La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS) ha presentado un nuevo informe del Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia con datos oficiales a fecha de 31 de marzo de 2026, según datos del Ministerio de Derechos Sociales. El estudio destaca el aumento de la lista de espera en 13.389 personas, hasta un total de 271.556 (118.716 personas que están a la espera de valoración y 152.840 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos). A su vez, el tiempo de espera del sistema de dependencia también ha aumentado en 25 días, pasando a 349 días.
El informe revela que, cuando el Ministerio rebaja la cifra de desatención, a 152.249 personas, se refiere exclusivamente a aquellas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos por la Ley, que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido. Con datos del Ministerio, a este ritmo se necesitarían 86 años para lograr que no hubiese lista de espera.
Servicios low cost
Asimismo, el estudio de la AEDGSS revela: «Por supuesto que se bate el récord de personas atendidas, que es lo que proclaman las Comunidades y el Ministerio para justificar su triunfalismo y ocultar esta realidad. En la última década siempre aumentan las personas atendidas, pero eso no justifica el titular con el que el Ministerio ha presentado los datos del primer trimestre de 2026, señalando que la atención a la dependencia “alcanza su mayor cifra histórica y que mejora en todos los indicadores de gestión y atención”.
«Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de personas beneficiarias. Aunque sea con servicios low cost, que contrastan con triunfalismo del Ministerio al destacar que “las prestaciones de proximidad rozan ya el 60%”, cuando la intensidad media de la Ayuda a Domicilio disminuye en este año y apenas supone poco más de una hora de atención diaria y la prestación económica familiar también disminuye (que la ley establece como excepcional), tiene un importe de 259,84 euros mensuales de media», detalla.
Según estos últimos datos de las 8.996 personas fallecidas en las listas de espera de la dependencia en el primer trimestre de este año, 4.628 estaban esperando ser valoradas y 4.368 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho.
La dependencia: un derecho pendiente
La AEDGSS considera que pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personasen situación de dependencia. Sin embargo, después de 19 años la dependencia es un derecho pendiente. El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba la Ley 19/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a lasPersonas en Situación de Dependencia y casi 20 años después, a pesar del avance que ha supuesto esta Ley, una de las políticas de Estado de mayor consenso, su potencial sigue sin desarrollar.
Cuatro millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos casi20 años, mientras que casi un millón de personas han fallecido en las listas de espera.
Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de losservicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación ylas desigualdades territoriales en su desarrollo.
Este ha sido el desarrollo del Sistema en los tres primeros meses de 2026
Según este informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, en 2024, el Gobierno de España paralizó el incremento de los 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los 3 años anteriores (2021/2023). Una merma importante en la financiación del Sistema, que se ha visto reflejada no tanto en su extensión en número de beneficiarios, que ha seguido unatendencia creciente, sino más bien en la limitación de sus prestaciones y servicios.
17.569 personas dependientes más han sido atendidas respecto al final de 2025. La suma de prestaciones yservicios ha aumentado en 46.142. Sin embargo, este incremento ha sido muy desigual este año. Se consolidala tendencia de aumento de servicios low cost al aumentar prestaciones y servicios de bajo coste como laPrestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia.
Finaliza marzo de 2026 con 271.556 personas a la espera de un procedimiento: 152.840 personas con derecho reconocido en espera de atención, 3.933 más que al empezar el año. Aestas cifras hay que añadir 118.716 personaspendientes de valoración, 9.456 más que afinales de año. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza esas 271.556 personas, 13.389 más que al comienzo del año.
Análisis por Comunidades
Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación,son Canarias (23,5%), País Vasco (15%), Cataluña (13,7%) y Murcia (13,5%); y las que menos Aragón(1,5%), Galicia (1,5%) y Castilla y León (2,7%).
– Once comunidades han aumentado el número de personas en el limbo de la dependencia en estos tres meses: Cantabria (+55%), Madrid (40,3%) y Castilla–La Mancha (34,9%) lideran este aumento. Más de la mitad (59%) de las personas que se encuentran en el “limbo de la dependencia” residen en tresComunidades: Cataluña (81.371), Andalucía (49.900) y Comunidad Valenciana (29.762).
– Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación estos tres meses han sido Canarias (+13%) y Cantabria (+4,3%). Por el contrario, las Comunidades que más han disminuido el número de personas atendidas son: Navarra (-1,9%) y Extremadura (-1,2%).
En estos tres meses han fallecido 8.996 personas pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA, 992 más que el año pasado a estas alturas. Casi la mitad (49%) se concentran en Cataluña (2.886) y Andalucía(1.567). A la cola, la Comunidad con menos fallecimientos en lista de espera es Galicia (21).
