Debe priorizar la autonomía personal, el autocuidado y la calidad de vida de las personas mayores y su entorno, así como de las personas en situación de dependencia o con discapacidad; pero, además, debe ser capaz de responder con eficacia a los cuidados de larga duración o la cronicidad.
Una atención que ofrezca centros residenciales y sociosanitarios libres de sujeciones y con personal profesional formado en derechos humanos.
Para ello, es imprescindible mejorar la coordinación sociosanitaria, y dotar de recursos humanos, así como de una financiación suficiente. Asimismo, es fundamental la ampliación de servicios acordes con las necesidades reales de las personas mayores, dedicando especial atención a las zonas rurales.
Y, por tanto, una atención que tenga en cuenta a las personas mayores sobre cómo, dónde queremos vivir y cómo queremos envejecer. No se trata de caridad ni de asistencialismo: hablamos de derechos.
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