El desafío de la “desinstitucionalización” en los cuidados de larga duración

Finalmente, el pasado mes de mayo, el Gobierno central presentó el detalle de cada uno de los 30 componentes del Plan España Puede, con algo más de nivel de concreción. El anexo relativo al componente 22, el conocido como Plan de Choque de los Cuidados, ocupa apenas una extensión de 86 páginas entre las miles dedicadas a la totalidad del Plan y desgrana las reformas e inversiones previstas, de forma calendarizada. Entre otras cuestiones, incluye la esperada revisión del SAAD, la creación de una Estrategia de Desinstitucionalización y tres proyectos piloto como experiencias de aprendizaje. La reforma y ampliación del sistema de los cuidados de larga duración figura, además, en lugar destacado entre los desafíos estratégicos que plantea el estudio “España 2050”, recién publicado por el Gobierno.

* Por Ruth Vázquez

En concreto, el Plan España Puede detalla en 86 páginas cada una de las reformas e inversiones previstas dentro del componente 22, incluyendo todo el conjunto de servicios sociales, aunque con especial atención en el modelo de cuidados de larga duración.

La primera de las reformas (C22.R1) se centra en reforzar la atención a la dependencia y en promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración con: reformas del SAAD para simplificar procedimientos, reducir listas de espera y reforzar la calidad de servicios profesionales y condiciones laborales (Plan de Choque 2021-2023) e impulsar cambios en el modelo, con una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y la implantación de la Atención Centrada en la Persona (ACP).

Según el texto, hay 234.000 personas reconocidas en toda España como dependientes que aún no están recibiendo la prestación a la que tienen derecho, concentradas en un 80 % en cinco comunidades. Entre las razones de tal retraso se enumera desde la complejidad del SAAD hasta la falta de financiación del sistema por sucesivos recortes sin compensar, aplicados desde 2012 (se redujo un 13 % la aportación de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas al nivel mínimo de protección para cada una de las personas beneficiadas y se eliminó el nivel acordado que se articulaba mediante convenios desde ese año hasta 2021, además de recortar el número de horas en prestaciones). Precisamente, para revertir esta situación se aprobó el pasado enero el conocido como Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, con una subida de las cuantías del nivel mínimo del 17 % y la recuperación del nivel acordado (incremento anual de, al menos, 600 millones de euros, con respecto a 2020).

Como segunda parte de ese Plan de Choque se propone una visión estratégica de cambios del SAAD a medio plazo que incluiría esa desinstitucionalización pretendida con una Estrategia Nacional que dé coherencia al cambio de modelo de cuidados desde las instituciones a otro próximo en la comunidad. Para elaborar e implementar esta Estrategia se prevé la creación de un grupo de expertos, que se encargaría de impulsarla y evaluar sus progresos en un periodo de tres años.

Se pretende un “cambio cultural que promueva la permanencia de las personas en el hogar siempre que sea posible” y que su desplazamiento a un centro residencial sea una “forma alternativa de atención”

Advierte el Plan que esta Estrategia no pretende ser un cierre generalizado de centros residenciales, ya que para algunas personas es la única alternativa posible, sino un “cambio cultural que promueva la permanencia de las personas en el hogar siempre que sea posible” y que su desplazamiento a un centro residencial sea una “forma alternativa de atención”. Se apoya el Gobierno en que existe amplia evidencia de que la atención comunitaria ofrece mayor calidad de vida a las personas dependientes y que no es más costosa si está basada en necesidades y calidades de atención comparables. Entiende por instituciones “aquellos centros en los que los residentes están aislados de la comunidad y no tienen suficiente control sobre sus vidas y sobre las decisiones que les afectan, y los requisitos de la propia organización tienden a tener prioridad sobre sus necesidades individualizadas”.

El Plan define el qué y el cuándo

El texto establece ya un calendario de hitos para el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023:

1. Evaluación del SAAD a lo largo de 2021 y presentación de las conclusiones al Consejo Territorial en el primer semestre de 2022.
2. Plan de reducción de la lista de espera en el primer trimestre de 2021.
3. Modificación del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD, en el primer semestre de 2021.
4. Reconocimiento de la teleasistencia como derecho subjetivo de las personas dependientes, modificación de su regulación y acceso al servicio de todas las personas con grado de dependencia reconocido que vivan en su domicilio en 2022.
5. Evaluación en 2021 de la situación actual de las prestaciones en cada comunidad autónoma y del coste de las mejoras propuestas, y acuerdo del Consejo Territorial para su implementación en 2022 y 2023.
6. Acuerdo del Consejo Territorial en 2021 para la regulación de la figura del Asistente Personal.
7. Revisión a lo largo de 2021 de los criterios mínimos comunes establecidos por el Consejo Territorial en relación con los copagos de las personas dependientes.

En lo que se refiere a las líneas de inversión recogidas en el componente 22, la primera línea se dedica a los cuidados de larga duración y se concreta en seis actuaciones importantes.

