El ministro Pablo Bustinduy se reunió ayer con sindicatos y patronales para detallar información sobre la propuesta de transferir 970 millones de euros a las comunidades autónomas para la financiación del nivel acordado de la dependencia. Precisamente, el Ministerio de Derechos Sociales inicia esta semana los trámites para que el Consejo de Ministros apruebe esta partida, que ya incluye los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra respectivamente.
El aumento de la inversión estatal en el nivel acordado ha ido de la mano del crecimiento exponencial de la financiación a la dependencia por parte del Gobierno de España a través del conocido como nivel mínimo.
Este nivel mínimo experimentó una ampliación sin precedentes el pasado 23 de junio cuando el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que supuso duplicar las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido.
A nivel general, incluyendo estas subidas en el nivel acordado y el nivel mínimo, la inversión del Gobierno de España en dependencia alcanzará un total de 7.239,4 millones de euros en dependencia, una cifra que permitirá al ejecutivo central asumir el 50% de la financiación global del sistema, junto a la aportación de cada comunidad autónoma.
6.200 millones de euros más en año y medio
El aumento de la inversión estatal en el nivel acordado y el crecimiento exponencial de la financiación a la dependencia por parte del Gobierno de España, a través del conocido como nivel mínimo, permitirá que la aportación estatal a los ejecutivos autonómicos sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.
Durante la reunión, el ministro destacó la necesidad de que la financiación mejore la estabilidad, los salarios y la formación de las trabajadoras. De hecho, habló de las condiciones laborales de las trabajadoras tras el aumento de financiación de 6.200 millones de euros para 2026 y 2027.
De hecho, se comprometió a iniciar un proceso de diálogo con sindicatos y patronales para garantizar una mejora real en el sector.
Las patronales valoran el impulso financiero, pero reclaman garantías para su aplicación
Las patronales del sector de la dependencia asistieron a la reunión para conocer de primera mano en qué consiste esta mejora financiera y para expresar su opinión acerca de esta medida y de la aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad. En general, valoran de forma positiva el incremento de la financiación estatal, aunque coinciden en reclamar que estos recursos tengan continuidad en el tiempo, no sustituyan la aportación de las comunidades autónomas y se traduzcan en mejoras reales en la calidad de los servicios, la sostenibilidad del sistema y las condiciones laborales de los profesionales. También subrayan la necesidad de avanzar en la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad, aun reconociendo sus limitaciones, por considerar que supone un paso necesario para reforzar el sistema y dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.
Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) aplauden el esfuerzo del Estado Central para aportar más recursos. “Era un clamor que el Estado tenía que llegar a un nivel de financiación del 50% del total del gasto en Dependencia, igual al de las comunidades autónomas”. Además, advierte de que esta aportación hay que asegurarla en el tiempo y no depender de la decisión política del momento. Por otro lado, considera fundamental que dicha aportación adicional no suponga una disminución de la aportación de las comunidades autónomas. “El sistema de la dependencia está claramente infrafinanciado y necesita más recursos. Es el cuarto pilar del estado de bienestar social y como tal debe tener los recursos y la financiación estable, necesaria y suficiente para poder atender a los dependientes del país, a sus familias, profesionalizar aún más el sector y poder remunerar bien a sus profesionales”, sostienen.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) refiere que “aunque la financiación no resulta suficiente para la sostenibilidad del sistema y dar respuesta a toda la demanda, es esencial que salga adelante, porque es una inyección muy importante y necesaria”.
Asimismo, aseguran que estarán muy pendientes del uso que hagan las comunidades autónomas de esta financiación para que tenga el mayor impacto posible, “sobre todo en cuestiones relativas a mejorar la calidad de los servicios y el empleo”.
En cuanto la reforma de la Ley de Dependencia y discapacidad, Aeste apunta que, aunque no es perfecta, “necesitamos avanzar y es más factible avanzar dando este paso con la aprobación de la nueva ley que volviendo al punto de partida, si no se aprueba”, consideran.
En la misma línea, la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) considera que la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad es necesaria, así como la convalidación del RDL de financiación. “Aunque no es una ley perfecta y la financiación tendrá que seguir avanzando, es un paso muy necesario”. Además, traslada a los grupos parlamentarios la petición de que “valoren ambas normas como pasos necesarios y positivos para el cuidado de las personas y por tanto, puedan aprobarse de manera unánime o bajo un amplio consenso el próximo martes”. Porque, “en sus virtudes, aun siendo conscientes de algunas limitaciones, hay consenso entre los agentes sociales y patronales”, afirma.
En Lares valoran positivamente la asignación para el SAAD, aunque advierten de que, para garantizar un sistema sostenible y de calidad, es precisa “una inversión estructural a largo plazo, articulada mediante un Pacto Nacional por el Cuidado de las Personas en Situación de Dependencia, permitirá fortalecer todos los pilares básicos del sistema».
Lares subraya la necesidad de adoptar medidas que aseguren derechos, calidad de atención y sostenibilidad, priorizando a las personas mayores y a los profesionales del sector.
Los sindicatos reclaman control, diálogo social y mejoras laborales
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT celebran el aumento de la financiación estatal del Sistema de Dependencia, aunque reclaman mecanismos de seguimiento que garanticen que los nuevos fondos se destinan efectivamente a reforzar los servicios profesionales, mejorar la calidad de la atención y avanzar en las condiciones laborales de las trabajadoras del sector.
Desde CCOO, consideran que se trata de una “buena noticia”, aunque lamenta que no haya estado precedida de un proceso de negociación. El sindicato defiende que esta financiación debe servir para garantizar el cumplimiento de la Ley de Dependencia, atender a todas las personas con derecho reconocido y mejorar la calidad del empleo, con especial atención a las ratios de plantilla, los porcentajes de jornada, la formación y el tiempo efectivo de atención.
CCOO advierte, además, de que el incremento lineal del nivel mínimo puede no ser suficiente para revertir la tendencia hacia un mayor peso de los cuidados informales y de las prestaciones económicas. Por ello, reclama que las comunidades autónomas no reduzcan su contribución al sistema con la llegada de los nuevos fondos estatales y pide vincular esta financiación al refuerzo de la provisión pública de servicios, a la mejora de los precios de concierto y al cumplimiento de las condiciones laborales pactadas en la negociación colectiva. Asimismo, solicita flexibilizar la aplicación de la Ley de Desindexación y revisar los pliegos y contratos en curso para permitir la incorporación de estas mejoras.
En la misma línea, UGT valora positivamente la convocatoria de la mesa de diálogo social y la financiación extraordinaria aprobada, pero insiste en que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia debe ir “indisolublemente” unido a la mejora de las condiciones de trabajo. UGT, reclama la apertura de mesas de diálogo social en el ámbito autonómico para concretar el destino de los fondos y controlar su aplicación.
Asimismo, pide que parte de esta financiación se traslade a las licitaciones y que estas contemplen los incrementos salariales derivados de la negociación colectiva. El sindicato recuerda que se trata de un sector altamente feminizado, con elevados niveles de parcialidad y jornadas parciales involuntarias, pese a que muchos servicios requieren jornadas completas. Por ello, reclama que la mesa de diálogo tenga continuidad para fiscalizar el uso de los recursos y asegurar que la financiación se traduzca en mejores servicios y mejores condiciones laborales.
