¿Es viable la desinstitucionalización de las personas mayores?

La Estrategia estatal de Desinstitucionalización, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023, pretende pasar de un modelo de cuidados basado en la atención asistencial de personas en instituciones a un modelo de atención personalizada en el entorno comunitario. La Estrategia se dirige, fundamentalmente, a cuatro grupos de población institucionalizados: personas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes y personas en situación de sinhogarismo. En este proceso, las patronales del sector sociosanitario AESTE, CEAPS, FED y LARES apuestan por la libertad de elección de las personas sobre dónde y cómo quieren envejecer. Entienden que los servicios domiciliarios son necesarios para que quien lo desee pueda permanecer en su hogar, de igual manera que consideran las residencias un recurso necesario para las familias.  El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023 organizó en febrero una jornada para presentar el proceso de trabajo que se está desarrollando para la elaboración de la Estrategia estatal de Desinstitucionalización con el lema “Para una buena vida en comunidad”, que se pondrá en marcha en 2024. Expertos y representantes de la Administración Pública expusieron diferentes proyectos piloto de innovación social que generarán el conocimiento suficiente que, posteriormente, se traducirán en políticas públicas. De hecho, en paralelo al diseño de la Estrategia estatal, se están desarrollando varios proyectos que pretenden impulsar la desinstitucionalización. Durante la inauguración, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, subrayó que estamos asistiendo “a la revolución de los cuidados. Tenemos que trasformar el sistema de cuidados del país para garantizar el bienestar de los ciudadanos”. En este sentido, señaló que estamos abordando un reto apasionante: “Promover la vida independiente y la atención centrada en la persona en el entorno comunitario. Las personas deben tener la libertad de elegir si quieren quedarse en su casa y, para hacerlo, necesitan los apoyos suficientes”. Este proceso, añadió la ministra, debe “servir para desarrollar servicios que fomenten la independencia y autonomía de las personas, que deben poner sus deseos y voluntad como prioridad”. Belarra señaló que este es el único camino para que los ciudadanos tengan el mayor control posible sobre sus vidas, sin restar libertad ni autonomía. Y, precisamente, esta Estrategia nace “para que progresivamente nuestro país vaya abandonando ese modelo residencial que, en el caso de las personas mayores, evidenció todos sus límites durante la pandemia. Y para que todas esas personas puedan vivir en comunidad, en un hogar y lo más felices posible". La elaboración de la Estrategia forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España dentro del Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se menciona la necesidad de “reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración”, y está vinculada con el cumplimiento de lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fases de la Estrategia de Desinstitucionalización La Estrategia de Desinstitucionalización consta de tres fases: Análisis y diagnóstico. Comenzó en noviembre de 2022 y culminará en abril de 2023. Esta fase incluye dos ejes de trabajo: análisis de contexto y definición de las metodologías y técnicas de participación para recoger las distintas demandas sociales y posturas de actores relevantes. Elaboración de la estrategia. De abril a octubre de 2023. En esta fase, se llevará a cabo un proceso de consulta en el que participarán la Administración General del Estado, consejerías y direcciones generales de las comunidades autónomas, entidades locales y Tercer Sector de Acción Social, entre otros. Se elaborará un primer borrador de la Estrategia, que se someterá a un proceso de revisión y validación. Plan operativo. De noviembre de 2023 a enero de 2024. Se elaborará un borrador del Plan Operativo 2024-2025, que concretará las medidas y actuaciones previstas, los indicadores de progreso y el mecanismo de seguimiento de su aplicación. Este Plan Operativo se complementará con un Plan de Comunicación para difundir la Estrategia.  ¿Qué opina la sociedad española? En la fase de Análisis y diagnóstico se enmarca la encuesta encargada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 “La opinión de la población española sobre la buena vida en comunidad”, presentada en la jornada, cuyo objetivo es conocer la percepción de la sociedad española sobre los cuidados. Tras una muestra amplia y representativa de 2.500 encuestas, las principales conclusiones obtenidas son: El 78 % considera que las personas que residen en un centro están, en cierta medida, al margen de la sociedad y de la comunidad. El 81 % de los encuestados está a favor de potenciar la vida en comunidad de las personas que ahora viven en instituciones. El 87 % cree que las residencias deben ser recursos temporales y transitorios. El 94 % está a favor de que las personas vivan, con apoyos, en domicilios particulares o en comunidad con los apoyos necesarios. El 97 % quiere que las Administraciones Públicas destinen recursos para cambiar el modelo hacia otro que permita a las personas vivir en comunidad con los recursos que necesite. Metodología participativa El diseño de la Estrategia se va a realizar de forma participativa. Para ello, se contará con la experiencia de profesionales de las entidades que prestan apoyos y cuidados, responsables de la Administración Pública y de universidades, ciudadanía en general y personas que tienen vivencias personales propias o a través de sus familias relacionadas con la institucionalización. Un diseño participativo que se materializa en el Consejo Asesor, un órgano consultivo que está formado por personas de diferentes perfiles y ámbitos sociales, públicos, privados, empresas prestadoras de servicios sociales y académicos. Su función es actuar como garante del enfoque adecuado de la estrategia y dotar de calidad el proceso de elaboración del documento. El Consejo Asesor tendrá ocho canales de consulta y participación: eventos públicos, consultas públicas, grupos de trabajo, seminarios, vídeo testimonios, reuniones y grupos de trabajo institucionales, análisis de casos y análisis de discurso. Durante el proceso de elaboración de la Estrategia, el Ministerio de Derechos Sociales prevé consultar a cerca de 30.000 personas. Las patronales exponen su opinión Las patronales de atención a la dependencia defienden una atención centrada en la persona que dé respuesta a las diferentes necesidades asistenciales en todas las etapas de la vida.   Libre elección en el ámbito comunitario y residencial   Natalia Roldán Presidenta de AESTE Desde AESTE, defendemos y creemos en la libre elección que todo ciudadano debe tener a la hora de decidir dónde y cómo quieren vivir y ser cuidados. Los centros residenciales son un recurso más que debe formar parte del ecosistema de servicios a disposición de las personas, al igual que lo son las diferentes alternativas de cuidados en el ámbito domiciliario. Reivindicamos, por tanto, esa libre elección, tanto en el ámbito comunitario, como el residencial, además de la igualdad territorial en el sistema de atención. Se requiere, para ello, de un sistema flexible que tenga, realmente, a la persona en el centro y que pueda "consumir" los recursos en base a sus necesidades cambiantes. Desde AESTE, no entendemos la institucionalización permanente como el primero de los recursos, salvo que la situación individual de cada caso así lo requiera, si no que somos conscientes de que las personas quieren permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, para lo que es totalmente necesario la existencia y desarrollo de un buen sistema de servicios de proximidad, con enfoque sociosanitario, que garanticen una correcta atención. De manera paralela, debe promoverse la agilidad precisa para que, llegado el momento en el que el cuidado en el domicilio no sea adecuado a las necesidades a cubrir, los centros residenciales se presenten como una opción garantizada y de calidad. En este sentido, las alternativas actuales no se ajusta a todas las “realidades”,  y es ahí precisamente donde debe fortalecerse el sistema, presentándose las residencias como un recurso disponible en varias etapas que pueden abarcar desde estancias temporales que necesiten únicamente recuperarse de dolencias transitorias, o cirugías, cuyos usuarios, posteriormente, vuelvan a su domicilio, como la solución a situaciones permanentes que requieran de atención y cuidados profesionales de manera continuada. Por tanto, entendemos  que las necesidades y la continua adaptación a las diferentes etapas del envejecimiento deben ser, sin duda, el centro de las políticas sociales, debiendo existir unos servicios acordes a cada momento de la vida y entre los que el propio usuario pueda ir eligiendo en función de las necesidades que más se adaptan a su momento actual, que les permitan disponer de los apoyos necesarios para poder permanecer en su propio entorno y que garanticen que, llegado el momento, existen centros altamente especializados que podrán atender correctamente sus necesidades, cuando ya no sea posible continuar en su propio domicilio.  