El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado este lunes la importancia del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado una semana después de la aprobación del incremento extraordinario de financiación para dependencia.
“Hemos aprobado la mayor inversión social en décadas en España, con una financiación extraordinaria adicional de hasta 6.200.000.000 de euros en lo que queda del año 2026 y el año 2027 para refundar el sistema de la dependencia en nuestro país”, ha señalado ante los medios de comunicación antes del comienzo del Consejo Territorial, que ha contado también con la participación de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; la directora general del Imserso, Mayte Sancho; y los consejeros y consejeras de Derechos Sociales de todos los gobiernos autonómicos. .
Un nuevo modelo de cuidados con tres ejes estratégicos
Bustinduy ha asegurado que el Ejecutivo alcanzará el próximo año el 50% de la financiación del sistema de dependencia, un objetivo que, según ha remarcado, permitirá reforzar de forma inmediata la atención a las personas usuarias y avanzar hacia “un nuevo modelo de cuidados a la altura de las necesidades sociales”.
El ministro ha explicado que estos recursos deben servir para tres objetivos prioritarios: eliminar las listas de espera en dependencia, contar con más y mejores prestaciones, y dignificar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector de los cuidados. A su juicio, España se encuentra ante “una oportunidad histórica para impulsar la mayor reforma social en décadas”.
Respecto al papel de las comunidades autónomas, Bustinduy ha advertido de que no podrán reducir su inversión propia en dependencia, ya que “por cada euro que una comunidad recorte recibirá un euro menos por parte del Estado”. Además, ha insistido en que los 6.200 millones adicionales son fondos finalistas, destinados exclusivamente a dependencia, y que el reparto anual tendrá en cuenta “indicadores como la reducción de las listas de espera, las condiciones laborales y la aportación realizada por cada gobierno autonómico”.
Incremento también en el nivel acordado
La ampliación de las cuantías por grado entrará en vigor esta semana, el 1 de julio, y supondrá que los gobiernos de las CCAA vean incrementados un 98,7% de media sus fondos para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Pero, además de esta vía, en el Consejo Territorial de este lunes se ha abordado la otra vía con la que el Estado financia el SAAD: el nivel acordado de protección.
Sobre este punto, Pablo Bustinduy ha trasladado a los ejecutivos autonómicos que el Gobierno de España también incrementará la financiación del nivel acordado. Incluirá, como el año pasado, una partida de 121 millones de euros adicionales a repartir entre las CCAA. Es decir, la inversión final a través del nivel acordado será de más de 904 millones de euros, cifra a la que hay que añadir los recursos que reciben Euskadi y Navarra a través del cálculo del cupo vasco y aportación navarra respectivamente, lo que implicará que, en total, la financiación total para este nivel alcance los 970 millones de euros.
“Este ministerio ha cumplido con su parte. Ya nadie puede poner excusas o decir que faltan recursos. Llega el momento de que todas las administraciones podamos centrarnos en lo verdaderamente importante: cuidar mejor, cuidar antes y cuidar con más dignidad”, ha concluido el ministro Bustinduy.
La reforma de dependencia y discapacidad
Para finalizar, Bustinduy también ha vinculado esta financiación extraordinaria con la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. El ministro ha avanzado que la intención del Ejecutivo es que ambas leyes “se voten en el Congreso el mismo día de la convalidación del decreto ley que recoge la financiación extraordinaria”, al considerar que ya se han puesto “los recursos por delante” para garantizar su despliegue.
La respuesta de las Comunidades Autónomas
Una vez finalizado el Consejo Territorial, no se ha hecho esperar la reacción de las comunidades autónomas ante el mayor incremento de la historia en la aportación del Gobierno al sistema de dependencia, con una inversión adicional de 6.200 millones de euros para 2026 y 2027. Estas son sus reivindicaciones:
Baleares
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha trasladado que las cifras conocidas para Baleares confirman que el incremento previsto en el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno de España sigue siendo insuficiente para corregir la infrafinanciación que soporta la comunidad autónoma. Según los datos facilitados por el Ministerio de Derechos Sociales, incluso con el incremento previsto, la aportación estatal alcanzaría el 34,47 % del coste del sistema de dependencia en las Baleares y solo garantizado para este ejercicio 2026.
