El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles el proyecto de ley para la reforma de la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. La votación ha contado con el respaldo de PP, PSOE y Junts, mientras que formaciones como Vox, PNV, ERC y EH Bildu se han abstenido -235 votos a favor y 23 abstenciones-. Sin embargo, durante su paso por la Cámara Alta se han inclusión 150 enmiendas que obliga a devolver el texto al Congreso de los Diputados, donde se votará de forma definitiva la próxima semana.
El Grupo Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante 45 enmiendas propias y otras 11 pactadas con formaciones como PNV o Junts. Entre los cambios introducidos destacan que la prestación o el permiso por cuidado de hijos e hijas con cáncer o enfermedad grave se mantengan más allá de los 26 años cuando persista la misma situación y necesidades, una petición histórica de estas familias; garantizar la libertad de elección de las personas dependientes para que puedan optar entre una prestación económica o un servicio; priorizar el acceso a las ayudas en función de la vulnerabilidad económica; reforzar la protección de las personas con discapacidad frente a los riesgos de la inteligencia artificial; regular de forma completa la figura del facilitador procesal para garantizar el acceso efectivo a la Justicia; impulsar medidas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad; favorecer al tercer sector en el medio rural; mejorar la accesibilidad con baños adaptados para personas con ostomía en las infraestructuras de transporte y reconocer expresamente la sordoceguera como discapacidad específica.
Modificaciones en el Senado y posible veto gubernamental
El recorrido de las enmiendas en la votación del próximo miércoles en el Congreso se anticipa complejo. El Ejecutivo prevé hacer uso de su derecho de veto constitucional sobre aquellas enmiendas que impliquen un incremento de gasto o menor ingreso no consignado, como la vertiente tributaria de la pasarela dependencia-discapacidad.
En cuanto a las prestaciones por cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave, el Senado ha aprobado mantener esta prestación más allá de los 26 años en casos de gran dependencia. No obstante, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contempla decantar esta medida en el Congreso porque se encuentra ultimando un reglamento propio y una iniciativa legislativa específica para reformar dicha prestación.
El bloque que sustenta al Gobierno buscará revertir la enmienda introducida sobre la LOMLOE para restituir la redacción aprobada en julio en el Congreso, defendiendo «la vuelta al texto original fruto del consenso», en palabras de la senadora socialista María del Lirio Martín.
Las claves asistenciales y operativas del texto
Más allá del debate parlamentario sobre los cambios del Senado, la columna vertebral de la reforma de la Ley de Dependnecia se mantiene intacta en su llegada al Congreso:
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Modelo de cuidados y desinstitucionalización: En cumplimiento de la reforma del artículo 49 de la Constitución, la norma traslada el foco hacia el modelo de atención centrada en la persona (ACP), primando que los usuarios puedan permanecer en su entorno domiciliario y comunitario el mayor tiempo posible.
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Compatibilidad total de servicios: Se derogan definitivamente las limitaciones e incompatibilidades aplicadas en 2012. A partir de su entrada en vigor, será posible simultanear, por ejemplo, el servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) con la asistencia a Centros de Día.
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Nuevas prestaciones y extensión del SAD: Se crea la regulación para el préstamo de productos de apoyo a la autonomía (como sillas de ruedas eléctricas o andadores) y servicios de apoyo en viviendas. La ayuda a domicilio amplía además su ámbito de actuación fuera del hogar para acompañamientos médicos y comunitarios.
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Apertura de la figura del cuidador no profesional: Se habilita la posibilidad de que personas del entorno relacional próximo, aunque no sean familiares directos, puedan ser perceptoras de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.
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Blindaje financiero del 50 %: La ley sanciona la obligación de que la Administración General del Estado (AGE) asuma el 50 % del coste real del sistema y las autonomías el otro 50 %. Esta medida viene acompañada por la inyección económica aprobada por Real Decreto que supone 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para elevar el nivel mínimo de financiación transferido a las comunidades.
