El último informe sobre la Ley de Dependencia concluye que «su potencial sigue sin desarrollarse»

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha publicado un nuevo informe con motivo del XVIII Aniversario de la Ley de Dependencia, haciendo una radiografía de la Ley tras sus 18 años de aplicación, 3.699.078 personas atendidas por el sistema y 900.000 fallecidos en la listas de espera. La Ley 19/2006 de Atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal fue aprobada el 14 de diciembre de 2006 y ha supuesto algún avance, pero, según revela el estudio, “una de las políticas de Estado de mayor consenso, su potencial sigue sin desarrollar”.

Desde la Asociación valoran que “los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad, hacen un Sistema Low Cost poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”, así como destacan “la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo”. Por ello, ante de los anuncios de aprobar una nueva Ley, consideran “de justicia que se cumpla la aprobada hace 18 años”.

Radiografía de la Ley de Dependencia

1. 644.518 personas tendrán reconocida cuanto termine 2024 su situación de dependencia. y otras 136.954 estarán pendientes de valoración. Esto supone que el 3,4% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para las actividades básicas de la vida diaria.
2. 083 personas se encontrarán en el Limbo de la Dependencia cuando termine diciembre de 2024. Durante 2024 el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 24.549 personas. A este ritmo se tardarían 5 años en lograr la plena atención.
3. 649 personas son el total de las que estarán desatendidas en diciembre de 2024, sumando el Limbo (131.083), las pendientes de valoración (136.954 expedientes) y aquellas con un PIA (Plan de Atención) aprobado pero que aún no es efectivo (23.6122).
4. 920 personas fallecerán en 2024 en las listas de espera de la dependencia: 18.592 pendientes de resolución de grado y 17.328 sin haber podido ejercer sus derechos. Esto supone que 98 personas fallecerán al día en las listas de espera de la dependencia (una cada 15 minutos). Desde 2017, el número de personas fallecidas en las listas de espera asciende a 388.932.
5. 330 días es el tiempo medio de tramitación de un expediente de la dependencia, aunque en cuatro comunidades se superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia).
6. 14,3 es el porcentaje de cuidadoras que están de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, cuatro años después de que se recuperase este derecho (77.230 personas).
7. 833 empleos directos se habrán creado en España a finales de 2024 asociados a las atenciones de la Ley de la Dependencia. A ellos hay que añadir los empleos en las administraciones públicas en la gestión administrativa de esta Ley.
8. 40,8 empleos directos se generan por cada millón de euros de gasto público en atención a la dependencia, lo que evidencia la elevada capacidad para generación de empleo. La tasa de retorno vía impuestos alcanza el 41,43% de la inversión en el sector.
9. 321 millones de euros es el recorte acumulado tras el RD-Ley 20/2012 por parte de la Administración General del Estado, considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares. En 2021 finalizaron estos recortes.
10. 6 Comunidades Autónomas han visto reducida la financiación estatal de la dependencia en 2023 por haber certificado en 2022 un gasto inferior a la media 20-21. Estas Comunidades recibieron menos cantidad de la que les hubiese correspondido si no hubiesen recortado sus presupuestos en años anteriores: Cataluña (-25,7M.€), Castilla y León (-25M€), Extremadura (-12,1M€), C. Valenciana (-9,1M€), Murcia (-2,3M€) y Aragón (-1,5M€).
11. 521,8 millones de euros (0,8% del PIB) fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2023.
12. 39,5% es lo que supone la aportación estatal en la financiación pública de la atención a la dependencia, habiéndose duplicado desde el año 2021, aunque aún no llega al pretendido 50%.
13. 644 millones de euros es el incremento acumulado en los tres últimos años en la aportación estatal a la financiación de la atención a la dependencia, en el llamado Plan de Choque, que marca una nueva fase de recuperación del Sistema.
14. 9,4 es lo que suponen las personas que se encontrarán en el Limbo de la Dependencia en diciembre de 2024 (con derecho reconocido a la espera de recibir la prestación o servicio). El Plan de Choque incluía una reducción de esta lista de espera que, a pesar del notable incremento presupuestario por parte de la Administración General, sigue cerca del 10%.
15. 64,2 es el porcentaje de personas atendidas en sus domicilios que NO cuentan con Teleasistencia, a pesar de que el Plan de Choque marcó como objetivo que este servicio sea un derecho para toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio.
16. 41,7% de la inversión en dependencia revierte nuevamente a las arcas públicas vía cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF, IVA, … En 2024 serán más de 3.550 Mill.
17. 378€ es el gasto medio por persona potencialmente dependiente en España, Liderando la inversión La Rioja (1.825,37€) y Castilla La Mancha (1.702,52€), mientras que las Comunidades que menos invierten son Galicia (848,32) y Asturias (805,71€).
18. 13 son los ministros o ministras que han pasado en los 18 años en los que lleva en vigor la Ley de la Dependencia, evidenciando la inestabilidad en los órganos de gestión del Sistema: Jesús Caldera, Mercedes Cabrera, Trinidad Jiménez, Leire Pajín, Ana Mato, Alfonso Alonso, de forma interina Fátima Báñez, Dolors Montserrat, Carmen Montón, María Luisa Carcedo, Pablo Iglesias, Ione Belarra y Pablo Bustinduy. También en las CC.AA. se han producido numerosísimos cambios en la dirección de las consejerías afectadas.

