El impacto económico de la inversión en cuidados de larga duración ¿Cuánto debemos invertir?

Los cuidados de larga duración requieren de mayor reconocimiento, pero también de una mejor organización y, por supuesto, de una financiación adecuada. ¿Entendemos los cuidados como un derecho? ¿Solo de las personas que los necesitan? El derecho al cuidado implica recibir los apoyos necesarios para vivir con dignidad, pero no se puede dejar de lado el derecho de la persona cuidadora a realizar esta labor en condiciones justas y con los recursos apropiados. Por eso, hablar de cuidados es una cuestión de derechos plurales, pero también económicos.

Los cuidados deben dejar de entenderse como una responsabilidad privada o familiar, porque son un derecho social, un bien público esencial y una cuestión estratégica para la cohesión social y la igualdad, pero también para la economía. Según los expertos, los cuidados deben plantearse como un «proyecto de país», como una «inversión estratégica en el desarrollo de nuestra economía». Conozcamos la situación actual del sistema de atención a la dependencia y su valor económico.

Este reportaje está complementado con el artículo de opinión del director del CENIE, Juan Martín: «Cuando el sistema de cuidados falla, la factura no desaparece, cambia de bolsillo»

Hablar de infrafinanciación de los cuidados no es una novedad para el sector sociosanitario. La reivindicación desde voces expertas es una constante. Entidades académicas y empresariales han puesto muchas veces encima de la mesa datos económicos que demuestran que el sistema de la dependencia requiere una revisión que reconozca su valor social y económico, y de voluntad política que impulse su inversión. El último en realizar este ejercicio ha sido el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), que ha presentado el informe “El derecho al cuidado y la economía de los cuidados en España”.

El estudio analiza si España garantiza de forma efectiva el derecho a recibir cuidados cuando una persona los necesita, especialmente en contextos de dependencia, envejecimiento y pérdida de autonomía. Para ello, examina el funcionamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la suficiencia de los apoyos públicos, el peso de los cuidados informales y el impacto económico de reforzar las políticas de cuidados de larga duración.

El objetivo es aportar conocimiento, pero sobre todo que el documento pueda “impulsar cambios en políticas públicas que conviertan el bienestar en un activo y que refuercen el enfoque de la inversión en los cuidados de larga duración y la estabilidad de la financiación”, reconoció el profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y codirector del estudio, Jorge Uxó.

Estado del sistema de dependencia

La investigación parte de una constatación: España ha construido un Estado del bienestar en los últimos 40 años, que ha avanzado en tres pilares fundamentales: la sanidad, la educación y las pensiones.

Sin embargo, los servicios sociales, en particular la atención a la dependencia, no se han desarrollado al mismo ritmo. Por tanto, “es preciso replantearse la renovación de nuestro Estado del bienestar, su actualización y su modernización, para que este cuarto pilar del Estado del bienestar, que son los cuidados de larga duración, sea un derecho, un derecho subjetivo y, por tanto, un derecho exigible en todas sus dimensiones”, explicó Nacho Álvarez, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y codirector del estudio.

Según este experto, los cuidados de larga duración deben ser tratados en igualdad de condiciones que la educación, la sanidad o las pensiones. Para ello, no partimos de cero. La Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia cumple 20 años, dos décadas de una trayectoria que ha pasado por distintas fases y que aún cuenta con desafíos importantes. Precisamente de estos desafíos y de su impacto social y económico.

El estudio manifiesta que el SAAD ha experimentado avances significativos en los últimos años, pero su consolidación sigue incompleta. A finales de 2025, las administraciones autonómicas habían reconocido a 1.726.288 personas en situación de dependencia. De ellas, 1.610.266 recibían ya 2.274.461 prestaciones de servicio o económicas.

Asimismo, destaca que el denominado “limbo de la dependencia”, personas con derecho reconocido que aún no reciben prestación efectiva, se ha reducido en más de un 70 % desde 2015, pasando de más de 384.000 personas a algo más de 107.000 a finales de 2025.

Retos en el derecho a los cuidados

Pese a estos avances, el estudio advierte que el sistema mantiene limitaciones estructurales. El proceso de acceso al SAAD sigue tardando, de media, cerca de un año, frente al plazo legal de seis meses. Esta demora, unida a la insuficiente intensidad de algunos servicios y a la persistencia de desigualdades territoriales, impide que el derecho reconocido se traduzca siempre en un derecho efectivo.

Por otra parte, Nacho Álvarez llamó la atención sobre las prestaciones de cuidados en el entorno familiar, que acaparan el 31 % de las prestaciones. “Las prestaciones de cuidados en el entorno familiar siguen siendo muy importantes, pero eso supone demasiado peso sobre las espaldas de las familias, y sobre todo sobre las mujeres. Se debe seguir avanzando para conseguir que estos servicios sean prestados por las administraciones”.

También refirió el desarrollo de la asistencia personal y la flexibilidad para compatibilizar prestaciones cuando sea preciso, como vías de mejora. Pero, sobre todo, centró los retos en tres cuestiones: la infrafinanciación, la dificultad en el acceso a los cuidados (brecha de los cuidados) y la calidad de los servicios.

Sobre la infrafinanciación, el codirector del estudio explicó que el sistema de cuidados de larga duración está financiado con menos del 1 % del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone todavía una distancia importante con la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “En el caso español, no podemos tener cuidados de larga duración similares a los de los países más avanzados de nuestro entorno y pretender tenerlos con una financiación que todavía mantiene una brecha y una distancia tan notable con la media de la OCDE, por no compararnos con los países más avanzados, en donde el peso de la financiación sobre el PIB alcanza incluso el 3 o el 4 %”.

