María José García-Pelayo: «La transformación del modelo de cuidados no será completa si no incorpora la mirada municipal y la realidad de los territorios rurales»

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) considera el reto demográfico una oportunidad para el medio rural, pero reconoce que, para que exista igualdad real, es fundamental adaptar las políticas al territorio. Así lo comenta en esta entrevista en BALANCE Sociosanitario su presidenta, María José García-Pelayo, que subraya el papel estratégico que tiene el medio rural para el equilibrio del país. De ahí la importancia de abordar las necesidades de estas zonas, entre ellas, el envejecimiento de la población y el modelo de cuidados de las personas mayores. Con tal objetivo, la FEMP cuenta con un área específica de Derechos de los Mayores, Soledad y Atención a la Dependencia, Familia y Reto Demográfico. Y hemos querido conocer a fondo en qué y cómo están trabajando.

García-Pelayo asegura que “muchas personas mayores no quieren abandonar su pueblo; lo que necesitan es que permanecer en él sea viable”, y sostiene que “la permanencia en el hogar en el medio rural solo será viable si se construye un verdadero ecosistema de cuidados de proximidad. Y no solo para los mayores, sino también para los jóvenes”, lo que exige que las políticas de cuidados se conecten con vivienda, empleo, conectividad, movilidad, servicios públicos, cultura, educación, formación y emprendimiento.

Una igualdad universal

España afronta un importante reto demográfico, especialmente en el medio rural. ¿Cómo valora la situación actual desde la FEMP?

Desde la FEMP valoramos la situación con una doble mirada: realista respecto a las dificultades, pero también claramente comprometida con una visión de oportunidad para el medio rural. España afronta un reto demográfico de enorme profundidad, especialmente visible en muchos municipios rurales y de menor población. Hablamos de envejecimiento, pérdida de población, baja natalidad, dispersión territorial, dificultades de acceso a vivienda, movilidad, conectividad, servicios públicos y actividad económica. Pero hablamos, sobre todo, de igualdad. Porque el lugar en el que una persona vive no puede determinar la calidad de sus derechos, el acceso a cuidados o la posibilidad de desarrollar un proyecto vital digno.

En Boltaña, durante el V Congreso Nacional sobre Desarrollo Rural y Despoblación, quisimos precisamente cambiar el enfoque. El medio rural no es una España vacía y sin futuro. Es una España rural viva, con identidad, capacidad de innovación, comunidad, recursos naturales, talento joven y un papel estratégico para el equilibrio del país.

Uno de los aprendizajes más importantes de Boltaña fue que el derecho a permanecer no es únicamente una cuestión vinculada a las personas mayores. Es también el derecho de los jóvenes a quedarse, volver o llegar al medio rural con un proyecto de vida viable y la posibilidad de desarrollar iniciativas para transformar sus territorios desde la innovación, el emprendimiento, la cultura, la economía social, la digitalización y la sostenibilidad.

Ahora bien, esa visión positiva exige dotar al territorio de instrumentos, financiación y capacidad de decisión; el reto demográfico no es solo demográfico; es también económico, social, ambiental, institucional, generacional y territorial, y requiere respuestas integrales.

Desde la FEMP defendemos que el reto demográfico debe abordarse como una política de Estado, pero también como una política europea de cohesión territorial. La respuesta local al envejecimiento, la despoblación y los cuidados debe conectarse con el debate europeo sobre la política de cohesión, la gobernanza multinivel, el futuro del desarrollo rural, los servicios de interés general y el papel de los entes locales en la transición demográfica.

Por eso la FEMP, a través de la representación local española en el Comité Europeo de las Regiones, promueve una visión en la que los municipios no sean meros receptores de políticas, sino protagonistas de su diseño y aplicación.

¿Qué papel deben jugar los municipios en la respuesta al envejecimiento poblacional y la despoblación?

Los municipios deben jugar un papel central. Los gobiernos locales son la administración más cercana a la ciudadanía y, en el medio rural, muchas veces son la institución que sostiene la vida cotidiana. El ayuntamiento conoce quién vive solo, qué familia necesita apoyo, qué persona mayor tiene dificultades, qué joven quiere emprender, qué vivienda está vacía, qué servicio se está perdiendo o qué oportunidad puede activar el territorio.

