El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) lamenta que la no aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 por intereses estrictamente políticos sea una oportunidad perdida para hacer cumplir la Ley de Dependencia, dotando de mayor financiación la partida destinada a estas ayudas y dando un respiro a las Autonomías, que están actualmente asumiendo la mayor parte del gasto.
Esta semana, tras conocer los datos del XXIV Observatorio de la Dependencia, CEDDD urgía a cumplir las medidas para el sistema de Dependencia -la Ley de Dependencia- y blindar la financiación para las ayudas en este ámbito en los próximos PGE, de forma que el coste total fuera asumido a partes iguales por Gobierno central y gobiernos autonómicos.
Dos días después, nos encontramos con la noticia de la prórroga de los PGE de 2023, lo que implica que las comunidades tendrán que seguir asumiendo el peso de la financiación para garantizar los apoyos a personas dependientes y sus familias, y que no se adoptarán nuevas iniciativas para paliar los datos demoledores que arrojó el citado informe. Esto es: una muerte cada 13 minutos esperando la prestación, una espera media de casi un año para obtener una resolución y una flagrante desigualdad de condiciones por cuestión de territorio.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que todavía hay cerca de 300.000 personas en situación de desatención y que todas las previsiones apuntan a un envejecimiento de la sociedad, CEDDD reclama que se adopten medidas urgentes para garantizar estas prestaciones, para reducir las listas de espera y para acabar con las desigualdades por cuestión de territorio.
Por un servicio de calidad en Dependencia
“No podemos esperar al fin de la legislatura para atender estas cuestiones, como pretende el ministro Bustinduy, porque estamos hablando de la vida de las personas y tal y como está planteado el sistema actualmente, no permite un acceso igualitario a las ayudas”, sostiene la vicepresidenta de CEDDD, Mar Ugarte.
En este sentido, CEDD reitera la necesidad de un Pacto de Estado por la Dependencia, y reformular el sistema desde un punto de vista nacional, de forma que se pueda garantizar la prestación de las ayudas en igualdad de condiciones, y de simplificar las fórmulas de solicitud de ayudas, para facilitar su acceso a las personas que lo necesiten.
En el mismo orden, Ugarte insiste una vez más en la necesidad de elevar al 2% del PIB la inversión estatal destinada a la Dependencia como única vía para garantizar la prestación de un servicio de calidad. “Porque sin financiación es imposible invertir en mejoras”, sostiene.
Cumpliendo con sus objetivos fundacionales, CEDDD velará por que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, así como que se pongan en marcha medidas para su mayor visibilización y su inclusión en la sociedad.
