Se trata de su primer mandato al frente de una organización con 30 años de trayectoria y que representa la suma de todas las personas que forman parte de ella: 83 centros, más de 7.000 usuarios y más de 3.200 trabajadores. Hablamos con él para conocer los retos del sector de Castilla-La Mancha en este momento y sus principales reivindicaciones en lo que respecta a la atención y cuidado de las personas mayores.
El sector se enfrenta a un momento decisivo. Estamos inmersos en la transformación real del modelo de cuidados y en implantar los decretos aprobados por Bienestar Social y el nuevo modelo de residencias, dirigido a proporcionar una atención centrada en la persona, con unidades de convivencia, libre de sujeciones, con plataformas de servicios, con limitaciones en el tamaño de los centros… Una auténtica revolución. Y todo a las puertas de que la generación del baby boom entre en el sistema, y con una inflación disparada que ahoga al sector, con falta de profesionales, amplificado en el medio rural, una gran dosis de incertidumbre y un sistema infrafinanciado.
Ya hemos repetido hasta la saciedad que sin financiación no hay futuro y que para desarrollar una transformación real de los cuidados se debe llegar al 2% del PIB para la Dependencia, y no como hasta ahora el 0,75%. Necesitamos que se incremente el precio de la plaza concertada entre los 2.030 euros (a razón de 67,6 euros) y los 2.700 euros al mes (90 euros) para garantizar la sostenibilidad del sistema, responder a las necesidades de las personas, aumentar la calidad en las prestaciones y adoptar mejoras laborales. Está claro que ofrecer un mejor servicio implica necesariamente recibir más recursos, y estos solo pueden salir de las arcas públicas o directamente de los bolsillos de los ciudadanos.
La colaboración público-privada no solo es importante, es decisiva. No hay que olvidar que el 75% de los proveedores de servicios del SAAD son entidades privadas, en su gran mayoría, en Castilla La-Mancha, empresas familiares con larga trayectoria en el sector. De ahí que tengamos que trabajar de la mano de la Administración. Tenemos la suerte de que en Castilla-La Mancha mantenemos un diálogo permanente y fluido con el Gobierno autonómico y que, aunque con diferencias, conseguimos llegar a consensos. Aun así, nadie dude de que Artecam se dejará la piel por reivindicar al Gobierno de Emiliano García-Page cualquier asunto que sea en beneficio del sector y, sobre todo, de nuestros usuarios. Por ejemplo, no cejaremos en reclamar que exista una colaboración entre el sistema sanitario y el social para garantizar que todas las personas tengan el derecho básico a una atención sanitaria, con independencia de dónde residan.
El esfuerzo que está realizando todo el sector es ímprobo. La inflación disparada, sobre todo en el ámbito energético y de la alimentación, y la subida de los tipos de interés, están poniendo en ‘jaque’ al sector. Tratamos de aguantar el envite sin aumentar los precios a los usuarios y, sobre todo, sin recortar la calidad de los servicios, porque somos un servicio esencial atendiendo a personas muy vulnerables, pero el panorama que se dibuja es altamente complejo si se mantiene en el tiempo.
Se corre el riesgo, además, de que algunas concesiones se queden desiertas si las administraciones no revisan al alza los precios. Ante esta situación, las administraciones deben tomar las riendas ya y negociar a nivel estatal un importe por debajo del cual no se pueda trabajar. La reciente aprobación por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de un incremento en el precio por plaza de las residencias alivia. Pero no es la solución, hace falta más.
No es ningún secreto el enorme déficit de personal que sufrimos, especialmente acusado en el medio rural. Salimos a contratar, pero no hay gente. Desde aquí recordamos que en Castilla-La Mancha hay una bolsa de empleo para profesionales sociosanitarios que quieran trabajar en los centros residenciales, públicos y privados, de la Comunidad. Llevamos tiempo alertando de que la falta de profesionales, principalmente de atención directa, es un problema endémico muy grave y ante el que parece no haber solución posible si la inversión pública no aumenta de un modo decidido. No nos valen los parches, necesitamos a corto plazo una política de planificación concreta y que las administraciones aborden el problema.
Es necesario desarrollar nuevos perfiles profesionales para el sector que se adapten al nuevo modelo y medidas como incrementar el número de plazas de alumnos en las facultades, o reducir el plazo de convalidación de titulaciones extranjeras de personas que quieren trabajar en el sector, pero no pueden al carecer del reconocimiento necesario de su cualificación. Esto y, por supuesto, que se dignifique la profesión porque nuestros trabajadores merecen un reconocimiento social y extender la concienciación de que su labor es imprescindible.
Por otro lado, hay que trabajar en el hecho de que los médicos y enfermeros puedan compatibilizar su empleo en la Sanidad Pública con contratos en las residencias y servicios de atención a la Dependencia privados y/o concertados.
Las entidades estamos haciendo encaje de bolillos para lograr ese equilibrio y no bajar ni un ápice la calidad de la atención que prestamos porque las personas mayores son lo primero; son el eje sobre el que pivota todo nuestro trabajo.
Son dos realidades de la Comunidad. El índice de envejecimiento en Castilla-La Mancha se ha incrementado en un punto porcentual en un año hasta el 120%; una cifra más elevada en Cuenca o en Ciudad Real, y la despoblación en muchos de nuestros municipios es evidente. Nos hallamos ante un reto y una oportunidad.
El sector está implicado, como lo demuestra el hecho de que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad con más plazas residenciales, después de Castilla y León, con una ratio de 6,9 por cada 100 personas mayores de 65 años. Mantenemos firmemente nuestro compromiso con el medio rural, conscientes de que la población mayor rural no desea abandonar el entorno donde ha vivido, donde están sus recuerdos, sus paisanos y su forma de vivir.
No hay que olvidar que en Castilla-La Mancha el sector social genera 40,4 empleos por cada millón de euros invertidos, convirtiéndose así en el sector que contribuye en mayor medida a la creación de riqueza y de puestos de trabajo, y no un empleo cualquiera: es estable, deslocalizable, especializado y altamente feminizado, ya que más del 80% son mujeres. Pero se requiere mayor inversión pública.
Reclamamos un sistema de concertación mixta, un precio ajustado, una tarifa única de Atención a la Dependencia, una ratio global de profesionales mínimo y que la calidad se mida con indicadores de satisfacción de la persona usuaria. Además, una equiparación del tipo reducido de IVA al 4% en todos los Servicios de Atención a la Dependencia, que las administraciones simplifiquen y agilicen los procedimientos de acceso a los servicios del SAAD para acabar con las listas de espera y que se establezca un procedimiento exprés de resolución y acceso a los servicios que den respuesta a los casos en los que por urgencia social o sanitaria una persona requiera de un servicio de atención.
Del mismo modo, reivindicamos que se garantice la coordinación sociosanitaria y que el Estado cumpla con la Ley de Dependencia. Para finalizar, apostamos por la digitalización. Queda trabajo pendiente, sí, y defenderemos con todas nuestras fuerzas al sector y el bienestar de las personas mayores que son la razón de ser de nuestro trabajo.
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