En España las personas con derecho aumentan un 1,3%. Las Comunidades que más han aumentado laspersonas con derecho a prestación hasta marzo han sido: Cantabria (+7,4%) y Canarias (+5,4%). Por el contrario,en Navarra (-2,3%), Castilla y León (-1,5%), País Vasco (-1,1%) y Extremadura (-0,7%) se reducen el número depersonas con derecho.
Agilidad administrativa hasta la resolución del expediente
El indicador de agilidad administrativa se calcula de acuerdo con el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente. Este proceloso recorrido hizo que en marzo de 2026 el tiempo medio en España fuese de 329 días, 12 días menos que al empezar el año, pero superior al plazo estipulado.
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay seis Comunidades y Ceuta y Melilla (164) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (116), Aragón (129), País Vasco (131), La Rioja (154), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (174). Navarra (204) y Baleares (206) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían Murcia (553 días), Andalucía (464 días), Asturias (375 días) y Canarias (374 días).
Además, una Comunidad, Asturias (+48 días), ha aumentado de manera importante los tiempos de tramitación en este año. En el otro extremo, Canarias (-56 días), Andalucía (-31 días) y Cantabria (-29 días) han reducido sus tiempos de tramitación.
Los motivos de los retrasos
Estos datos de la AEDGSS explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones.
Los motivos de estos impresentables retrasos, después de casi veinte años de implantación de la Ley, son múltiples, pero debemos apuntar dos fundamentales:
- Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones.
- El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios. La mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.
Un avance en la reducción de las listas de espera
El Plan de Choque para la dependencia ha significado un importante avance en la reducción de las listas de espera, sin embargo, no ha cumplido con los objetivos esperados debido a una paralización en el aumento de inversión para la dependencia en 2024 y 2025.
La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia que muchas personas salgan de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho.
La “lista de espera” se inicia en el momento en que una persona solicita una valoración de grado de dependencia, momento en el que se desencadena un conjunto de procedimientos complejos que comprenden cuando menos: una revisión de documentación e informes; la valoración de cada persona en su entorno por equipos técnicos aplicando un baremo estándar BVD; la emisión de propuesta de resolución; una resolución administrativa del grado de dependencia; un trámite de audiencia con la persona interesada para elaborar el Proyecto Individual de Atención (PIA) en función de sus necesidades y preferencias; los cálculos económicos de renta y patrimonio para determinar copagos o descuentos en las prestaciones; la resolución del PIA y, finalmente, una entrega de servicios que en no pocas ocasiones, al ser prestados por otras administraciones (administraciones locales) conllevan nuevas resoluciones administrativas que ralentizan los procedimientos.
Un cambio de tendencia en 2026
La lista de espera se ha reducido paulatinamente desde el cénit que supuso la entrada en el sistema de las personas dependientes de grado I en julio de 2015. En aquel momento la lista de espera (personas con derecho pendientes de recibir servicio o prestación) se elevó a 442.000 personas.
Desde entonces, y hasta final de 2024, se ha ido reduciendo progresivamente. Sin embargo, 2026 está suponiendo un cambio en la tendencia, como dijimos anteriormente, 13.389 personas más que a comienzo del año están esperando algún procedimiento de la dependencia, sumando un total de 271.556 personas.
Casi el 67% de las personas que se encuentran en lista de espera están en cuatro comunidades: Cataluña (81.371 personas), Andalucía (49.900), C. Valenciana (29.762) y Canarias (20.112). La Comunidad de Madrid tiene 14.333 personas en lista de espera, de las que 14.181 están esperando la prestación o servicio a la que tienen derecho, solamente 152 están esperando la valoración. Sería conveniente aclarar cuántas solicitudes están sin grabar en el Sistema.
En relación con el número de solicitantes, el 11,5% de las personas estarían esperando algún tipo de trámite. Canarias (24%), Cataluña (19,2%) y Murcia (18,8%) son las Comunidades con mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Castilla y León (4,1%), Navarra (2,5%) y Galicia (1,4%) son las Comunidades que menor porcentaje de personas esperando tienen.
Una preocupante de la lista de espera
En estos tres meses, la lista de espera aumentó un 5,2% en toda España. Es preocupante la evolución en 2026 de tres Comunidades: Cantabria (+55%), Madrid (+40,3%) y Castilla – La Mancha (+34,9%). En el otro extremo de porcentaje de reducción, se encuentran Castilla y León (-17,4%), Ceuta y Melilla (-15,1%) y Navarra (-13,7%) En relación a datos absolutos lideran el aumento Andalucía (+9.808), Madrid (+4.120) y Castilla – La Mancha (+2.111), solo entre estas tres comunidades suman más aumento de personas en lista de espera que en todo el Estado. Canarias (-1.911) y Castilla y León (-1.367) lideran la disminución del número de personas en lista de espera.