En este sentido, la consellera ha señalado que “las cifras conocidas para Baleares demuestran que todavía queda mucho camino para alcanzar una financiación suficiente del sistema. El esfuerzo económico continúa recayendo mayoritariamente sobre las comunidades autónomas y es imprescindible que el Estado asuma la parte de financiación que le corresponde y pague la deuda acumulada”.
También ha puesto de manifiesto que “los ciudadanos de Baleares no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos”, recordando que el País Vasco sí tiene asegurada la financiación del 50 % del coste certificado de la dependencia.
Canarias
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado una financiación estable, suficiente y proporcional para el Sistema de Atención a la Dependencia, que permita avanzar hacia el modelo de financiación que establece la Ley de Dependencia.
“Valoramos cualquier incremento de financiación estatal porque supone una mejora para las personas beneficiarias, pero debemos analizarlo con rigor: la cuestión no es solo si Canarias recibe más fondos, sino si esa aportación cubre realmente la parte que corresponde al Estado y si permite compensar el coste real del sistema”, afirmó. En todo caso, la consejera explicó que es muy peligroso querer hacer creer a la ciudadanía que esta aportación extraordinaria va a suponer un incremento en las aportaciones que reciben las personas dependientes, primero “porque aún no está garantizada que la financiación vaya a llegar, ya que tiene que ser aprobado en el Congreso, donde el Gobierno no tiene mayoría, y segundo porque es jugar con la esperanza de la ciudadanía que lleva soportando la infrafinanciación estatal durante muchos años”, aseguró.
La consejera recordó que la Ley de Dependencia establece que la financiación debe realizarse de manera equilibrada entre Estado y comunidades autónomas. “Canarias lleva años haciendo un esfuerzo muy superior al que correspondería si se cumpliera ese principio. La Comunidad Autónoma, junto con los cabildos insulares, ha sostenido buena parte del coste del sistema”, señaló, “este cambio e incremento de financiación que puede darse a través de un real decreto ley, además, no es estructural”, un asunto que señalaron el resto de comunidades autónomas en la reunión que, junto a Canarias, temen que el incremento de la aportación, no garantizada para próximos ejercicios si llega a convalidarse, suponga que en los próximos años tenga que ser soportado por las comunidades autónomas.
En este sentido, explicó que el gasto autonómico certificado en dependencia alcanzó en 2025 los 403,9 millones de euros, mientras que la aportación estatal fue de aproximadamente 101,8 millones, lo que sitúa el esfuerzo estatal todavía lejos del equilibrio previsto en la normativa.
Castilla-La Mancha
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha expresado, antes de entrar en el Consejo Territorial, que para Castilla -La Mancha incrementar la financiación estatal del denominado nivel acordado “es una buena noticia, pero estamos a la espera para que nos puedan decir cuáles van a ser las contraprestaciones de esta dotación económica que nos van a dar a las Comunidades Autónomas. Y todo esto teniendo en cuenta que se apruebe ese Real Decreto Ley que tiene que pasar el trámite parlamentario y del que su aprobación dependerá también poder tener esa financiación que han mantenido desde el Gobierno, que es intención poderla llevar a las Comunidades Autónomas”.
En este sentido, la consejera ha subrayado que es necesaria una “mayor financiación, lo decimos siempre». «Es necesario además que la financiación sea estable y de ahí también recibir de buen agrado la noticia de que la financiación iría vía nivel mínimo para poder mantenerla y dejarla estable, porque no vale que hoy tengamos financiación y mañana nos la retiren. Las prestaciones y los derechos son siempre y no dependiendo del color político que esté en el Gobierno. Por eso, siempre hemos sido muy reivindicativos, esté quien esté en el Gobierno de España. Siempre hemos luchado y peleado por esa financiación justa que se merece nuestra Comunidad Autónoma, porque en Castilla -La Mancha destinamos 695.000.000 de euros a la Dependencia y, por tanto, un 27% como venía hasta el momento aportando el Ministerio era muy escaso para poder mantener este nivel de compromiso con la ciudadanía”.