Analizados y presentados estos datos y los de los gráficos anexos en el siguiente enlace, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales valora las siguientes conclusiones.

Conclusiones

1. El número de personas demandantes, de personas reconocidas por su situación de dependencia, así como el de personas atendidas, registra un incremento sostenido año a año, con dos excepciones: el periodo 2012 a 2014, años de gravísimos recortes en la financiación del Sistema, y 2020, por el impacto de la pandemia de covid19 (ver gráficos 1, 2 y 3). El resultado es que en torno al 3,4% de la población española requiere apoyos para realizar sus necesidades básicas de la vida diaria.
2. Desde 2015, cuando se incorporaron al Sistema las personas con Grado I reconocido, se registra una reducción sostenida de las listas de espera (limbo de la dependencia). No obstante, este limbo aún supera el 13% en el conjunto del Estado, con más de 131.000 personas (gráfico 7 y 8)
3. En los tres últimos años (2021, 2022 y 2023) se reduce de manera importante la diferencia en los porcentajes de financiación del Sistema entre la AGE y las CA.AA gracias al Plan de Choque, aunque aún no se ha alcanzado el objetivo de igualar al 50% estos porcentajes (gráfico 12).
4. Resulta muy preocupante que cada vez se reduzca más el gasto por persona atendida, de manera que si en el año 2010 ascendía a 8.145 €, 14 años después, en 2024, a pesar del incremento de costes (IPC) de los servicios, esta cuantía se ha reducido a 5.982 € (-26,6%) (gráfico 13). Lo cual evidencia que la reducción de la lista de espera (limbo) y el incremento de personas atendidas se está llevando a cabo a costa de reducir las cuantías de las prestaciones o de apostar por servicios low cost.
5. La capacidad de generación de empleo del Sistema se estabiliza en torno a los 40 empleos por cada millón de euros invertidos (gráfico 15), y la tasa de retorno -dinero que revierte a las Administraciones a través de impuestos o cotizaciones de la Seguridad Social- supera el 40%.

La «no» presentación del informe

“El Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento, añade la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Para finalizar, manifiestan su “pesar por no haber podido presentar en el Congreso de los Diputados este informe elaborado con motivo de la mayoría de edad de la Ley”, al denegarles una sala. “Desde hace 30 años venimos haciendo seguimiento y contribuyendo a la implementación de los Servicios Sociales, y somos sistemáticamente marginados por gobernantes que no toleran la fiscalización de la sociedad civil a la impericia de su gestión”, finalizan.