La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) considera que el “Informe y conclusiones del Grupo de Trabajo de Análisis del Impacto de la COVID-19 en las Residencias” del Parlament de Cataluña, publicado, es una oportunidad para abordar los principales desafíos del sector de atención a las personas mayores con dependencia, que son la falta de profesionales, la infrafinanciación crónica y la falta de coordinación social y sanitaria.
Estos dos últimos puntos constan de un modo preferente en las constataciones y conclusiones del informe, con la mayoría de las cuales ACRA coincide. Por lo tanto, es urgente abordarlos para lograr el mejor sistema de derechos sociales posible y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos de futuro.
“Tendremos nuevas pandemias y no debemos repetir la misma historia; no nos lo podemos permitir”, explica Cinta Pascual. Según la presidenta de ACRA, “se necesitan más recursos humanos, materiales y económicos, así como una mayor coordinación social y sanitaria”. Estos elementos son esenciales no solo para evitar efectos similares a los sufridos durante la COVID-19, sino también para tener un sector de mayor calidad, robusto y referencial.
“Necesitamos más financiación para mejorar las condiciones laborales de los profesionales y garantizar la mejor atención a los usuarios”, explica Pascual, que alerta sobre el envejecimiento de la sociedad y sus consecuencias en la atención. «La generación del baby boom hará que el número de catalanes mayores de 80 años se duplique. En 2050, tendremos 1,8 millones de personas en este grupo poblacional, y muchas requerirán servicios de dependencia. Por lo tanto, necesitamos un pacto nacional para situar la atención a las personas mayores como el cuarto pilar del estado del bienestar«.
Por otro lado, el informe asegura que la titularidad de los equipamientos residenciales no tuvo impacto en la mortalidad de las personas usuarias, una tesis defendida siempre por ACRA, que entregó recientemente sus premios. Los principales elementos críticos son la edad y la fragilidad previa. Según el documento, las personas usuarias en las residencias tienen una edad media de 87 años, el 46% de ellas presentan demencia y el 51% tienen alta complejidad clínica. Además, hay una presencia muy elevada de personas en situación de final de vida, con una mortalidad anual en torno al 20%. Teniendo en cuenta estas características, el sistema sanitario debe asumir que la residencia es el hogar de las personas mayores con dependencia.
Las soluciones encima de la mesa
Al mismo tiempo, el informe reconoce que “la colaboración público-privada es esencial” y solicita dotar a las residencias concertadas de la “financiación adecuada”. Actualmente, una residencia concertada recibe la mitad del importe público por plaza que una residencia pública.
Tal y como se preveía, el informe sitúa la vacunación como el elemento que marca un “antes y un después” en la gestión de la pandemia, ya que reduce los contagios y la mortalidad. Entre enero y febrero de 2021, la mortalidad en las residencias disminuyó un 60% gracias a la vacunación. En junio de 2021, el 95% de los residentes y el 85% de los profesionales habían sido vacunados con la pauta completa.
En cuanto al cambio de modelo de inspección de las residencias propuesto en el informe, ACRA considera que lo más importante no es tanto el cumplimiento de los requisitos normativos como el cumplimiento de indicadores de resultados cuantificables, comparables, fiables, transparentes y fáciles de mantener y utilizar. Estos indicadores deben evaluar el servicio, la atención y la satisfacción de los usuarios en consonancia con el modelo de atención centrada en la persona.
Una vez analizado y publicado este informe, desde ACRA consideramos que ha llegado el momento de mirar hacia adelante, de la unidad entre personas usuarias, administraciones, organizaciones empresariales, sindicatos y familias para afrontar todos los desafíos del presente y del futuro que necesita el sector de atención a las personas mayores con dependencia.
