La Ley de Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha sido el mayor avance en protección social que ha habido en España en las dos últimas décadas. Dieciocho años después, a pesar del avance que ha supuesto esta Ley, una de las políticas de Estado de mayor consenso, su potencial sigue sin desarrollar.
Casi cuatro millones de personas han recibido prestaciones y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia, mientras que casi un millón de personas han fallecido en las listas de espera.
Los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad entre los mismos, hacen un Sistema Low Cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo.
Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia, pero en materia de derechos sociales, las normas, si no llevan aparejados los consiguientes compromisos de financiación, son papel mojado.
La inversión en el Sistema de Atención a la Dependencia es de 12.000 millones de euros, el 0,8% del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE. La financiación del Plan de Choque ha permitido mejorar sensiblemente el presupuesto del Sistema con las aportaciones extraordinarias de la AGE, que deberían continuarse en los próximos ejercicios hasta conseguir la definitiva consolidación del Sistema y la mejora de los estándares de calidad de cada una de las prestaciones y servicios. Sería necesario aumentar en 1.000 millones el Sistema en los próximos PGE para que las “buenas intenciones” sean realidad, exigiendo a las Comunidades Autónomas agilizar procedimientos que reduzcan la lista de espera, incrementar las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, además de permitir compatibilidades.
Esta sociedad tiene que aumentar el valor que le concede a la labor de cuidados, lo que se traduce en la revalorización de los empleos destinados a cuidar a las personas
Ya en 2024 se frenó el incremento de la financiación estatal y, a cambio, el gobierno propone una reforma de la Ley añadiendo nuevos servicios cuando todavía están muy lejos de garantizar los que reconoce la actual norma. Obviamente, sin incremento de financiación los nuevos derechos que esta reforma de la Ley propone reconocer quedan en papel mojado, pura cosmética del Sistema, que sólo servirá para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares.
Esta sociedad tiene que aumentar el valor que le concede a la labor de cuidados, lo que se traduce en la revalorización de los empleos destinados a cuidar a las personas. Es necesario equiparar los salarios de los profesionales del sistema de atención a la dependencia con los salarios de similares profesionales del sistema sanitario.
Sería deseable vincular los cuidados familiares y no profesionales que financie el SAAD a servicios profesionalizados de Ayuda a Domicilio o Centro de Día. Por lo que debería ser compatible con la prestación económica de cuidadores no profesionales. En consecuencia, proponemos que al elaborar un PIA pueda configurarse un cóctel completo de prestaciones y servicios que puedan incidir en el domicilio, un auténtico traje a medida.