Por último, la consejera ha anunciado, además, que en Castilla -La Mancha “seguimos trabajando con la Ley de la Dependencia, siendo este año además líderes en gestión de dependencia en todo el Estado, y lo hacemos a un ritmo ágil para que los ciudadanos tengan una valoración de los expedientes de todo el trámite de la dependencia rápido, que puedan tener cuanto antes sus prestaciones o las atenciones que necesitan para sus cuidados. Estamos en una media de 25 nuevas prestaciones diarias. Esto implica que alcanzamos las 4.500 prestaciones desde que empezamos el año hasta el mes de junio y que ya superamos las 123.000 prestaciones. Teniendo en cuenta que el objetivo de legislatura era poder superar las 100.000 prestaciones, lo hemos hecho notablemente y, por tanto, queremos seguir trabajando en esa línea”.
Castilla y León
El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha reclamado la deuda de más de 4.600 millones de euros que el Gobierno central tiene acumulada con Castilla y León en materia de atención a la dependencia, después de que el Ejecutivo central haya aprobado, mediante Real Decreto-Ley, «un supuesto incremento para llegar al 50 % en su aportación que ni resuelve el problema de la financiación del Sistema, ni garantiza su estabilidad a medio y largo plazo, ni cubre la cantidad que ha tenido que venir aportando la Comunidad en los años previos ante el incumplimiento estatal».
Vázquez ha recordado que la Junta de Castilla y León lleva varios años reivindicando que el Gobierno central ejecute lo dispuesto en la Ley estatal, en la que se establece la obligación de este de aportar ese 50 %. No obstante, este incremento repentino, ha explicado el consejero, llega en un contexto sin presupuestos generales y por la vía del decreto, lo cual causa una absoluta desconfianza y falta de estabilidad.
Esto implica, en primer lugar, que el Ejecutivo central podía haber atendido la reivindicación de la Junta desde mucho antes, tal y como podría parecer que está realizando ahora. Mientras, ha sido Castilla y León quien ha tenido que hacer frente a la insuficiente aportación del Estado. Y, en segundo lugar, el hecho de que este incremento se apruebe por Real Decreto-Ley para 2026 sin continuidad para el próximo año supone dejar en el aire la viabilidad del Sistema en el futuro.
Tal y como ha explicado el consejero de Sanidad y Bienestar Social, la financiación anunciada por el Gobierno es una aportación extraordinaria que no garantiza estabilidad para las 128.000 personas en situación de dependencia en Castilla y León, menos cuando el Estado continua con los presupuestos prorrogados desde 2023.
Además, este incremento puntual de la financiación en atención a la dependencia no le exime de la deuda contraída con Castilla y León, acumulada a lo largo de todos los años previos en los que el Estado no ha aportado la cantidad que le correspondía, cuantía que alcanza los 4.631.711.373 euros, 664.397.759 euros durante esta legislatura, y que el consejero de Sanidad y Bienestar Social ha reclamado al ministro Bustinduy.
Comunidad Valenciana
La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha exigido al Gobierno de España, durante la reunión del Consejo Territorial, un modelo de financiación “estable, suficiente y estructural” que garantice la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana. “La dependencia no puede esperar y no puede financiarse mediante anuncios puntuales ni incrementos coyunturales, sino a través de un modelo estable, previsible y ajustado a las necesidades reales del sistema. Este decreto reparte fondos ahora, pero no garantiza ni el presente ni el futuro del sistema. No hay una estrategia que asegure su viabilidad”, ha remarcado la consellera.
