Rosa Martínez
Secretaria de Estado de Derechos Sociales. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha concedido a Balance Sociosanitario esta entrevista donde desglosa los retos y compromisos del Gobierno para transformar el sistema de cuidados de larga duración en España. Con una perspectiva que busca el consenso y la sostenibilidad, Martínez enfatiza la necesidad de “repensar, dialogar y negociar” una financiación que escape a los vaivenes políticos, apuntando a que esta cuestión debe ser considerada un desafío de país.
Según avanza, en las próximas semanas, publicarán el primer Plan Operativo, que detalla las medidas concretas que se implementarán en los próximos años en la Estrategia Estatal para un Nuevo Modelo de Cuidados en la Comunidad 2024-2030. Además, prevén una inversión estatal de más de 2.000 millones de euros, “que asegurarán una mejor prestación para los que más lo necesitan”. Esta entrevista ofrece una mirada a los pasos inmediatos y desafíos de largo plazo en una transición que, más allá de las mejoras estructurales, busca también un cambio cultural en la forma de entender y gestionar los cuidados en España.
Novedades con la Estrategia de cuidados
En el último año, ha habido numerosos debates sobre la atención a la dependencia en España. La Estrategia Estatal para un Nuevo Modelo de Cuidados en la Comunidad: Proceso de Desinstitucionalización 2024-2030 ha generado muchas expectativas, pero también controversias.
¿Qué pasos concretos se van a tomar para hacer realidad esta estrategia y cuál es el cronograma previsto?
Esta estrategia marca un horizonte claro para transformar los cuidados de larga duración en España, una necesidad que quedó en evidencia durante la pandemia y que hoy es ya una cuestión lógica y de sentido común para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia. En las próximas semanas publicaremos el primer Plan Operativo, que detalla las medidas concretas que se implementarán en los próximos años. Hasta 2025, prevemos una inversión estatal de más de 2.000 millones de euros, que asegurarán una mejor prestación para los que más lo necesitan. A medio plazo, realizaremos otros dos planes operativos con dos evaluaciones intermedias, en 2025 y 2027, para asegurarnos de que los objetivos se cumplen.
Tenemos un plan de activación de 7 focos estratégicos, que van a ser nuestra prioridad, por su efecto palanca y por su impacto estructural: fortalecimiento de los cuidados de larga duración, modernización del SAAD, apoyo a los profesionales del sector, fomento del acogimiento familiar, desarrollo de alternativas habitacionales, impulso de los cuidados en el ámbito rural y una mejor coordinación sociosanitaria.
Además, hemos apostado por un diálogo constante con los actores implicados y la sociedad civil para asegurar las medidas y garantizar que esta transformación se traduzca en mejoras reales y sostenibles.
¿Cómo planean gestionar la transición desde un modelo institucionalizado hacia un modelo basado en la comunidad sin comprometer la atención y los derechos de los usuarios actuales?
Creo que la palabra transición, que menciona en su pregunta, es la clave porque se trata de un proceso gradual. No se está planteando una ruptura abrupta, sino abrir un camino hacia un enfoque basado en más derechos, centrado en la persona. Esto no es una cuestión que afecte sólo a las infraestructuras y los servicios; es también un cambio cultural y de mentalidad. Por lo tanto, somos conscientes de que llevará un tiempo, y que la hoja de ruta depende también de la financiación disponible, de los cambios regulatorios y de la demanda social, algo que marcará el ritmo y los tiempos, pero el objetivo es claro, queremos fortalecer y ampliar los servicios en la comunidad, garantizar que las personas tengan opciones que respeten su autonomía y dignidad.
El acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros del SAAD ha sido un avance importante, pero a las comunidades les está siendo complicado implantarlo.
¿Cómo ha avanzado en estos dos años desde su aprobación?
Somos conscientes de las dificultades que están enfrentando algunas comunidades en la implementación de los criterios comunes, y por eso trabajamos estrechamente con ellas para poder hacerlo realidad. Este acuerdo ha sido un hito importante, que viene de un consenso amplio, que avanza en cuestiones fundamentales para proteger los derechos de las personas usuarias. El año que viene realizaremos una evaluación compartida con las comunidades autónomas para valorar su desarrollo e implementación y tomar las medidas que sean necesarias para seguir avanzando en este proceso.
