El Gobierno de Cataluña ha aprobado la transformación y el refuerzo en las prestaciones económicas vinculadas (PEV), una ayuda económica que perciben las personas con dependencia, para contribuir al pago de una plaza residencial en centros acreditados cuando no pueden acceder a una plaza con financiación pública de la Generalitat. Hasta ahora, el importe máximo que recibían las personas beneficiarias de una PEV era de 747 euros mensuales; con el incremento, se podrán percibir hasta 1.239 euros, hecho que supone casi 500 euros mensuales más. Así, si se toma el precio de referencia de una plaza residencial (2.002 euros/mes) el nuevo importe máximo de la prestación permitirá cubrir cerca del 62% del coste de una plaza, en vez del 37,2% que suponía hasta ahora.
De este modo, se facilita el acceso en las plazas residenciales al conjunto de la población, especialmente a aquellas personas con rentas más bajas para las cuales la antigua prestación no era suficiente para poder acceder a una plaza de residencia de gente mayor porque no podían afrontar el copago.
Además, el Ejecutivo ha fijado también mejoras de la prestación mínima que puede percibir un usuario de residencia que ocupe una plaza PEV (el cálculo viene determinado en función de la renta de cada persona). En este sentido, el gobierno español estableció este año un mínimo de 150 y 200 euros para personas valoradas con un grado II o III; en Cataluña estos importes se ampliarán hasta los 200 y 250 euros mensuales.
Hay que tener presente que hace más de once años que no se actualizaban las cuantías económicas asociadas a las PEV, y todavía se mantenían vigentes los importes establecidos en 2012. Con estas mejoras, el Gobierno quiere aligerar el impacto económico que supone para las familias asumir el coste asociado a una plaza residencial, especialmente las que tienen menos ingresos. Para implementarlas, se estima que habrá que incrementar el presupuesto destinado a esta partida en 55 millones de euros el próximo año, para destinar un total de 178,5 millones de euros.
El Departamento de Derechos Sociales prevé que el número de personas beneficiarias de una PEV incrementará y pasará de las 11.377 personas que disfrutaban el septiembre de 2023 además de 16.300 personas que lo podrían hacer el próximo año, un 43% más que actualmente. Así se podría reducir en cerca de 5.000 personas la lista de acceso a una plaza de residencia para gente mayor, puesto que podrían entrar con la PEV que los podría llegar a sufragar hasta el 62% del coste de la plaza.
Gratuidad de los centros de día para personas con discapacidad física o intelectual
El Decreto Ley aprobado también incluye cambios normativos que facilitan el acceso a los centros de atención especializada a las personas con discapacidad. En este sentido, se ha acordado suprimir el copago en los servicios de centro de día para personas con discapacidad intelectual o física.
Esta medida se hace necesaria porque las personas beneficiarias de estos recursos, con un grado de dependencia elevado, disfrutan en muchos casos de complementos que acaban repercutiendo en el importe en concepto de copago, incluso en los casos de familias con renta baja. La gratuidad de estos servicios de atención diurna permitirá a estas personas y a sus familias disponer de más recursos para mantener una atención en el domicilio correcta, y de este modo retrasar al máximo su institucionalización.
El coste de referencia de los servicios de centro de día para personas con discapacidad intelectual o física fijado a la cartera de servicios sociales es hoy de 740 euros al mes. La supresión del copago por parte de las familias implicará que el Departamento de Derechos Sociales destine en el presupuesto de 2024 una partida extra de más de 500.000 euros para asumir el coste.
