Un grupo diverso de personas con discapacidad celebra la reforma de la Ley de Discapacidad en un evento inclusivo.
0El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. Respecto a la Ley de Discapacidad (Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social), la reforma no solo constituye un paso decisivo para desplegar el mandato del renovado artículo 49 de la Constitución Española, sino que, además, consolida los derechos para las personas con discapacidad, situando como pilares la inclusión, la accesibilidad universal, la vida independiente y la autonomía personal.
Estas son algunas de las principales medidas que incorpora esta reforma a la Ley de Discapacidad:
Se reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad. De esta manera se desburocratiza el reconocimiento de la discapacidad, agilizando los procesos administrativos y reduciendo las listas de espera.
Esta reforma reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos. Para ello, se creará, además, un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear audiodescripciones, etc.
Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de propietarios tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Además, se facilitan los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de propietarios. Actualmente, se estima que en España hay 100.000 personas que no pueden salir de sus casas porque sus viviendas no son accesibles.
La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo para garantizar que los gobiernos autonómicos atiendan a todos aquellos niños y niñas (de 0 a 6 años) que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo. Es decir, cada familia con un niño o niña en esta situación podrá exigir ante su administración autonómica que se le proporcione el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas.
La ley prohíbe alguna una práctica que llevan a cabo algunos seguros de hogar o de salud de subir el precio cuando la persona que quiere contratarlos tiene una discapacidad. Se considera una práctica discriminatoria que será ilegal.
Se regula la figura de un facilitador procesal que evitará situaciones de indefensión en los procesos judiciales de personas con dificultades. Esta figura será un puente entre los operadores jurídicos y esas personas.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) celebra la aprobación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, una norma que actualiza el sistema de apoyos a las personas con discapacidad y en situación de dependencia e incorpora avances dirigidos a favorecer la autonomía personal, la vida independiente y la igualdad de oportunidades.
Para COCEMFE, la reforma, que ahora pasará a tramitarse en el Senado, supone un avance porque incorpora medidas que el movimiento asociativo de la discapacidad lleva años reclamando y adapta la legislación al nuevo artículo 49 de la Constitución Española y a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. «Valoramos positivamente que esta reforma avance hacia un modelo que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a decidir cómo quieren vivir y qué apoyos necesitan para desarrollar su proyecto de vida. Ahora es necesario que todos estos avances lleguen realmente a las personas», señala el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), en línea con la práctica totalidad de entidades del sector social, valora positivamente la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia. “Sobre el papel, la nueva norma supone un cambio significativo en la concepción de los cuidados, al reforzar la autonomía personal, la vida independiente, la accesibilidad y la atención basada en los derechos de las personas”.
Entre las medidas aprobadas, estas entidades destacan la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia, lo que permitirá que las personas puedan acceder a apoyos que hasta ahora no podían compatibilizar; la ampliación del catálogo de servicios, incorporando nuevos modelos de apoyo para la vida independiente; el impulso de la asistencia personal como prestación para favorecer la autonomía; el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho; la incorporación de productos de apoyo mediante préstamo o cesión temporal y la simplificación de numerosos procedimientos administrativos para reducir la burocracia que dificultaba el acceso al sistema.
La reforma también incluye medidas dirigidas a reforzar los derechos de las personas con discapacidad, como el reconocimiento de la accesibilidad universal como un derecho exigible, una mayor protección frente a la discriminación y el desarrollo normativo del artículo 49 de la Constitución.
Uno de los aspectos que COCEMFE considera especialmente relevantes es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que facilitará la ejecución de obras de accesibilidad en edificios de viviendas y reforzará el derecho de las personas con discapacidad a permanecer en su hogar.
La Confederación recuerda que la falta de accesibilidad continúa siendo una de las principales barreras para la vida independiente. Una de cada cuatro personas con discapacidad ha tenido que cambiar de vivienda por problemas de accesibilidad; alrededor de 100.000 personas no pueden salir nunca de casa y 1,8 millones solo pueden hacerlo con ayuda de otra persona. Esta situación limita el acceso al empleo, la educación, la atención sanitaria o la participación social.
COCEMFE recuerda que la aprobación parlamentaria de la reforma de la Ley de Discapacidad constituye el inicio de una nueva etapa y que el éxito de la reforma dependerá de su aplicación efectiva por parte de todas las administraciones públicas. «Ahora el reto es convertir estos avances legislativos en mejoras reales para las personas. Será imprescindible desarrollar la ley con recursos suficientes, garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio y seguir fortaleciendo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para que ninguna persona vea limitado su proyecto de vida por falta de apoyos», concluye Queiruga.
En la misma línea, la presidenta de CEDDD Mar Ugarte sostiene: “Ahora comienza la parte más importante: convertir los derechos reconocidos en derechos efectivos y medibles para las personas”. Además, recuerda que la aprobación de una ley y el incremento de recursos no garantizan por sí solos la transformación efectiva del sistema ni es suficiente.
El Consejo advierte de que el sistema sigue arrastrando importantes desafíos estructurales, entre ellos las listas de espera, las desigualdades territoriales en el acceso a prestaciones y servicios, la necesidad de desarrollar nuevos recursos de apoyo, la falta de profesionales y la mejora de las condiciones laborales en el ámbito de los cuidados.
“El papel lo aguanta todo”, sostiene la vicepresidenta de CEDDD. Asimismo, añade: “lo imprescindible ahora es que el despliegue de la reforma vaya acompañado de mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación que permitan comprobar el impacto real de las medidas aprobadas sobre la reducción de los tiempos de espera, la calidad de la atención, la implantación de los nuevos servicios y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos por la ley”.
Pese al reconocimiento a la reforma de ambas leyes, CEDDD reitera la necesidad de avanzar hacia un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad que garantice estabilidad, equidad territorial y sostenibilidad a largo plazo, evitando que la atención a las personas dependa de los cambios de ciclo político o de las diferencias entre comunidades autónomas.
La organización mantiene igualmente que España debe seguir avanzando progresivamente hacia una inversión en dependencia cercana al 2% del PIB, con el fin de responder adecuadamente al envejecimiento de la población, al aumento de las necesidades de apoyo y a los nuevos derechos que incorpora la reforma.
Por ello, CEDDD seguirá defendiendo que el desarrollo normativo preserve la libertad de elección de las personas y la pluralidad de recursos y modelos de atención, así como la seguridad jurídica de todos los agentes que forman parte del sistema, incluidos los Centros Especiales de Empleo. “La reforma abre una oportunidad relevante para modernizar el sistema; ahora debemos garantizar que las expectativas generadas se traduzcan en mejoras tangibles para las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y sus familias”, concluye Mar Ugarte.
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