El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. Con esta reforma se blinda también la financiación del sistema de la dependencia, incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado (AGE) asuma el 50% de la inversión. Asimismo, se ha convalidado el real decreto-ley para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone que las comunidades autónomas reciban 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.
Claves de la noticia
Aprobación de reformas sociales
Financiación garantizada al 50%
Nuevos derechos y servicios
El texto ha salido adelante con 179 votos a favor, 33 en contra (Vox) y 137 abstenciones (PP). Tras su aprobación, el proyecto de ley continuará su tramitación en el Senado.
El objetivo del Gobierno con esta reforma integral es refundar el modelo de cuidados en España, ofreciendo más derechos, servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad, así como menos burocracia.
“Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, ha asegurado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en una de las intervenciones que ha hecho desde la tribuna del Congreso. Bustinduy ha insistido en que lo aprobado este martes en la Cámara Baja supone “una revolución y una transformación profunda” del sistema público de cuidados, y que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”.
¿Blindaje de la financiación de la dependencia?
Esta reforma de la Ley de Dependencia se aprueba al mismo tiempo que se amplía la financiación del sistema de la dependencia, gracias al real decreto-ley convalidado este martes.
Bustinduy sostiene que esta nueva financiación es estructural, porque modifica por ley las cuantías del nivel mínimo que la AGE abona a las comunidades autónomas cada mes, duplicándolas. Además, permite culminar el compromiso político de que la inversión estatal en dependencia alcance el 50% del total.
Sumando esta ampliación en el nivel mínimo junto al reparto del nivel acordado, que también se ha incrementado, se alcanzará una meta entre 2026 y 2027 de 6.200 millones de euros adicionales que recibirán las comunidades autónomas.
Según el Gobierno, se hará una aportación récord de 7.239,4 millones de euros a las comunidades autónomas en 2027, el doble que la que hubo en 2025, lo que permitirá a los gobiernos autonómicos contar con más recursos para continuar reduciendo listas de espera, contratar más profesionales y ofrecer más y mejores servicios.
Este objetivo político del 50%, además, se convierte ahora en norma, ha subrayado el ministro, gracias a que la reforma introduce en la ley que la AGE debe asumir la mitad de la financiación, para así evitar posibles recortes en el futuro.
Falta de una memoria económica en la reforma de la Ley de Dependencia
La votación en la Cámara Baja del Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha resultado con 317 votos favorables, en contra los 33 diputados de Vox y ninguna abstención. Además, se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El PP ha votado a favor, pero, al igual que Vox, consideran que es necesaria una memoria económica.
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha anunciado su apoyo al Real Decreto sobre financiación del sistema de Dependencia, pero también ha denunciado que el Gobierno, habla de 6.200 millones de euros que no aparecen en el decreto, donde solo se contempla la financiación de 2.218 que sirven para el año en curso. “La financiación estructural de la Dependencia seguirá dependiendo de la aprobación, año a año, de los Presupuestos Generales del Estado, donde ustedes tienen poca credibilidad”, ha criticado.
Además, ha advertido al Gobierno de que el Real Decreto-ley que hoy se debate en el Congreso “no viene a sustituir la memoria económica que le hemos venido pidiendo” para el proyecto de ley de Dependencia, puesto que solo supone “un suplemento de crédito” y un incremento “de las cuantías del nivel mínimo”, pero en ningún caso cambia el sistema de financiación de la Dependencia: “No puede hacer algo que jurídicamente es imposible”
Novedades de la reforma de la Ley de Dependencia
El enfoque de la reforma se basa en nuevos derechos, más servicios y mejores prestaciones, menos burocracia y más tecnología. Entre las principales novedades que incluye:
Eliminación del régimen de incompatibilidades
La reforma garantiza que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones sin que haya una incompatibilidad entre ellas. Además, la norma reforzará el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea de manera que el sistema podrá ajustarse a las prestaciones que cada persona usuaria necesite. El PIA (Programa Individual de Atención) que elaboran los servicios sociales de las CCAA se flexibiliza para que el usuario pueda acceder a más servicios del catálogo. Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa, podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día, y a la vez tener otras prestaciones como cuidados en el entorno familiar o teleasistencia.
