidenciando la inestabilidad en los órganos de gestión del Sistema.

En definitiva, estos datos suponen para el presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia “un desafío de primer orden jurídico, político, organizativo, financiero, cultural… Un nuevo contrato social sobre los apoyos que todos necesitamos o necesitaremos para tener vidas autónomas y dignas desde el inicio hasta el final de nuestra vida”.

Como concluye Ramírez Navarro, “sería imperdonable que, dado lo dramático de las cifras, una gestión errática o intereses cortoplacistas y tacticismos se antepusieran a la solución de la auténtica emergencia humanitaria que están viviendo, en muchos casos, las personas en situación de dependencia y sus familiares”.