La transición demográfica, los aprendizajes derivados de la pandemia de COVID, el renacimiento del cuidado como un valor prioritario para nuestras sociedades, la respuesta de las instituciones, tanto nacionales como comunitarias y de los organismos internacionales, el consenso sobre la universalización de la perspectiva de género en el abordaje de las políticas públicas… entre otros elementos, han contribuido a la visibilización de los cuidados como la estructura central sobre la que se sostiene la vida y nuestras relaciones sociales y económicas.
Casi dos décadas después de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, el SAAD exige una renovación de la corresponsabilidad y del compromiso de todos los agentes implicados en su desarrollo. La corresponsabilidad como eje de las políticas públicas transformadoras de los sistemas de cuidado requiere indiscutible y prioritariamente una financiación adecuada, que en nuestro país no alcanza, ni se aproxima, al estándar europeo. Si mantenemos la infrafinanciación del SAAD ninguna reforma legislativa podrá paliar las graves carencias que sufre en cuanto a las listas de espera, intensidad de las prestaciones y precios de concierto.
Colaboración público-privada
Debemos resaltar cómo el SAAD es un ejemplo excepcional de colaboración público-privada y en el que las empresas han sido el factor clave de su implantación y motor clave de su desarrollo. La profesionalización de los cuidados es garantía de su calidad y, como así acordamos las organizaciones empresariales y sindicales en el Plan de Choque de Dependencia, fruto de la calidad en el empleo. Recordemos, además que, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se necesitará incorporar al SAAD al menos 260.000 personas trabajadoras antes del 2030. Este objetivo únicamente podrá lograrse a través de una adecuación de la formación, un contexto normativo, fiscal y de contención de costes sociales que aliente la creación de empleo y una actualización de los precios de concierto acorde a los criterios de acreditación y calidad que se postulan como óptimos.