1. Evaluación de la situación actual de las políticas de cuidados, especialmente el SAAD, con propuestas de reformas para la Ley (LAPAD), con un análisis del sector de centros residenciales en toda la geografía y los servicios y proyectos de vivienda en comunidad.
2. Elaborar la citada Estrategia de Desinstitucionalización.
3. Financiar tres proyectos piloto para demostración de las nuevas políticas adoptadas que seleccionará, monitorizará y evaluará el Ministerio. En su ejecución participarán los servicios sociales públicos autonómicos y entidades locales, y podrá contarse con entidades del Tercer Sector u otras entidades especializadas.
4. Asegurar que los centros residenciales se adecúen al modelo que se quiere implantar y financiar para ello nuevos equipamientos públicos o la remodelación de los existentes.
5. Impulsar centros de día que sirvan de apoyo y presten cuidados en la proximidad del domicilio en la comunidad y en el ámbito rural.
6. Implantar equipamientos domiciliarios para la promoción de autonomía con teleasistencia avanzada y otras tecnologías para apoyos y cuidados en viviendas conectadas y cuidados inclusivos, incluyendo el medio rural.

En estas tres últimas inversiones será el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 quien distribuya los fondos disponibles entre los proyectos de inversión presentados por las comunidades autónomas, además de monitorizar su ejecución. La totalidad de esta línea absorberá 2.100 millones de euros en evaluaciones y análisis, campañas de difusión y sensibilización, construcción, remodelación y equipamiento de residencias y centros de día, e implementación de tecnología. El calendario establecido reparte 530,4 millones en 2021, 741,4 millones en 2022 y 828,2 millones en 2023.

¿Cómo serán los cuidados de larga duración en 2050?

El pasado 20 de mayo, el Gobierno español presentaba el estudio “España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”, elaborado por un centenar de investigadores de distintas disciplinas académicas, coordinados por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia y apoyados por organismos como la AIReF, el Banco de España, y el Joint Research Centre de la Comisión Europea. El estudio recoge un análisis de nueve grandes desafíos que España deberá superar de aquí a 2050 “si quiere consolidarse como uno de los países más avanzados de Europa”; más de 200 propuestas para lograrlo; y un cuadro de 50 objetivos e indicadores cuantitativos.

El desafío de adaptar nuestro estado de bienestar a una sociedad más longeva se analiza en el quinto capítulo. Sobre la base de que en 2050, uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más, y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas entre los 16 y los 64 años (hoy, 3,4), el gasto sanitario podría aumentar a mediados de siglo en más de 1 punto de PIB y el número de personas mayores beneficiarias de ayudas a la dependencia podría duplicarse. El gasto público en cuidados pasaría del 0,8 % actual (por debajo de la mayoría de los países más desarrollados europeos) a más del 2,0 % del PIB en 2050.

Para poder afrontar estos cambios, señala el estudio, España deberá apostar por la tecnología, mejorar el empleo joven, incrementar las tasas de actividad entre los mayores de 55 años, reformar el sistema de pensiones para lograr la sostenibilidad financiera, adecuar el sistema sanitario y “ampliar enormemente el sistema de cuidados”. Entre las cuestiones avanzadas para el sistema sanitario se plantean, entre otras reformas, la creación de una Estrategia Nacional de Envejecimiento Saludable y el tránsito del modelo de agudos a uno centrado en cronicidad (Atención Primaria, hospitalaria y sistemas de cuidados plenamente coordinados).

En aras de reforzar el Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia recientemente aprobado, “España 2050” propone, además, varias medidas para los Cuidados de Larga Duración (CLD):

1. Avanzar hacia una mayor profesionalización y calidad de los CLD con el desarrollo de una Estrategia Nacional de Formación para profesionales del sector; un mayor peso de las prestaciones en especie (centros de día, centros de noche, teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros residenciales), un porcentaje mínimo consensuado de las prestaciones totales destinadas a servicios de promoción de la autonomía y condiciones claras para acceder a prestaciones económicas asociadas al cuidado en el hogar (presupuestos, inspección de la atención).
2. Eliminar barreras de acceso a los servicios de CLD, estableciendo plazos máximos para la evaluación y prestación del servicio requerido, con información clara para la elección del proveedor de cuidados, en función de la calidad asistencial, los servicios ofrecidos y el precio.
3. Mejorar la coordinación entre el Sistema Nacional de Salud y los CLD, con modelos de atención a la cronicidad y centrados en la persona, con la figura del profesional de “gestión de caso”.
4. Cuidar a los cuidadores con formación, servicios de respiro, apoyo psicológico, protección laboral, cultura del cuidado para una redistribución más equitativa del cuidado informal, prestigio social y mayor presencia de los hombres en este ámbito.
5. Impulsar cambios en las formas de cuidado, favoreciendo la elección del servicio con un enfoque centrado en la persona en el domicilio y centros, nuevas tecnologías (APP, supervisión por Internet, adaptaciones domóticas) en el hogar, desarrollo de nuevas formas de vivienda (tuteladas, viviendas colectivas autogestionadas) y atención residencial en modelos más pequeños y modulares, como las unidades de convivencia, con ambientes y entornos más hogareños y personalizados.
6. Mejorar los sistemas de información sobre CLD residencial y domiciliario, de forma homogeneizada y a escala estatal, que recoja información periódica sobre su tipología, servicios, características y personas usuarias, investigación para conocimiento y análisis sobre las diferentes formas de CLD y experiencias piloto para la experimentación y validación de nuevos modelos domiciliarios y residenciales.