¿Qué mecanismos se han puesto en marcha para garantizar que estos nuevos criterios se apliquen uniformemente en todas las regiones de España?
Entendemos que la aplicación de los nuevos criterios es fundamental para garantizar la igualdad de derechos de todas las personas usuarias del SAAD, pero es necesario un avance de las comunidades autónomas, ya que se trata de su competencia exclusiva. El acuerdo ha sido suscrito ya por 14 comunidades y el sentido común y la voluntad política mayoritaria es transformar los centros residenciales, para que se adapten a esta nueva visión. Desde el Ministerio estamos contribuyendo a su implementación mediante el nivel acordado de financiación estatal.
La coordinación entre los sistemas de salud y los servicios sociales es fundamental, especialmente en el cuidado de personas mayores y dependientes.
¿Qué pasos ha dado su Ministerio para mejorar la coordinación sociosanitaria, y cómo están trabajando con el Ministerio de Sanidad en este aspecto?
La coordinación sociosanitaria es uno de los focos estratégicos de la Estrategia del nuevo modelo de cuidados, y desde luego es uno de los ejes centrales del cambio de modelo. Hemos empezado un trabajo conjunto con el Ministerio de Sanidad para definir en el marco del enfoque centrado en la persona y en la comunidad cómo definimos la coordinación sociosanitaria y cuáles son los principios que deben guiarla. Hay buenas experiencias, tanto a nivel estatal, por ejemplo, en Cataluña, como internacional que pueden inspirarnos.
Queremos fortalecer y ampliar los servicios en la comunidad, garantizar que las personas tengan opciones que respeten su autonomía y dignidad
Existe una creciente preocupación por la falta de personal especiali- zado en el ámbito sociosanitario.
¿Qué iniciativas se están tomando para mejorar la formación y atraer más profesionales a este sector?
Efectivamente, es una preocupación compartida tanto por el sector como por los poderes públicos. Esperamos poder compartir pronto nuestros propios cálculos, pero la OCDE, por ejemplo, estima que en 2033 España necesitará 135.000 profesionales más, solo por la evolución demográfica. Desde el Ministerio creemos que esta cuestión hay que abordarla desde diferentes puntos de vista.
En primer lugar, las condiciones de trabajo, tanto salariales como organizativas y de desempeño; pero no es suficiente con eso, hemos de buscar una flexibilización de entrada a la formación reglada, para aquellas mujeres que aun queriendo no cumplen los requisitos o no pueden cursar la formación de una manera presencial, puesto que tienen que trabajar y muchas veces también cuidar a su familia. Esta es una línea prioritaria para el Ministerio e iremos publicando estudios y lanzando procesos que permitan a todos los actores implicados sentarse a hablar de las soluciones.
El Real Decreto sobre seguridad y salud en el servicio del hogar familiar ha sido bien recibido por muchos, pero también ha generado debate.
¿Qué impacto espera que tenga en el sector de cuidados?
Las trabajadoras de atención domiciliaria del SAAD realizan una labor fundamental en los cuidados de larga duración. Estamos hablando de casi 300.000 personas, fundamentalmente, mujeres y muchas de ellas enfrentan riesgos laborales desproporcionados, tanto físicos como mentales, especialmente en el ámbito de las dolencias musculoesqueléticas. Esto se debe en parte a que desarrollan su trabajo en domicilios particulares, lo que dificulta la prevención de riesgos al no contar con las mismas protecciones que otros sectores. Este Real Decreto era una deuda pendiente con ellas, no solo por una cuestión de justicia, sino porque mejorar las condiciones laborales es esencial para atraer y retener a las profesionales que necesitamos, y así reducir la lista de espera y cubrir el creciente número de personas dependientes que requieren cuidados de larga duración, que está vinculada con la evolución demográfica.
El real decreto introduce una directriz para la evaluación de riesgos en los servicios de ayuda a domicilio. Según el sector se han mezclado dos servicios distintos. Y esta confusión genera una gran inseguridad jurídica que pone en peligro tanto a las empresas que prestan estos servicios como a los profesionales del sector, las familias y, sobre todo, a las personas usuarias que dependen de estos cuidados. Además, recuerdan que el servicio de ayuda a domicilio tiene su propia regulación.
¿Cree que esto se podrá resolver? ¿Ve viable una reunión con los actores implicados?