La asistencia personal se amplía y regula como servicio del catálogo
La asistencia personal queda blindada como servicio y podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, que es el espacio al que estaba restringida esta ayuda hasta ahora. De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en el domicilio, sino que también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra o ir al médico.
Ampliación del concepto de cuidadores/as
El texto reconoce a nivel normativo la figura del cuidador o cuidadora principal, y lo complementa con la figura de cuidador/a no profesional. Al mismo tiempo, reconoce que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados, asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay. Esto garantiza que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda ocuparse del cuidado de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí.
Teleasistencia como derecho subjetivo
La teleasistencia será reconocida de facto a toda persona que tenga reconocida una dependencia, garantizando así que este servicio sea un derecho subjetivo y que llegue a muchas más personas, también a otras que antes no podían acceder a él, como las personas con demencia. Además, se refuerza la teleasistencia como herramienta preventiva para evitar o retrasar la institucionalización, y permitirá hacer un seguimiento de cómo está el usuario a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables.
Cotizaciones y sustituciones de las cuidadoras
La reforma garantiza por ley que la AGE abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras.
Reducción de plazos para reconocer prestaciones
El plazo habilitado al gobierno de cada comunidad autónoma para resolver una prestación por dependencia se reduce a la mitad, pasa de 6 meses a 3 meses.
Reacciones del sector: entre el aplauso al avance y la exigencia de control
La aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia y el incremento de su dotación económica han generado un posicionamiento unánime en el sector sociosanitario. Tanto las patronales de la dependencia como los principales sindicatos coinciden en calificar la medida como un paso histórico y sumamente necesario. Sin embargo, la acogida viene acompañada de una advertencia: la financiación estatal no debe servir para que las comunidades autónomas reduzcan sus propios presupuestos, sino que debe blindarse para asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Ambas partes sociales coinciden en que el éxito real de esta reforma dependerá de cómo se canalicen los nuevos recursos. Exigen que se traduzcan de inmediato en mejoras reales en las condiciones laborales de las plantillas (altamente feminizadas y con altos índices de parcialidad), en la revisión de los precios de concertación y en un incremento de la calidad asistencial, reclamando además la apertura de mesas de diálogo y mecanismos de fiscalización para vigilar el uso que los gobiernos autonómicos hagan de estas partidas.
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales: «Una extraordinaria noticia que beneficia a dos millones de personas»
Por su parte, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha mostrado su satisfacción ante lo que consideran una prioridad institucional largamente esperada. Además, han hecho un Análisis comparativo del texto de la reforma de la Ley de Dependencia . Destacan los siguientes puntos clave de la reforma:
- Cumplimiento de demandas históricas: Valoran muy positivamente el blindaje del 50% de la financiación por parte del Estado, la flexibilización para hacer compatibles los servicios, la simplificación burocrática mediante la «pasarela» de discapacidad a dependencia y la universalización de la teleasistencia para quienes vivan en sus hogares.
- Prioridad inmediata: La asociación insiste en dar respuesta a las 255.450 personas que están en listas de espera, así como en mejorar las cuantías de las prestaciones e incrementar la intensidad de los servicios.
- Un logro histórico contra la burocracia: Celebra especialmente una de sus reivindicaciones más persistentes de la última década: la exclusión de las ayudas de emergencia social de la Ley General de Subvenciones. Al modificarse esta norma, se elimina un «laberinto burocrático, estigmatizante y excluyente» que afectaba a más de un millón de usuarios por ayudas que apenas promedian los 272 euros anuales.
- El reto de la gestión autonómica: Advierte que el verdadero desafío está ahora en manos de las comunidades autónomas. Exigen agilidad en los procedimientos y recuerdan con preocupación que, tras la inyección del plan de choque, hasta nueve comunidades redujeron su propio presupuesto destinado a la dependencia, algo que no puede volver a repetirse.
«Está en juego la dignidad y la calidad de vida de 2 millones de personas y de sus familiares, 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación», concluyen desde la Asociación, apelando a la lealtad institucional para que la ley cuente con una gestión ágil y una dotación presupuestaria plenamente efectiva.