Recursos y financiación suficientes para atender con calidad toda la demanda presente y futura   Cinta Pascual Presidenta de CEAPS No vemos factible que las personas mayores institucionalizadas pasen de nuevo al domicilio, ya que quienes viven actualmente en las residencias es porque o lo han elegido voluntariamente o porque realmente requieren servicios especializados, que no hospitalarios. Las residencias no dejan de ser hogares que ofertan todo tipo de cuidados profesionales y sociales, y con una coordinación sociosanitaria con los centros de salud. Cuando se ha perdido mucha autonomía personal y se requieren esos cuidados especializados, resulta imposible. Lo que sí que habría que plantearse es que existan plazas residenciales suficientes para todas las personas que deseen ir a un centro. Y, en paralelo, trabajar para que las personas que vivan en sus domicilios tengan suficientes recursos profesionales y dotaciones económicas que les permita mantenerse en sus casas con una atención de calidad. Que las personas mayores pasen el mayor tiempo posible en sus domicilios no implica que las residencias dejen de ser necesarias. Seguirán acudiendo a ellas las personas mayores que necesiten cuidados especializados. El sector residencial se mantiene fuerte. De hecho, faltan más de 70.000 plazas en toda España para atender la demanda actual, por no hablar de la escasez de plazas para responder a esos 7 millones de personas que dentro de diez años serán usuarias del sistema. Lo que se necesita es que se le dote al sector de recursos y financiación suficiente para atender con calidad toda la demanda presente y futura. Aunque a simple vista parezca más económico atender a las personas en su domicilio, la realidad es que el coste resulta más elevado para el sistema público, ya que las residencias ofrecen alternativas completas a la atención a la persona, incluidos médicos y enfermeras dentro del precio de la plaza residencial. En el domicilio no se prestan todos esos recursos y el usuario tiene que acudir a la sanidad pública normalizada, consumir otros servicios, echar mano del voluntariado del tercer sector o de los cuidados familiares, lo que redunda siempre en perjuicio de las mujeres. A esto se une que no existe ninguna comunidad autónoma que ofrezca los recursos suficientes para atender a las personas en sus domicilios de manera continuada. Se corre el riesgo de acrecentar la lacra que supone la soledad no deseada. La teleasistencia está en constante evolución y sí está preparada, porque las empresas y colectivos están apostando por la I+D+i de forma particular, conscientes de la importancia de ofrecer recursos como la domotización del hogar, más allá del botón rojo. Sin embargo, el SAD no está preparado. No hay financiación suficiente. Cada ayuntamiento y comunidad ofrece un precio a los profesionales y no se presta el suficiente número de horas para que las personas realmente sean atendidas en sus hogares con una calidad suficiente durante todo el tiempo que lo precisan. Y eso incluso con el proyecto del Gobierno para incrementar la intensidad horaria. El hecho de que este catálogo de servicios no esté bien financiado hace que el cuidador familiar tenga que ocupar el resto de las horas que no cubre el cuidador profesional, que no se siente valorado. Esta falta de valoración y sus condiciones laborales provocan una importante rotación de los profesionales, en especial en el medio urbano, que está llevando a una despersonalización de los cuidados en el domicilio, justo lo contrario de la máxima con la que se está trabajando en el sector residencial gracias al nuevo modelo centrado en la persona. ¿Cómo se va a controlar la calidad de la atención que reciben los mayores en su hogar?   Ignacio Fernández-Cid Presidente de FED Teniendo en cuenta que, actualmente, nuestros residentes tienen 85 años de media, podemos afirmar que las personas permanecen en su casa hasta que necesitan cuidados profesionales y continuos, que no pueden recibir en su entorno con garantías de calidad y seguridad. Partiendo de esta base, no podemos permitir que ciertos sectores quieran transmitir la imagen de que las personas mayores son infelices en nuestros centros. Esto, además de injusto, es rotundamente falso y llena de frustración a las personas que diariamente nos encargamos de cuidar a las personas mayores. Realizamos encuestas de satisfacción regularmente entre nuestros residentes y sus familiares, obteniendo una nota de 8 sobre 10. Además, las valoraciones en redes sociales y las reseñas de Google