En este sentido, Albalat ha mostrado el rechazo de la Generalitat a la fórmula empleada por el Gobierno central, basada en una modificación presupuestaria, y ha insistido en que “una reforma de esta magnitud debe plasmarse en el articulado de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, para no generar incertidumbre entre las comunidades autónomas”.
Por otra parte, la consellera ha lamentado que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, haya justificado durante años la imposibilidad de incrementar los fondos destinados a la dependencia debido la falta de unos presupuestos generales del Estado actualizados, y que, sin embargo, ahora, pese a continuar prorrogados, sí recurra a una modificación presupuestaria para anunciar un aumento “que no se ajusta a las verdaderas necesidades de muchas comunidades autónomas que asumen la mayor carga de financiación del sistema”.
Galicia
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, aseguró que la reforma de la financiación del sistema de atención a la dependencia impulsada por el Gobierno central “es insuficiente” y no llegará a cubrir el 40% de los costes, quedando lejos del 50% dispuesto por ley. Explicó, además, que esto “lo que provocará es un aumento de la deuda con Galicia”, que ya supera los 3.000M€ y de la que exigió al Ejecutivo central su pago a la comunidad gallega.
Durante el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, Fabiola García denunció la “falta de garantías” de la modificación impulsada por el Ejecutivo central y reclamó que se regule en la ley de dependencia la estabilidad del sistema, financiando el 50 % del coste real de la dependencia, como ya firmó con el País Vasco.
En su intervención, la conselleira hizo hincapié en que, pese a la reforma, “la financiación no alcanzará en ningún momento” el 50% dispuesto por ley. Y, en este sentido, recordó que la aportación del Gobierno central a Galicia se fue reduciendo progresivamente, pasando de un 34% en el 2024 a un 32% en el 2025, elevando la deuda acumulada a más de 3.000 M€.
Fabiola García también solicitó que se adapte la financiación del sistema de dependencia a la realidad territorial de Galicia, dándole más peso a la dispersión y al envejecimiento de la población. Y exigió, además, que “se le dé a Galicia el mismo trato que al País Vasco”, una comunidad con la que el Ejecutivo central ya tiene firmado el compromiso de asumir el 50% del coste real de la dependencia.
Murcia
El Gobierno regional advierte de que el incremento de financiación que ha anunciado el Gobierno central con el nuevo Decreto Ley de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema de la Dependencia “es poco creíble sin presupuestos Generales del Estado” y adelanta que “no cubre la deuda que el Estado mantiene todavía con la Región de Murcia desde 2018 por un importe superior a 600 millones de euros”.
Así lo manifestó la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante el Consejo Territorial, donde destacó también que, con el incremento de financiación anunciado, el Ministerio no cubriría el 50 por ciento del gasto y se quedaría en apenas un 40 por ciento, “ya que no ha tenido en cuenta el coste efectivo real de los servicios. Un porcentaje que podría ser incluso menor si se aprueba la reforma de la Ley de Dependencia, que incluye nuevas compatibilidades”.
“El decreto no está planteado en los mismos términos que se han llevado a cabo con el País Vasco para asegurar el 50 por ciento de la financiación de la Dependencia”. Por este motivo, Ruiz exigió al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, “lo mismo que ha pactado con el País Vasco” y que garantice que cubrirá el incremento del gasto en prestaciones contempladas en la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad.
Durante la reunión, la consejera lamentó que este decreto “siga distinguiendo entre dependientes de primera y de segunda” y que el debate económico “no vaya en paralelo con la reforma legal, sin una memoria económica que incluya compromisos de financiación y de sostenibilidad”.
Conchita Ruíz añadió que “este anuncio llega tarde y mal, después de años de retraso y de reivindicaciones por parte de autonomías como la Región de Murcia, castigada por la infrafinanciación, como está reconociendo el Estado al comprometerse ahora a financiar el 50 por ciento del gasto, cuando ya estaban obligados a hacerlo por ley”.