Ante el envejecimiento y la despoblación, los municipios cumplen tres funciones esenciales. En primer lugar, la detección temprana de necesidades. En segundo, la prestación, coordinación o impulso de servicios de proximidad. Y, en tercero, la cohesión comunitaria, porque el reto demográfico se afronta también con vínculos, participación, redes sociales y sentimiento de pertenencia.

Boltaña mostró de forma muy clara que la juventud rural debe ser reconocida como sujeto político, social y económico del territorio. Los jóvenes que viven, vuelven o emprenden en el medio rural están formulando respuestas muy concretas.

Además, no todos los municipios rurales están en la misma situación. Hay municipios pequeños con escasa capacidad administrativa, otros de montaña, los hay dispersos, con población muy envejecida, con potencial de atracción de nuevos residentes, turísticos con estacionalidad, agrarios y ganaderos, fronterizos, insulares… Por eso necesitamos políticas adaptadas, no respuestas uniformes.

El reto demográfico es también económico, social, ambiental, institucional, generacional y territorial, y requiere respuestas integrales.

La FEMP viene defendiendo que los municipios rurales necesitan un marco normativo específico y estable, y en Boltaña planteamos de manera expresa la conveniencia de avanzar hacia un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población.

En el plano europeo, esta posición encaja plenamente con la defensa de una política de cohesión basada en el lugar, en la participación de los entes locales y en la gobernanza multinivel.

¿Hasta qué punto cree que las políticas actuales están siendo eficaces para garantizar calidad de vida y los cuidados en entornos rurales?

Hay que reconocer avances, porque en los últimos años el reto demográfico ha entrado con más fuerza en la agenda pública. Se han impulsado estrategias, programas de inversión, medidas de conectividad, iniciativas de innovación territorial y proyectos dirigidos a pequeños municipios. También es positivo que la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030 sitúe la igualdad de oportunidades y la coordinación entre administraciones como ejes de acción. Pero, desde la perspectiva local, todavía existe una distancia importante entre la formulación de las políticas y su impacto efectivo en el territorio. De hecho, muchos ayuntamientos rurales tienen enormes dificultades para acceder a programas públicos por exceso de burocracia, falta de personal técnico o la complejidad en las convocatorias.

Además, las políticas de cuidados siguen demasiado fragmentadas. Servicios sociales, sanidad, vivienda, movilidad, digitalización, empleo, juventud, dependencia y participación comunitaria se gestionan a menudo de forma separada, cuando la vida de una persona mayor, de una familia joven o de un emprendedor rural depende precisamente de que todos esos elementos funcionen conjuntamente.

Por eso la FEMP considera que la eficacia de las políticas depende de su capacidad de garantizar derechos concretos: que una persona mayor pueda seguir viviendo en su casa; que un joven pueda emanciparse en su municipio; que una familia pueda acceder a vivienda; que exista ayuda a domicilio suficiente; o que nadie quede aislado por la brecha digital, por falta de transporte o por servicios públicos no accesibles. En este sentido, en Boltaña defendimos cuestiones como la financiación estable, simplificación administrativa, participación local real y evaluación territorial del impacto de cada medida. Y consideramos que esta misma lógica debe trasladarse al ámbito europeo. La política de cohesión y los fondos europeos deben seguir siendo instrumentos territoriales y también mantener un enfoque de proximidad, gestión compartida, cooperación multinivel y capacidad de respuesta a los municipios rurales.

¿Cuáles son hoy las principales necesidades de las personas mayores que viven en municipios rurales?

Permanecer en su entorno con dignidad, autonomía y seguridad. Muchas personas mayores no quieren abandonar su pueblo; lo que necesitan es que permanecer en él sea viable. Y esto exige cuidados de proximidad, desde ayuda a domicilio, teleasistencia avanzada y centros de día o recursos equivalentes hasta acompañamiento personal, atención sanitaria, farmacia, transporte adaptado y vivienda adecuada.