van en la misma línea. Otro de los argumentos que se usa en ciertos foros para atacarnos es que somos empresarios y ganamos dinero con el cuidado de las personas mayores, dando a entender que nuestro negocio no es lícito y obviando que estamos en una sociedad donde existe la educación y la sanidad privadas. Por todo lo expuesto, consideramos que la Estrategia de Desinstitucionalización parte de unas premisas basadas en principios erróneos, originados por un claro desconocimiento del sector y una preocupante desinformación. Lo verdaderamente importante es que las personas puedan elegir libremente dónde quieren vivir y, por eso, defendemos el cheque servicio que permite a las familias decidir los mejores cuidados para su ser querido. Además, para poder desinstitucionalizar a una persona de manera adecuada, el sistema de cuidados debería contar con los recursos necesarios, y actualmente no es así. La intensidad máxima del SAD se pretende ampliar a 94 horas al mes para un gran dependiente, es decir, una media de poco más de 3 horas al día. Esta dotación demuestra que la Administración Pública no tiene presupuesto suficiente para prestar una atención 24 horas, y nos invade una gran preocupación sobre quién va a atender a esa persona mayor el resto del día. No se ha calibrado bien lo que significa económicamente para una familia, de manera privada, tener que contratar a cuatro personas para cubrir los tres turnos y un quinto para vacaciones o bajas. Y, además, también surge una gran incertidumbre sobre cómo se va a controlar la calidad de la atención que reciben los mayores en su hogar, servicios deben ser profesionalizados y dados por empresas sometidas a control e inspección. Pero, además de los recursos, también debe existir una red familiar que tenga la capacidad de implicarse en el cuidado de su familiar con una gran dependencia. Solo un dato, durante la pandemia todas las familias tuvieron la oportunidad de llevarse a su familiar a casa y, sin embargo, las personas mayores residentes que dejaron los centros no llegaron ni al 0,5 %. Por último, queremos poner sobre la mesa el riesgo de generar una soledad no deseada que tiene la desinstitucionalización de personas mayores con una alta dependencia. En definitiva, consideramos una irresponsabilidad crear una alarma social injustificada. Debemos dejar elegir a las familias lo que consideren adecuado para sus seres queridos. Lo que sí podemos afirmar con orgullo es que las personas mayores que residen en nuestros centros están bien atendidas por profesionales formados y cualificados, que tratan a las personas mayores desde el cariño y con la máxima calidad. Hay personas que requieren cuidados especializados que no pueden permanecer en sus domicilios   Juan Vela Presidente de LARES Cuando hablamos de personas debemos tener en cuenta la gran variabilidad que existe entre unas y otras. Una realidad que resulta especialmente notoria cuando nos referimos a personas mayores. Se trata de un grupo con grandes diferencias entre sus integrantes y esto es a nivel gustos, personalidad, necesidades, capacidades, tipo de familia, salud, ingresos, etc. Cuando se plantea la vuelta al domicilio, lo que no podemos perder de vista es que para que esta situación sea sostenible en el tiempo y positiva, debemos garantizar que la persona tenga las ayudas y apoyos que necesite. Requiere tener respuesta a necesidades tanto sanitarias, como alimentarias, de movilidad y de respuesta a sus necesidades afectivas y de compañía. No debemos olvidar que la función que han realizado y realizan las residencias es fundamental, y lo seguirá siendo. Hay personas que requieren cuidados permanentes y especializados y, debido a su situación o grado de dependencia, no es posible que permanezcan en sus domicilios.  Otras personas prefieren vivir en comunidad y compartir junto a otras personas su día a día. En cualquier caso, los servicios integrales que ofrece una residencia dotan a la persona de mucho más que la compañía y los cuidados. La viabilidad económica depende de un aumento de la financiación por parte de las Administraciones Públicas. Para ello, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deben garantizar esta sostenibilidad del Sistema de Dependencia, aumentando el PIB hasta un 2,5 % como en el resto de los países europeos. Por otra parte, hace falta reforzar los servicios de teleasistencia. Actualmente, los equipos están trabajando y dando respuesta, pero ya se encuentran sobrecargados. Al igual que le sucede al sector residencial, estos servicios necesitan nutrirse con más profesionales, más preparación y más apoyos.