El diputado foral de Políticas Sociales de Álava, Gorka Urtaran, ha explicado en el Pleno de las Juntas Generales de la región que las ayudas públicas destinadas a las residencias privadas para la mejora de las condiciones laborales llevan implícita la obligación de acreditar indicadores objetivos que permitan medir la calidad asistencial que reciben las personas residentes.
Estas ayudas se enmarcan en el primer convenio colectivo de residencias privadas y viviendas comunitarias de Álava, firmado el pasado mes de abril entre el sindicato mayoritario ELA y las patronales del sector, tras años de negociación de las dos partes. Con estas ayudas, la Diputación Foral ha facilitado la consecución del convenio porque lo considera “un paso esencial” tanto para dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras, “que eran necesarias”, como para mejorar la calidad del sistema de cuidados en el territorio.
“Este era un acuerdo prioritario para la Diputación Foral de Álava, ya que va a dar estabilidad al sector de los cuidados y, además, impacta directamente en la calidad del sistema de cuidados y en la cohesión social del territorio”, ha remarcado.
Indicadores de calidad en las residencias
En este sentido, Gorka Urtaran ha subrayado que estas ayudas “no son incondicionales”. Para poder acceder a ellas, los centros residenciales privados deberán cumplir el convenio colectivo recién ratificado, ajustarse a la legalidad administrativa, laboral y social y, “de forma muy relevante”, acreditar indicadores de resultados que permitan evaluar la calidad asistencial. Entre estos indicadores, destacan el número de caídas, el uso de sujeciones físicas, el consumo de psicofármacos, las derivaciones a urgencias o la pérdida de peso de las personas residentes.
El primer convenio específico del sector en el territorio prevé un incremento salarial acumulado del 32,5% hasta el año 2028, recoge una reducción de 100 horas en la jornada anual aplicada de forma progresiva y mejoras en los permisos. Incluye otra serie de medidas dirigidas a reforzar la salud laboral, como las evaluaciones psicosociales y el refuerzo de la prevención de riesgos laborales relacionados con la carga de trabajo y el estrés. Aunque la firma del convenio correspondía a patronal y sindicatos, la institución foral “ha trabajado para facilitar el entendimiento, aportando recursos económicos y liderazgo político”, ha declarado el diputado foral de Políticas Sociales.
La convocatoria está dirigida prioritariamente a residencias privadas de menos de 90 plazas, ya que las más grandes, “además de pertenecer a grupos empresariales con mayor capacidad económica, cuentan con marcos laborales propios que ya mejoran las condiciones del convenio estatal vigente hasta la aprobación de este primer convenio de ámbito territorial”.
Inversión y plazos
Para hacer viable la aplicación del convenio, la Diputación Foral ha destinado un presupuesto total de 10,4 millones de euros entre 2026 y 2028, gracias al acuerdo presupuestario alcanzado con Elkarrekin Araba. Esta cantidad se canaliza a través de una línea específica de ayudas reguladas por el Decreto Foral 8/2026 y cuya convocatoria ya ha sido publicada en el BOTHA.
El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta el 26 de mayo, y el diputado foral ha animado a los centros que cumplan los requisitos a solicitar estas ayudas cuanto antes, con el objetivo de que alcancen al conjunto de residencias destinatarias.
“El primer convenio sectorial de residencias privadas es un logro importante y necesario, tanto para las trabajadoras como para el conjunto de Álava. Es además un hito que permite cerrar una etapa de conflictividad y avanzar hacia un modelo de cuidados más estable y justo”, ha concluido Gorka Urtaran.
