La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha mostrado su honda preocupación por el dictamen que ha publicado el Comité Econòmic i Social (CES) de la Comunitat Valenciana sobre el nuevo decreto de centros y servicios que está preparando la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. El CES considera que era necesario un nuevo modelo y valora el cambio de perspectiva en la intervención. Sin embargo, Aerte entiende que plantea una serie de dudas muy importantes relacionadas, sobre todo, con la financiación del nuevo modelo de atención.
En primer lugar, lamenta no haber contado con más tiempo para elaborar un dictamen con la amplitud y profundidad que merece el decreto del nuevo modelo de atención, habida cuenta de su importancia y repercusión. La documentación, con más de 38 documentos y 928 páginas, llegó a las entidades miembros del Comité el 20 de diciembre y el dictamen fue aprobado el 10 de enero de este año.
En cuanto a las consecuencias presupuestarias que conlleva el nuevo modelo, insiste en que deben tomarse las medidas adecuadas para que la falta de medios económicos no suponga la perdida de derechos o la imposibilidad de acceder a los recursos necesarios, especialmente en el supuesto de que la aplicación del nuevo decreto implique un aumento de las tarifas en la prestación de los servicios.
Coste de personal
“Sólo en coste de personal, una plaza residencial va a aumentar 580 euros; mientras que la mejora de la prestación se establece en 286,40 euros mensuales. Esto supone que las personas usuarias deberán abonar esos 300 euros. En los centros de día es peor, ya que el sobrecoste está cifrado en 633 euros y el incremento de la ayuda en 112. Más de 500 euros de diferencia”, recalca el presidente de Aerte, José María Toro.
En la observación octava, recoge que la Generalitat deberá adoptar las medidas presupuestarias necesarias para asegurar la viabilidad del sistema y su correcta implantación, con el fin de evitar que se produzcan posibles desviaciones que pudieran derivar en insuficiencias asistenciales.
“Esta insistencia por garantizar el presupuesto adecuado se debe a las dudas que genera el informe de la Dirección General de Presupuestos, que advierte de que los recursos necesarios para la aplicación del decreto ponen en riesgo los incrementos de salarios de los trabajadores del sector para los años siguientes y la puesta en marcha de los nuevos centros del Plan Convivint, una vez construidos”, afirma Toro.
Indica que no hay constancia, con la documentación aportada, de los análisis y diagnósticos realizados sobre la realidad actual de la tipología y funcionamiento de los centros y servicios y programas de servicios sociales, lo que resulta imprescindible para un conocimiento adecuado del sector. Desde Aerte han indicado que, a pesar de las reuniones mantenidas con múltiples entidades del sector por parte de la Consellería, no se han presentado los estudios científicos que avalen desde una perspectiva de las necesidades de las personas atendidas, las condiciones de salud laboral de las plantillas y las posibilidades presupuestarias de la Consellería, los ratios de personal que debe haber en cada centro.
Carencia de plazas
Por último, Toro muestra su preocupación por la carencia de plazas en la Comunidad Valenciana, recomendando que se tomen las medidas oportunas para evitar que su aplicación conlleve la perdida de plazas asistenciales.
En este sentido, Aerte ha pedido a la Consellería que se garantice que la aplicación de este nuevo decreto no afecte, en ningún caso, a las plazas autorizadas, expidiendo las necesarias exenciones. “Entendemos que hay que poner en marcha ratios nuevas de personal, los protocolos y la manera de trabajar en los plazos que marque la Administración, pero la Comunidad Valenciana no se puede permitir perder ni una plaza de ningún tipo de recurso”, concluye el representante de la patronal valenciana.