El Real Decreto delimita claramente las obligaciones de prevención de riesgos laborales para las auxiliares de atención domiciliaria, y no confunde estas con las condiciones de las trabajadoras del hogar contratadas directamente por las familias. Las implicaciones del Decreto para el SAAD se abordan de manera específica en una disposición adicional independiente. En cuanto a la posibilidad de una reunión con los actores del sector, tanto el Imserso como la Secretaría de Estado mantienen un contacto constante con los agentes sociales, y este asunto ya ha sido tratado en varias de nuestras conversaciones previas. Estamos siempre abiertos a escuchar y a trabajar juntos para mejorar la implementación de las medidas.
Los expertos destacan la necesidad de abordar el envejecimiento y la dependencia de manera transversal, involucrando no solo a Derechos Sociales sino también a Sanidad, Vivienda y otras áreas del Gobierno.
¿Cree que esta transversalidad se está logrando en las políticas actuales, o es un reto pendiente?
En una sociedad tan compleja como la nuestra, abordar retos de país como el envejecimiento y la dependencia requiere una visión que trasciende las competencias de un solo departamento. La Estrategia para el nuevo modelo de cuidados ya contempla esta necesidad de transversalidad, involucrando no solo a Vivienda y Sanidad, sino también a Igualdad y Reto Demográfico, que tienen mucho que decir en las políticas de cuidados. Creo que esta visión está cada vez más integrada y se están dando pasos en la dirección correcta. Sin embargo, también es cierto que la administración pública, a veces, no es tan flexible como sería deseable, y eso puede limitar la agilidad en la colaboración entre distintos niveles y áreas administrativas.
¿Cuáles considera que serán los principales desafíos para el sistema de cuidados en los próximos 5 a 10 años? ¿Qué reformas estructurales cree que son necesarias para garantizar la sostenibilidad y equidad del sistema de dependencia a largo plazo?
El primer desafío es hacer del sistema de cuidados de larga duración una cuestión de país. Aunque ya es un derecho subjetivo, socialmente se sigue percibiendo como una cuestión privada que resuelven principalmente las mujeres en el seno de la familia. Entender que el SAAD es un elemento clave en la lucha por la igualdad de género y parte de las políticas de familia de este país es la premisa para que podamos afrontar los retos que tenemos por delante:
En primer lugar, la financiación, hay que repensar, dialogar y negociar una nueva financiación que no dependa de los ciclos presupuestarios ni de las prioridades políticas de cada gobierno. En segundo lugar, las condiciones laborales de las profesionales SAAD y el acceso a la formación, como elementos básicos para afrontar la falta de personal cualificado. También hay que transformar el sistema hacia un modelo centrado en la persona, con enfoque de derechos y en la comunidad.
Mirando hacia el futuro
¿Cuáles son las principales prioridades del Ministerio de Derechos Sociales para el próximo año en materia de atención a la dependencia y cuidados?
Nuestras prioridades van en línea con los grandes retos del sistema: financiación, profesionales y transformación del modelo. Esperamos contar con Presupuestos en 2025 y que estos recojan un aumento signi- ficativo de la financiación estatal de la dependencia. Todas las administraciones debemos hacer un esfuerzo, y el Gobierno de España va a hacer su parte. Aquí tenemos que ser conscientes de las mayorías parlamentarias que salieron de las urnas en 2023, y hago un llamamiento a la responsabilidad de las fuerzas políticas para poder contar con más inversión en el SAAD.
Vamos también a trabajar en un plan para sentar a todos los actores – ministerios, Comunidades Autónomas y agentes sociales- y afrontar el reto de la escasez de profesionales. Hay muchas dimensiones y elementos a tener en cuenta, y los esfuerzos deben ser coordinados y dialogados. Por último, nuestra prioridad para 2025 es la reforma de la ley de discapacidad y dependencia, que esperamos poder llevar un primer texto pronto a Consejo de Ministros. El objetivo es adecuar ambas leyes al artículo 49 y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad; y actualizar la LAPAD al nuevo modelo de cuidados, poniendo más énfasis en la autonomía e incluyendo nuevos servicios. Y en paralelo, haremos todo lo posible por poner las políticas de cuidados en el centro del debate, sin presión social es mucho más difícil que el sistema de la dependencia ocupe un lugar prioritario en la agenda política.
