“Si hubiéramos sido capaces de controlar el problema de las residencias, si nos hubiéramos centrado en ellas, hubiéramos tenido la mitad de muertos en nuestro país”, sentencia Eloísa del Pino, científica del CSIC y directora del proyecto Mc COVID 19, una investigación en la que participan 15 países y que está analizando los factores que explican el impacto del virus en las residencias. Esta experta expresó la motivación que les llevó a poner en marcha este proyecto, el diseño de la investigación y los hallazgos principales en la primera conferencia del simposio Impactos sociales del COVID-19: miradas desde la sociología, organizado por la Federación Española de Sociología (FES) el pasado mes de julio.
Este encuentro digital tenía como objetivo arrojar luz sobre el impacto que ha tenido la pandemia en nuestra sociedad desde el punto de vista de la sociología, ya que como recuerda el presidente de FES, Manuel Fernández, la sociología “se trata de una gran herramienta para interpretar las claves del impacto en las personas de esta crisis sanitaria y las medidas adoptadas para afrontar un evento de tal magnitud”. Además, en su opinión, este enfoque es vital “para reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos construir de cara a las próximas generaciones”.
Precisamente la perspectiva sociológica es lo que diferencia al proyecto Mc COVID 19 de otras investigaciones con carácter sanitario que se hayan realizado sobre el tema de las residencias. “Para nosotros, los que nos dedicamos al estudio de las ciencias sociales, había muchos temas que tratar, y uno de ellos era el impacto tan alto del COVID en residencias de mayores, sobre todo en las primeras etapas de la pandemia”, comenta Eloísa del Pino.
En los primeros meses de la pandemia, una parte importante de las víctimas del virus vivían en centros institucionalizados. Entre el 51 % y el 68 % de las víctimas que se había producido durante la primera ola (febrero a junio de 2020) vivían en centros de atención institucionalizada, sobre todo en residencias de mayores. De hecho, España se encontraba entre los países con más víctimas en residencias de mayores (así como en términos de mortalidad per cápita).
Era y es necesario analizar qué estaba ocurriendo. Según la investigadora del CSIC, durante todo este tiempo, han hecho una enorme labor de activación y coordinación con otros países, ya que “los científicos sociales, también a nivel internacional, estaban interesados en contribuir a solucionar los problemas que estábamos viviendo”. Y, a diferencia de otros muchos proyectos que se han realizado en este entorno, en proyecto Mc COVID 19, “no solo hemos analizado lo que pasaba dentro de las residencias, sino que hemos buscado fuera; hemos analizado la gestión gubernamental e institucional. En concreto, la gestión intergubernamental (de los distintos niveles de gobierno) e intersectorial para la gestión de las residencias”.
Para Eloísa del Pino, la coordinación intersectorial, entendida como “la sincronización de los objetivos, estrategias y procedimientos de diferentes ámbitos de la política pública para garantizar su implementación eficaz”, ha sido el principal problema en la gestión de la pandemia hasta bien avanzada la crisis: “En el caso concreto de las residencias, tiene que ver con cómo se ha organizado especialmente la relación entre el sector sanitario y el sector de los servicios sociales. Y aquí hemos encontrado muchos problemas. El problema de las residencias se atribuyó la responsabilidad a los servicios sociales (sobre todo en la primera parte de la crisis) y no se entendió que el sector de los servicios sociales era incapaz, por sí mismo, de atender esta situación si no existía la complicidad y apoyo del sector sanitario”.
Según la científica del CSIC, al Estado y a las comunidades autónomas les llevó mucho tiempo entender esta idea. Hubo muchos problemas hasta que comprendieron que era un problema sanitario que afectaba a las personas mayores y, por tanto, a las residencias. Por ejemplo, “se diseñaron protocolos desde sanidad que no eran aplicables a las residencias, porque estas no funcionan como los hospitales; se daba por hecho que el personal de las residencias conocía determinadas prácticas que son propias de labores que se realizan en hospitales; se pensaba que los criterios de confinamiento en los hospitales se podrían seguir en las residencias”, explica Eloísa del Pino.
Todo ello denota un absoluto desconocimiento de la función de las residencias y de cómo son los residentes. “Esta incomprensión tiene que ver con que las culturas de cada uno de estos sectores son muy diferentes en prácticas, procedimientos, grado de profesionalización, etc. Esto ha sido un problema de encaje”, asiente esta especialista.
Algunas propuestas con las que la científica del CSIC esgrime como respuesta a los inconvenientes de la coordinación intersectorial son los siguientes:
La coordinación intersectorial no ha sido el único problema de las residencias durante la pandemia. Los responsables del proyecto Mc COVID 19 aluden otras áreas de mejora que han detectado en la gestión de las residencias. Tras revisar la literatura acerca de los principales problemas que suelen producirse en una crisis cuando se quieren gestionar servicios públicos, los expertos enumeran los impedimentos más destacados:
Todo ellos, en mayor o menor medida, han sido identificados en el análisis que se ha hecho sobre la gestión de las residencias en España en el proyecto Mc COVID-19. Sin embargo, como apunta Eloísa del Pino, “eso no quiere decir que podríamos haberlo previsto todo. La propia literatura de gestión de crisis indica que los planes son muy poco útiles cuando nos enfrentamos a una crisis, pero de todos modos hay que tenerlos, porque te proporcionar certidumbre sobre algunas cuestiones”.
El equipo investigador de este proyecto ha agrupado estos inconvenientes que surgen en cuatro áreas de mejora. Una es la coordinación intersectorial, sobre la que ya hemos hablando, y las otras tres son la preparación en el nivel institucional y organizativo, la capacidad y la coordinación intergubernamental…
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