El acceso a los cuidados es otro aspecto que se mencionó. En la investigación se concluye que las prestaciones de atención a la dependencia en nuestro sistema se han duplicado en los últimos años, pero siguen siendo muchas las personas que tienen necesidad de acceder y no pueden. El informe estima que el 72,4 % de las personas mayores de 65 años con alguna limitación en su vida diaria no recibe atención efectiva del SAAD.

En concreto, los expertos que han participado en el informe “El derecho al cuidado y la economía de los cuidados en España» han calculado la brecha de cuidados, el llamado gap, y los resultados extraídos son que, en el caso de las personas mayores con limitaciones severas, la brecha absoluta de cuidados (la ausencia completa de apoyos para las personas que tienen una discapacidad o dependencia) se sitúa en el 63,1 %. Es una brecha elevada, pero el dato es similar al de otros países del entorno. Además, se ha reducido en los últimos años (antes estábamos en el 75 %). Esto podría ser una buena noticia, pero lo cierto es que la elevada brecha requiere de una atención crucial.

Asimismo, está la brecha relativa (aquella que se refiere a niveles insuficientes en los apoyos recibidos por las personas que ya están en el sistema). En este caso, el 28 % considera que los apoyos recibidos son insuficientes para responder a sus necesidades.

Por último, Álvarez aludió a la calidad de los servicios como reto. El estudio evidencia un fuerte incremento de las prestaciones vinculadas a la atención del servicio domiciliario y muy especialmente a la teleasistencia, lo que refleja el deseo de las personas mayores de ser cuidadas en su hogar y su entorno comunitario. De ahí, la necesidad de ofrecer apoyos para que se mantengan en su hogar mientras sea posible.

“Es una trayectoria que no se puede detener. Tiene que mantenerse porque garantiza que los servicios y las cuantías que están siendo ofrecidas puedan conciliar las necesidades y las peticiones que le hacen los usuarios”, afirmó el profesor de la UAM. Otro desafío igual de importante es el de la calidad de los centros. “Se ha iniciado un cambio, y es importante reconocerlo. Pero este cambio todavía necesita de un empuje institucional notable”, insistió Álvarez, que argumentó que, para quien ya no puede estar en su hogar y tiene que pasar a vivir a un centro residencial, es fundamental mantener el derecho a la intimidad, a la individualidad y a un proyecto de vida propio.

Actividad económica de los cuidados

Desde la perspectiva de la economía de los cuidados, el estudio se centra en analizar el impacto económico que tiene la inversión en el sistema de atención a la dependencia. Para ello, tiene en cuenta esos cuidados que permanecen invisibles, el mercado laboral y el empleo en el sector de los cuidados.

Jorge Uxó fue el encargado de presentar la parte económica del estudio “El derecho al cuidado y la economía de los cuidados en España», y resaltó la importancia que tiene la inversión en cuidados para el conjunto de la economía. “El impacto de esta inversión no se limita al sector de los cuidados o el sector de la sanidad y servicios sociales, sino que se traslada al conjunto de la economía”, observó. En su opinión, debemos ver los cuidados como un “proyecto de país”, como “una inversión estratégica en el desarrollo de nuestra economía”.

De hecho, el informe estima que, en 2023, hubo un gasto inicial de 10.623 millones de euros en prestaciones de dependencia, es decir, un 0,7 % del PIB de ese año. En cambio, generó un impacto total de 17.260 millones de euros sobre el PIB, lo que implica un multiplicador económico cercano a 1,6. Es decir, “por cada euro que invertimos en cuidados de larga duración, a través del SAAD, se genera 1,6 euros de actividad económica”, explicó Uxó.

Además, una parte sustancial de esa inversión retorna a las administraciones públicas a través de impuestos y cotizaciones sociales, reduciendo de forma significativa el esfuerzo fiscal neto.

Esto supone que por cada euro que invertimos en cuidados de larga duración, recuperamos 49 céntimos. Por tanto, si la inversión inicial es de 10.623 millones de euros, el esfuerzo fiscal es la mitad, unos 5.400 millones aproximadamente”, concretó el profesor de la UCM.

El estudio también sitúa la economía de los cuidados como un sector laboral de gran relevancia, con cerca de 1,3 millones de empleos en España. No obstante, advierte de que sigue siendo un sector fuertemente feminizado y marcado por mayores tasas de temporalidad, parcialidad y salarios inferiores a la media. La calidad de los cuidados, señala el informe, depende directamente de la calidad del empleo de quienes cuidan.

También hace hincapié en que el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4 % del PIB.

¿Cuánto tenemos que invertir en los próximos años?

De cara a 2030, el estudio sostiene que mantener una inversión similar a la actual en dependencia, en términos de PIB, sería insuficiente para responder al cambio demográfico y podría ampliar la brecha de cuidados. Para cubrir el crecimiento previsto de las necesidades y avanzar hacia una cobertura universal, el informe estima necesario incrementar la inversión pública en el SAAD en torno a 0,6 puntos del PIB, y pasar del 0,7 al 1,3 del PIB. Y aún estaría alejado de otros países de la OCDE. Por eso, los directores del estudio advierten que “esta estimación es un suelo que probablemente está infraestimando la importancia del gasto”.

Según las estimaciones del estudio, ese aumento tendría también un efecto económico relevante: podría contribuir a la creación de 430.000 nuevos empleos y generar un incremento de los ingresos públicos equivalente a 0,30 puntos del PIB.

Las recomendaciones del informe se articulan en torno a cinco grandes ejes: reconocer jurídicamente el Derecho al Cuidado, establecer objetivos de reducción de la brecha de cuidados, aumentar de forma sostenida la financiación pública, mejorar la gobernanza y la equidad territorial del SAAD y transformar el modelo hacia una atención más profesionalizada, domiciliaria, comunitaria y centrada en la persona.