Este modelo de alojamientos, más allá de la atención en residencias, pone las personas mayores en el centro y, al mismo tiempo, está pensado para ser sostenible económicamente y gestionarse en colaboración con los entes locales y el tercer sector.
El ente local tiene que aportar el suelo, el Gobierno la inversión, las personas mayores pueden optar a una vivienda que se acomode mejor a sus necesidades y obtener un alquiler garantizado para financiarlo, los operadores del sector social harán la gestión y las personas jóvenes dispondrán de más mercado de alquiler.
Por otro lado, se ha presentado la ‘Planificación de servicios sociales especializados 2030-2040’, que ha llevado a cabo Derechos Sociales para diseñar la creación de plazas de atención en residencias a personas mayores, personas con discapacidad, personas con problemas de salud mental, las drogadicciones y personas con VIH-Sida.
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