Esta acción, que está financiada con fondos europeos y reúne a 33 socios de 22 estados miembros, está coordinada por España, en concreto por el Hospital Universitario de Getafe del Servicio Madrileño de Salud. Su principal objetivo es contribuirá a un abordaje más homogéneo de la fragilidad, mejorando su diagnóstico, prevención y tratamiento. Asimismo, pretende reorientar las prioridades en el sistema sociosanitario y en los programas de formación e investigación europeos relacionados con la prevención de la discapacidad y la dependencia.
“La preocupación ante tal situación motivó a la Comisión Europea, al Parlamento y a casi todos los Estados Miembros (EM) a cofinanciar, a través del Tercer Programa Europeo de Salud 2014-2020 de la Unión Europea, la primera acción conjunta Advantage JA (JA, en inglés Joint Action) para la prevención de la fragilidad”, explica Almudena Albertos, de la Secretaría Técnica de Advantage JA.
Esta acción, que arrancó en enero de 2017 y terminará en diciembre de este año, reúne a 33 instituciones públicas procedentes de 22 EM: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Finlandia, Grecia, Italia, Irlanda, Holanda, Lituania, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía y Reino Unido. En el caso de España, participan instituciones procedentes de cinco comunidades autónomas: Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco y Valencia. Su investigador principal es el doctor Leocadio Rodríguez Mañas.
“La diversidad de países y regiones que forman este Consorcio, con diferentes sistemas y políticas sociosanitarias y contextos culturales, sociales y económicos dispares, representan un formidable reto para conseguirlo, pero también una oportunidad para, aunando esfuerzos, promover una política europea efectiva y competente para promover un envejecimiento saludable, a través de la prevención y el tratamiento de la fragilidad”, subraya Albertos.
Advantage JA se dirige a tres grupos de interés:
La buena noticia es que detectar la fragilidad de manera precoz permite tratarla. “Se sabe que con un manejo adecuado, más del 40 % de los casos puede ser revertido, siendo la intervención más eficaz para aumentar la esperanza de vida libre de discapacidad y dependencia”, apunta la experta.
En el otro extremo, Albertos asegura que el impacto de la fragilidad no tratada en los costes sanitarios supone un incremento del gasto anual, “que hace que varíe de 1.500 euros a 5.000 euros por persona, dependiendo de su estado (pre-frágil o frágil) y del lugar de atención (ambulatorio u hospital). Por consiguiente, intervenir sobre la fragilidad aumentaría la costo-efectividad del sistema sanitario”.
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