Tras estos 17 años y, pese a los beneficios de la norma, una de las políticas de Estado de mayor consenso, sus limitaciones de financiación y la complejidad de los procedimientos en algunas Comunidades hacen que su potencial no termine de desarrollarse. Así lo revela el nuevo informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
Como asegura José Manuel Ramírez Navarro, presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia, “pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Y, sin embargo, en el sistema de atención a la dependencia, a pesar de los incrementos presupuestarios, sigue existiendo maltrato institucional debido a la burocracia y a la desidia e impericia de algunos gobiernos de Comunidades Autónomas”.
Y es que como recuerda Ramírez Navarro, “a fecha de hoy, 310.429 personas siguen abandonadas sin ser atendidas en las listas de espera de la dependencia, y cada 12 minutos una de ellas fallece sin recibir las prestaciones o servicios a los que tendría derecho”. Esta situación exige, en palabras del presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia “que se preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley. Cumplir la Ley e impulsar la protección social en esta materia debe ser objeto de un gran pacto. Pero ocurre que el incumplimiento de las Administraciones Públicas ha convertido sólidos derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel”.
Y es que las cifras hablan por sí solas. Repasamos estos 17 años después de su aplicación en 17 datos:
En definitiva, estos datos suponen para el presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia “un desafío de primer orden jurídico, político, organizativo, financiero, cultural… Un nuevo contrato social sobre los apoyos que todos necesitamos o necesitaremos para tener vidas autónomas y dignas desde el inicio hasta el final de nuestra vida”.
Como concluye Ramírez Navarro, “sería imperdonable que, dado lo dramático de las cifras, una gestión errática o intereses cortoplacistas y tacticismos se antepusieran a la solución de la auténtica emergencia humanitaria que están viviendo, en muchos casos, las personas en situación de dependencia y sus familiares”.
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