Andalucía incorpora 34 trabajadores sociales más para los servicios territoriales de dependencia

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado en el Parlamento la contratación de 34 trabajadores sociales más en los servicios territoriales de dependencia. Esta ampliación del personal se hará efectiva en diciembre y refleja el compromiso del Ejecutivo regional con el sistema público de dependencia, que se encuentra en un proceso de transformación para optimizar la atención y la respuesta a la persona.

En su intervención, la consejera ha detallado los progresos introducidos en el sistema de atención a la dependencia durante esta legislatura, los cuales son imprescindibles ya que porque se encontraron «en 2019 con un sistema obsoleto y totalmente colapsado». Además, ha afirmado que el decreto de simplificación administrativa producirá resultados favorables, dado que las medidas tienen como objetivo disminuir los plazos y agilizar los trámites, aspectos fundamentales para las personas en situación de dependencia y sus familiares.

La consejera ha informado que los datos que el Imserso publicará próximamente de noviembre mostrarán «más personas atendidas, más prestaciones y menos días de espera» en Andalucía. De hecho, ha afirmado que, por primera vez, se sobrepasarán los 290.000 beneficiarios. En este sentido, ha recordado que ya en octubre la cifra de personas atendidas fue un 35 % mayor en comparación con el dato de 2018, y que las prestaciones aumentaron un 53 %.

Medidas puestas en marcha

Entre la serie de estrategias para el impulso de la dependencia, la consejera ha resaltado «la revolución digital» que está viviendo el servicio de teleasistencia, el cual se fundamenta en la integración del clásico botón rojo junto a sensores, Big Data e inteligencia artificial para contar con un sistema de atención personalizado y predictivo. Específicamente, se implementarán más de 400.000 sensores en más de 100.000 hogares (sensores para puertas, de movimiento, de consumo eléctrico, entre otros). Así, se podrá intervenir cuando se active el botón rojo y se podrán prever otras acciones gracias a estos nuevos dispositivos.

Asimismo, López ha destacado medidas ya iniciadas como el aumento gradual del coste por hora del servicio de asistencia a domicilio, que ha crecido un 24,2 % en comparación con lo que se abonaba durante el gobierno socialista; o el aumento del precio por plaza concertada en los centros de día y residenciales, que ha subido un 21 % en el caso de las plazas para personas mayores y un 24% de media en el caso de personas con discapacidad desde 2018. Adicionalmente, se han incorporado 4.553 nuevas plazas residenciales.

En consecuencia, ha afirmado que en esta trayectoria de transformaciones indispensables y estructurales que requería el sistema, se encuentran las mejores contempladas en el decreto de simplificación, tales como la reducción de cinco a uno de los programas informáticos para centralizar toda la información. De igual manera, se ha establecido que el procedimiento de valoración y resolución de la dependencia se realice en una única visita domiciliaria.

Fuerte inversión en dependencia

Por todo ello, le ha pedido a los grupos de la oposición que recuerden la compleja situación que había antes en el sistema con «34.000 personas expulsadas del mismo; 200.000 en listas de espera y con informes del Defensor del Pueblo Andaluz en 2016 y 2018 señalando que se incumplía la ley de dependencia».

Ante esta situación, la Junta de Andalucía optó por respaldar el sistema de atención a la dependencia, que recibe el mayor respaldo económico de todos los tiempos. Para los presupuestos autonómicos de 2025, se reservan 2.331 millones, lo que representa un incremento del 19 % respecto a 2024. Esto implica que el Gobierno regional proporcionará el doble de lo que aporte el Gobierno central, a pesar de que la legislación determina que la financiación debe realizarse en proporciones equivalentes.

López, que ha incidido la importancia de que cuente con una financiación justa y estable, ha lamentado el impacto que va a tener la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 en el sistema. Por ejemplo, en 2023, el sistema de dependencia recibió 200 millones menos del Estado debido a la prórroga de los PGE. El propio ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, admitió que la falta de presupuestos significaría «cientos de millones menos» para la dependencia.

Financiación justa

Así, ha parafraseado a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien como consejera andaluza aseguró «si el Estado se retira de la dependencia, la dependencia no tendrá futuro». Estas declaraciones enfatizan la necesidad de obtener una financiación equitativa y ha instado a los parlamentarios socialistas a unirse a la demanda del Gobierno andaluz para que las personas que se encuentran en situación de dependencia y sus familias reciban lo que les corresponde.

Finalmente, en lo que se refiere al copago, la consejera ha enfatizado que «no es propósito de la Junta incrementarlo», al mismo tiempo que ha señalado que el copago fue introducido en el sistema durante la era de los gobiernos socialistas.