El estudio “El derecho al cuidado y la economía de los cuidados en España” es un trabajo que hemos promovido porque responde a una convicción clara: el cuidado no es un asunto privado que se resuelve casi por inercia dentro de los hogares. El sistema de cuidados debe ser una política de país en una sociedad cada vez más longeva.
Este artículo de opinión del director del CENIE, Juan Martín, forma parte del reportaje «El impacto económico de la inversión en cuidados de larga duración ¿Cuánto debemos invertir?», un espacio en el que abordamos la presentación del informe “El derecho al cuidado y la economía de los cuidados en España”.
Los cuidados son una de las grandes pruebas de madurez del Estado del Bienestar. Por eso, hablar de cuidados es hablar también de actualizar el Estado del Bienestar, de consolidar ese cuarto pilar todavía demasiado frágil, pero imprescindible en una sociedad con vidas pasadas.
Desde el CENIE llevamos años trabajando sobre la longevidad, no como una amenaza, sino como una de las mayores conquistas sociales de nuestro tiempo. Vivir más años es una buena noticia.
Lo que no sería una buena noticia es vivir más años en una sociedad que no haya aprendido a organizar mejor los apoyos a la autonomía, la atención a la dependencia, la vida familiar, los tiempos de trabajo y los tiempos de cuidado. La longevidad es un logro; convertirla en bienestar, dignidad y oportunidades compartidas es el verdadero desafío.
Los derechos en el cuidado
No hablamos solo de cuidados como mera prestación. Hablamos de cohesión social, de igualdad de territorio, de derechos y de futuro.
Durante demasiado tiempo los cuidados han sido descritos como algo natural, familiar, femenino y barato. Ninguna de estas cuatro palabras es inocente. Decir que cuidar es natural ha servido para no reconocerlo; decir que es familiar ha servido para hacerlo recaer en los hogares; decir que es femenino ha servido para cargarlo de forma desigual sobre las mujeres; y decir que es barato, es sencillamente falso.
Cuando el cuidado no se financia, no se ordena o no se reconoce, alguien lo paga. Lo paga con tiempo, lo paga con salud, lo paga con salario, con carrera profesional y con soledad. Esa es una de las ideas centrales que debemos asumir sin rodeos.
Cuando el sistema de cuidados falla, la factura no desaparece, cambia de bolsillo: la pagan las familias, especialmente las mujeres. La pagan las personas mayores o en situación de dependencia, cuando no reciben los apoyos que necesitan. La pagan las personas cuidadoras, cuando trabajan en condiciones de precariedad o sin reconocimiento suficiente. La paga el sistema público, cuando interviene demasiado tarde. Lo pagan las empresas, cuando pierden talento. Y la paga el conjunto de la sociedad, cuando la desigualdad se cronifica.
Por eso, hablar de derecho al cuidado es hablar de ciudadanía social; es afirmar que toda persona debe poder recibir los apoyos necesarios para vivir con dignidad. Es afirmar que quien cuida debe poder hacerlo en condiciones justas, reconocidas y compatibles con su vivir de una vida propia. Y es afirmar también que nadie debería verse obligado a cuidar en soledad, sin recursos, a costa de su autonomía personal y económica.
El cuidado es la base de la economía
El cuidado no es solo una cuestión de derechos; es también una cuestión económica de primer orden. Cuidar no está fuera de la economía, está en su base. Los cuidados sostienen la vida cotidiana, hacen posible la participación laboral, condicionan la igualdad de oportunidades y explican una parte fundamental de la prosperidad, que no siempre aparece bien reflejada en las estadísticas. En economía, lo que no se mide acaba pareciendo que no cuenta. Y este estudio ayuda precisamente a corregir esa ceguera. Lo hace, además, con evidencia suficiente para no mirar hacia otro lado.
El estudio muestra que una parte muy significativa de las necesidades de cuidado sigue sin recibir una respuesta pública adecuada y que el trabajo invisible de los cuidados tiene una magnitud económica y social que el país no puede seguir ignorando. El valor de este trabajo está en esa doble mirada jurídica y económica. No se limita a decir que los cuidados importan; aporta marco, evidencia, diagnóstico y propuestas.
Nos ayuda a entender qué derechos deben protegerse, qué responsabilidades deben distribuirse, qué desigualdades deben corregirse. Y qué inversión social resulta necesaria para que el cuidado deje de ser una carga silenciosa y pase a ser una infraestructura básica de bienestar. Porque esa es la palabra adecuada: infraestructura. Igual que una sociedad necesita carreteras, energía, vivienda, educación o tecnología, necesita una red sólida de cuidados.
No podemos aspirar a una economía avanzada mientras dejemos que una parte esencial de la vida se sostenga con soluciones improvisadas, con heroicidades familiares o con empleos mal reconocidos.
Un país moderno no puede funcionar como un sistema de cuidados del pasado, y una sociedad del futuro tampoco.
Este estudio no debería quedarse en una publicación, por necesaria que sea. Un buen informe puede ocupar un lugar digno en una mesa de trabajo, pero solo cumple su verdadera función cuando sus ideas entran en las normas, en los presupuestos, en los servicios, en las condiciones laborales y en la vida cotidiana de las personas. Ese debe ser el horizonte de este trabajo, contribuir a una conversación pública más exigente y a políticas más justas, más inteligentes y humanas.