También necesitan seguridad y confianza, saber que, si ocurre algo, habrá una respuesta; que la administración local conoce su situación; que la comunidad no las ha olvidado. Y precisan, además, relación social. La soledad no deseada no se resuelve únicamente con prestaciones; requiere comunidad, espacios de encuentro, participación, voluntariado, programas intergeneracionales o redes de apoyo. Los mayores precisan accesibilidad administrativa y digital. En el medio rural, la brecha digital tiene una doble dimensión: conectividad insuficiente en algunos territorios y dificultad de muchas personas mayores para manejar herramientas digitales.

Y, finalmente, necesitan políticas públicas que no les traten como un colectivo pasivo. Las personas mayores sostienen en muchos pueblos buena parte de la vida social. Los cuidados deben reconocer su autonomía, no solo su vulnerabilidad.

¿Qué desigualdades territoriales detectan en materia de cuidados?

La primera es la desigualdad en el acceso. En muchos territorios, acceder a un centro de día, a una consulta especializada o a una plaza residencial implica desplazamientos largos y complejos. También se producen desigualdades en los tiempos de respuesta.

Los servicios en el medio rural son más limitados, infrecuentes y más costosos.

Existe una desigualdad financiera, ya que los municipios pequeños suelen tener menos recursos, menor capacidad de gestión y más dificultades para acceder a financiación competitiva. Y desigualdad generacional: si los jóvenes no pueden permanecer ni regresar, el sistema comunitario de cuidados se debilita, porque se rompe la continuidad social del territorio.

Y hay otras desigualdades, como la administrativa: los municipios pequeños tienen con frecuencia la misma carga burocrática que las administraciones grandes, pero sin sus mismos recursos humanos ni técnicos; la digital y la de movilidad.

Por eso defendemos que la financiación y la normativa incorporen variables territoriales: envejecimiento, juventud, dispersión, baja densidad, insularidad, montaña, distancia a servicios básicos y capacidad administrativa. La igualdad real exige adaptar las políticas al territorio.

Cada vez se apuesta más por modelos que permiten a las personas permanecer en su hogar. ¿Qué estrategias considera prioritarias para hacerlo viable en el medio rural?

La permanencia en el hogar en el medio rural solo será viable si se construye un verdadero ecosistema de cuidados de proximidad.

Y no solo para los mayores, sino también para los jóvenes, y eso exige que las políticas de cuidados se conecten con vivienda, empleo, conectividad, movilidad, servicios públicos, cultura, educación, formación y emprendimiento.

Reforzar la ayuda a domicilio es prioritario, y no solo en número de horas, sino en calidad, continuidad, profesionalización y adaptación a la realidad territorial. También son fundamentales la teleasistencia avanzada y tecnologías de apoyo, siempre como complemento de la atención humana.

Adaptar la vivienda a las necesidades de movilidad de las personas y ampliar la oferta residencial asequible en el medio rural invita a impulsar la rehabilitación, la accesibilidad y la vivienda: son políticas de cuidados y también políticas de futuro.

Asimismo, es clave garantizar la movilidad rural, con soluciones de transporte flexibles, adaptadas y sostenibles.

Apoyar a las personas cuidadoras, especialmente mujeres, e impulsar modelos comunitarios e intergeneracionales (redes vecinales, voluntariado joven, programas de acompañamiento, espacios de convivencia o proyectos promovidos por jóvenes) que conecten innovación y arraigo. Permanecer en casa no puede significar quedarse solo en casa. Y permanecer en el territorio no puede significar renunciar a oportunidades. Debe significar vivir en el propio entorno con apoyos suficientes, comunidad, servicios y derechos garantizados.

Los servicios de proximidad juegan un papel clave en este modelo. ¿Cómo se puede garantizar la existencia y calidad de estos servicios en municipios pequeños?

Garantizarlos exige condiciones: financiación estable, cooperación territorial y flexibilidad en el diseño de los servicios.

La financiación es imprescindible y debe ser suficiente, previsible y no depender únicamente de convocatorias puntuales. La cooperación territorial es igualmente decisiva. Diputaciones provinciales, Cabildos y Consells insulares tienen un papel clave para apoyar a los municipios con menor capacidad administrativa, prestar servicios supramunicipales y garantizar economías de escala sin perder proximidad.

