El Gobierno quiere regular la comida que se sirven en hospitales y en residencias de mayores «para garantizar una alimentación saludable y nutritiva en estos centros». Y lo hará a través de un Real Decreto que pondrán en marcha los Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Sanidad.
Esta nueva normativa seguirá el ejemplo del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles aprobado hace un mes en el Consejo de Ministros y que entrará en vigor durante el próximo curso escolar. La normativa de centros escolares pretende asegurar un mayor consumo de verduras, frutas y pescados frescos. También limitar las frituras, precocinados, alimentos procesados y productos azucarados.
Un objetivo similar tiene el nuevo Real Decreto para hospitales y las residencias de mayores, que desarrollará las previsiones contenidas en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, y establecerá criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que orienten la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas en servicios de alimentación en estos centros.
Comida en residencias de mayores
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, asegura que los hospitales y las residencias de mayores son centros de especial relevancia por la atención que ofrecen a personas dependientes o con necesidades especiales. Además, afirma que es importante esta normativa por la necesidad de que la alimentación de estas personas se asiente en las recomendaciones dietéticas sobre alimentación saludable y sostenible, para todos los grupos de edad y ajustándose a diferentes contextos.
El ministro Bustinduy considera que esta medida responde a un “clamor social” y a las numerosas denuncias recibidas tanto por parte de la ciudadanía como de entidades sociales y de colectivos profesionales, sobre la necesidad de mejorar la alimentación en hospitales y residencias.
Opinión del sector sociosanitario
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) expresa su oposición al anuncio realizado por el ministro Bustinduy, de establecer una regulación estatal sobre la calidad nutricional y composición de los menús en hospitales y residencias.
Para esta medida, el Ministerio no se ha reunido ni han consultado al sector sociosanitario, «lo supone un nuevo ejemplo de la política de imposición que desde hace tiempo viene practicando el Gobierno en materia de dependencia», sostienen desde la patronal. Según consideran, «en un ámbito tan delicado como la alimentación de personas mayores y dependientes —que requiere un enfoque individualizado, técnico y profesional— el Ministerio opta por una solución ideológica, centralizada y alejada de la realidad diaria de nuestros centros».
En FED observan con preocupación la creación de una alarma ficticia e injustificada en torno a los menús en las residencias, que no se corresponde con la realidad del trabajo que se realiza cada día en los centros. «Los menús actuales no solo cumplen con los estándares nutricionales establecidos, sino que también se ajustan a las preferencias y necesidades individuales de los residentes», concretan.
Por todo ello, desde la FED reclaman al Ministerio de Derechos Sociales:
- Que retire de inmediato cualquier intento de regulación unilateral sobre los menús en centros residenciales.
- Que abra un proceso de diálogo real y vinculante con las organizaciones representativas del sector.
- Que enfoque sus políticas desde el conocimiento técnico, el respeto institucional y el compromiso con la viabilidad del sistema.
- Que apueste por un modelo de atención centrado en la persona, que respete su dignidad, sus preferencias y su libertad.
«La alimentación en las residencias no puede convertirse en un campo de batalla ideológico. Es una cuestión profesional, técnica y humana. Y solo podrá abordarse con rigor si se cuenta con quienes conocen el terreno y lo trabajan cada día.»
