La discapacidad continúa enfrentándose a importantes desafíos en España pese a los avances legislativos de los últimos años. La brecha entre los derechos reconocidos y su aplicación efectiva sigue marcando el día a día de muchas personas, especialmente en ámbitos como el empleo, la educación, la accesibilidad o la atención social y sanitaria. Además, la digitalización, la Inteligencia Artificial (IA) y la burocracia añaden nuevas barreras que dificultan el acceso real a derechos fundamentales.
Las mujeres y niñas con discapacidad siguen siendo uno de los colectivos más vulnerables, al sufrir una doble discriminación derivada del género y la discapacidad. La mayor exposición a situaciones de violencia, la precariedad laboral, la falta de autonomía económica o las dificultades de acceso a recursos de protección y atención reflejan una desigualdad estructural que, según denuncian las entidades sociales, todavía está lejos de resolverse.
En este contexto, Servimedia y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebraron una jornada para presentar el informe “España 2025 sobre Derechos Humanos y Discapacidad”, un documento que analiza la situación actual del colectivo y recoge denuncias, propuestas de mejora y avances registrados en materia de inclusión y garantía de derechos. Esta edición cuenta con 9 capítulos y presenta un diagnóstico detallado basado en 145 denuncias por vulneración de derechos, 69 propuestas de mejora y 36 avances registrados.
Durante la jornada, el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI, Gregorio Saravia, definió el informe como “una guía, un trampolín para las políticas públicas, una conquista colectiva, con la participación de todos los agentes implicados; y también una promesa de futuro”, al considerar que refleja tanto los avances logrados como los desafíos pendientes.
Accesibilidad fragmentada
Las entidades sociales alertaron de la persistencia de una importante brecha entre los derechos reconocidos a las personas con discapacidad y su aplicación efectiva en la vida diaria. La responsable de la Oficina de Defensa de Derechos de Impulsa Igualdad, Jara Sánchez, advirtió de que continúan existiendo “patrones estructurales de incumplimiento” en distintos territorios y ámbitos, pese al avance legislativo y normativo registrado en los últimos años.
Convención del Cermi, Gregorio Saravia; la responsable de la Oficina de Defensa de Derechos de Impulsa Igualdad, Jara Sánchez;
y la presidenta del Cermi Andalucía, Marta Castillo. Foto: Estudio de Servimedia. Jorge Villa.
En este sentido, Sánchez subrayó que “el incumplimiento más sofisticado no siempre consiste en negar expresamente un derecho”, sino en reconocerlo sin hacerlo realmente accesible o utilizable. “Hay causas comunes: una brecha entre el derecho reconocido y el derecho garantizado. El derecho no llega, o llega tarde, o se diluye al no ponerlo en práctica”, agregó.
Por su parte, el delegado de Derechos Humanos del CERMI, Gregorio Saravia, denunció la falta de consecuencias ante muchas vulneraciones, y recordó que “ante la ausencia de ajustes razonables se comete una discriminación”, pese a que España se sitúa “a la vanguardia” en términos legislativos, aunque no en cumplimiento.
Asimismo, las entidades también pusieron el foco en la accesibilidad como uno de los grandes retos pendientes para garantizar una igualdad real. Sánchez denunció que, pese a contar con normativa consolidada, todavía no existe una accesibilidad universal efectiva, ni física ni cognitiva. “La accesibilidad sigue estando fragmentada”, señaló.
Desigualdad territorial
En ese sentido, alertó, además, de que muchas veces la burocracia y los sistemas complejos terminan funcionando como una barrera para acceder a derechos básicos. A ello se suma, dijo, la desigualdad territorial, ya que “el ejercicio efectivo de los derechos depende muchas veces del código postal, de la capacidad económica o de la red familiar y personal”.
La experta también advirtió de las nuevas dificultades derivadas de la digitalización y la IA. “Un chatbot que no deriva, una sede electrónica inaccesible o una priorización automatizada sesgada pueden convertirse en nuevas formas de exclusión para las personas con discapacidad. “La accesibilidad universal no es solo una cuestión técnica, es una infraestructura básica de ciudadanía. Si no hay accesibilidad, no podemos hablar del resto de derechos”, concluyó.
Por su parte, Saravia destacó el trabajo que la organización desarrolla junto a la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio para combater los discursos discriminatorios contra las personas con discapacidad. En este sentido, explicó que actualmente se trabaja en el tercer plan de lucha contra delitos y discursos de odio, especialmente en redes sociales, además de avanzar en protocolos “ágiles y accesibles” para facilitar las denuncias.
Nuevas formas de exclusión para las personas con discapacidad derivadas de la digitalización y la IA.
El delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI defendió la necesidad de proteger “la diversidad y la dignidad de las personas con discapacidad” y advirtió de que la ausencia de ajustes razonables también constituye una forma de discriminación. “Se cometen miles de infracciones sin consecuencia”, lamentó, al tiempo que reclamó un aparato sancionador más eficaz para garantizar el cumplimiento real de los derechos reconocidos por la legislación.
Participación del colectivo desde la prevención y el diseño
Además, las entidades reclamaron mecanismos más eficaces para garantizar el cumplimiento real de los derechos de las personas con discapacidad. La responsable de la Oficina de Defensa de Derechos de Impulsa Igualdad defendió que la garantía de derechos “no debe descansar en la capacidad individual de resistencia de la persona afectada o de su familia”, ni depender de que la persona disponga de tiempo, conocimientos jurídicos o apoyo especializado para afrontar procedimientos largos.
Sánchez apostó, además, por trabajar “desde la prevención y desde el diseño”, bajo el principio de “nada para nosotros sin nosotros”, y reclamó mecanismos coercitivos para evitar incumplimientos. “Incumplir tiene que tener consecuencias”, afirmó, al tiempo que pidió una mayor coordinación entre territorios para evitar desigualdades en función del lugar de residencia.
Por su parte, la presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, advirtió de que muchas veces existe “legislación y normativa muy buenas”, pero que posteriormente no se cumplen o no cuentan con presupuestos suficientes para aplicarse. “Hay planes que no están avalados por un buen presupuesto y luego no podemos acceder a ellos”, lamentó.
Iniciativas de inserción laboral y acceso a la vivienda
La inserción sociolaboral y el apoyo al tejido asociativo centraron también parte de la jornada. La delegada de la Fundación “laCaixa” en la Comunidad de Madrid, Laura Llapart, destacó el trabajo desarrollado a través del proyecto Incorpora, que ya ha permitido atender a más de 33.000 personas.
Según explicó, el 23 % de las inserciones laborales impulsadas por el programa corresponden a personas con discapacidad. Del total, el 45 % son personas con discapacidad física u orgánica, el 25 % con problemas de salud mental, el 24 % con discapacidad intelectual y el 6 % con discapacidad sensorial.
Llapart subrayó, además, el apoyo económico de la entidad a proyectos sociales dirigidos a personas con discapacidad y el acompañamiento a sus familias, con más de 17 millones de euros destinados a iniciativas relacionadas con inserción laboral, acceso a la vivienda, autonomía personal o perspectiva de género.
Avanzar hacia una sociedad más inclusiva
Por último, el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI, Gregorio Saravia, defendió la importancia de las alianzas para seguir impulsando la transformación social y avanzar hacia una sociedad más inclusiva. En este sentido, destacó el papel de las clínicas jurídicas y de los lazos académicos para generar conciencia social entre los jóvenes y reforzar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, quiso recordar la figura de Óscar Moral Ortega, expresidente de CERMI Comunidad de Madrid y asesor jurídico del Comité Estatal, a quien definió como un ejemplo de lucha por la inclusión y de compromiso con la dignidad de las personas con discapacidad. “Trabajó siempre poniendo su profundo conocimiento jurídico al servicio de las personas”, destacó.
Veinte años después de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las organizaciones sociales insisten en la necesidad de pasar del reconocimiento teórico de los derechos a su cumplimiento real y cotidiano. La inclusión efectiva, la eliminación de barreras y la participación activa de las propias personas con discapacidad continúan siendo algunos de los grandes desafíos pendientes para avanzar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria.
Mujeres y discapacidad: la doble discriminación pendiente
Las mujeres y niñas con discapacidad continúan siendo uno de los colectivos más vulnerables, al enfrentarse a una doble discriminación derivada tanto del género como de la discapacidad. Así lo advirtió la presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, durante la presentación del informe, donde alertó de la persistencia de importantes brechas entre el reconocimiento formal de derechos y su aplicación real. Según explicó, la combinación de género y discapacidad genera barreras añadidas en ámbitos como el empleo, la educación, la autonomía económica o la participación política. “La igualdad formal no se traduce en una igualdad efectiva”, señaló. Castillo incidir además en la precariedad laboral, la brecha salarial y la segregación que afectan especialmente a las mujeres con discapacidad.
La dirigente de CERMI Andalucía también puso el foco en la mayor exposición de este colectivo a distintas formas de violencia, como la violencia de género, la violencia sexual, la trata, el abuso o la explotación, además de denunciar la falta de accesibilidad en muchos recursos de atención y protección.
Entre las medidas reclamadas figuran una ley integral de reparación para víctimas de esterilización forzada, una encuesta estatal sobre violencia hacia mujeres con discapacidad, datos estadísticos desagregados, formación especializada y un mayor refuerzo presupuestario para garantizar políticas públicas efectivas.