Y la flexibilidad es fundamental. En un municipio pequeño puede no ser viable replicar exactamente el modelo de centro de día urbano, pero sí pueden desarrollarse recursos comarcales, o fórmulas compartidas entre municipios.

La calidad también requiere profesionales suficientes y condiciones laborales adecuadas. La FEMP considera que los servicios de proximidad no son un gasto accesorio. Son infraestructura social básica. La ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día conectan a las personas con su comunidad y con sus derechos.

Los municipios rurales necesitan un marco normativo específico y estable, no respuestas uniformes. Además, deben ser protagonistas de su diseño y aplicación.

Desde la dimensión europea, esta idea conecta con la defensa de los servicios de interés general, la cohesión territorial y la necesidad de que los fondos europeos apoyen capacidades locales reales. Los cuidados, la movilidad rural, la vivienda y la conectividad son también inversión territorial estratégica.

Los recursos comunitarios también pueden responder de forma eficaz a las necesidades de las familias y las personas mayores. ¿Qué importancia tiene la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y comunitarios?

Tiene una importancia absoluta. Si algo demuestra el medio rural es que los cuidados no pueden funcionar desde compartimentos estancos. Una persona mayor que vive sola puede necesitar seguimiento sanitario, ayuda social, adaptación de vivienda, transporte, acompañamiento emocional, apoyo digital y participación comunitaria. Una familia joven puede necesitar escuela, conectividad, conciliación, empleo, vivienda y servicios.

Un joven que quiere emprender puede necesitar formación, asesoramiento, financiación, suelo o local, conectividad y acompañamiento institucional. Si cada servicio actúa por separado, la respuesta será incompleta. Si se coordinan, se genera una red de seguridad mucho más eficaz.

Los ayuntamientos pueden desempeñar un papel esencial como articuladores de esa coordinación, porque conocen el territorio y pueden conectar servicios públicos, asociaciones, familias, entidades sociales y redes vecinales. Boltaña mostró además que los recursos comunitarios no son únicamente una respuesta asistencial. Son también una forma de innovación territorial.

La coordinación sociosanitaria es especialmente importante. La separación entre lo social y lo sanitario genera ineficiencias y deja espacios sin cubrir. La FEMP defiende en España y en Europa modelos de atención integrada, comunitaria y territorializada.

¿Considera que los municipios cuentan con suficiente financiación y competencias para ello?

No, y esta es una de las principales cuestiones que debemos abordar con honestidad institucional. Los municipios han ido asumiendo responsabilidades crecientes en bienestar, cuidados, dependencia, soledad, envejecimiento activo, juventud, vivienda, movilidad, digitalización y cohesión social. Pero no siempre cuentan con competencias claras ni con financiación suficiente.

La FEMP reclama desde hace tiempo una financiación local adecuada, estable y justa. En el caso de los municipios rurales, esa financiación debe incorporar criterios específicos (dispersión, envejecimiento, baja densidad o estacionalidad, entre otros).

También es necesario simplificar la gestión para evitar la paradoja injusta de que quienes más necesitan apoyo son, a veces, quienes más obstáculos encuentran para acceder a él.

¿Qué papel quiere jugar la FEMP en la transformación del modelo de cuidados en España?

La FEMP quiere jugar un papel de liderazgo institucional desde la perspectiva local, territorial y europea. La transformación de cualquier modelo de actuación horizontal y sectorial en España no será completa si no incorpora la mirada municipal y la realidad de los territorios rurales.

La FEMP puede aportar cuatro elementos fundamentales: la voz del territorio, la capacidad de articulación institucional, una visión política de cohesión y una proyección europea.

Nuestro objetivo es que vivir en un municipio rural no implique tener menos derechos, menos servicios ni menos oportunidades. Queremos contribuir a un modelo de país en el que ningún pueblo quede fuera del futuro común. Defender los cuidados en el medio rural es defender la dignidad de las personas mayores, las oportunidades de la juventud, la autonomía local, la igualdad territorial y la cohesión de España y de Europa.