Aerte se moviliza para reclamar una adecuada atención en salud mental y dependencia

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) se movilizará para mostrar su rechazo al decreto del Consell 102/2022 de 5 de agosto bajo el lema “Contra el bloqueo del acceso al sistema de salud mental y de dependencia” y pedir a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que haga las modificaciones necesarias para prestar una adecuada atención.

La movilización tendrá lugar el próximo 16 de febrero, a las 11 horas, frente a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas la Torre 3 (Torre 3 del Complejo Administrativo 9 de Octubre, en la calle Rincón de Ademuz, 37).

El decreto 102/2022 de 5 de agosto, modifica el anterior por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas.

“A partir de ahora, el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental es más reducido. Hasta ahora cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, y ahora es una tercera parte, 715 como máximo, lo que está impidiendo a una gran mayoría de ellos recibir atención por falta de recursos económicos. Esta situación también está impidiendo una correcta transición entre recursos en el proceso de rehabilitación de la persona”, explica el presidente de Aerte, José María Toro.

Por otro lado, el nuevo decreto limita el precio de la plaza privada a través de la prestación vinculada, “que queda por debajo del precio de muchas plazas de centros, lo que impide a muchas personas acceder a esas residencias o viviendas tuteladas y les coarta su capacidad de elegir el centro más cercano a su vivienda”. Al mismo tiempo, impide que las personas puedan acceder a una habitación individual o a servicios añadidos, si así lo desean, “ya que la prestación vinculada de garantía prohíbe que paguen servicios por encima del coste de referencia”.

Otras prestaciones afectadas

En cuanto a otras prestaciones, Toro señala que el nuevo decreto no exige que los profesionales se acrediten para la prestación de asistente personal, algo que sí exige para las entidades. “Esto parece discriminatorio, y va contra la calidad de los servicios que se ofrece”, apunta.

Por último, el presidente de Aerte asegura que las grandes dudas generadas por el proyecto de decreto de tipologías en recursos residenciales de mayores y de atención a la salud mental o de centros de día “amenazan la viabilidad de la red de servicios que atiende a personas en situación de vulnerabilidad de nuestra comunidad”.

A pesar de todas las reuniones llevadas a cabo para explicar la gravedad de la situación con las diferentes direcciones generales, Toro lamenta que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas “se ha negado a llevar a cabo las modificaciones que eviten las graves consecuencias que provocan estas nuevas normativas”. Por todo ello, Aerte ha decidido convocar una concentración para mostrar su rechazo y pedir que se hagan las modificaciones necesarias para prestar una adecuada atención en salud mental y dependencia.