Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid
Plena Inclusión Madrid promueve desde hace años el apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en los procedimientos judiciales, incluso desde antes de la creación de la figura bajo el nombre de facilitador. Esa actividad se ha concretado en liderar las formaciones, en la creación de una Bolsa de facilitadores y en la reivindicación ante las instituciones públicas de la necesidad de regular este perfil. Su impulso ha sido una de las labores más destacadas de Plena Inclusión Madrid.
Desde 2003, Plena Inclusión Madrid interviene en diferentes prisiones y centros de inserción social de Madrid con el fin de identificar, detectar, valorar y acompañar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En este proceso, se detectó una necesidad: en diferentes procedimientos penales había personas que no comprendían cómo habían llegado a esa situación, ni el proceso por el que estaban pasando.
Para dar respuesta a esta necesidad se puso en marcha, a nivel nacional, el programa “Incluidos” para dar apoyo, acompañar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en los procedimientos judiciales. De esta forma, se contribuía a la mejora de su calidad de vida durante el cumplimiento de la medida alternativa, pena o medida de seguridad impartida en la sentencia.
Todo este apoyo, que permitía les permitía una mayor comprensión de los procesos y en la toma de decisiones con la información correspondiente, se comenzó a proporcionar bajo diferentes nombres, pero sin utilizar el término “facilitador”.
La Ley 8/2021 de 2 de junio supone un gran avance en la conquista de derechos, ya que reforma la legislación civil y procesal para, entre otras cosas, proporcionar el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica: permite la participación de un profesional experto que “facilite” tareas de adaptación y ajustes necesarios para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida.
Ese mismo año 2021, Plena Inclusión Madrid, junto con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Ministerio, pone en marcha una formación para las personas que han de desarrollar ese papel de facilitador. Esta primera promoción, en la que participan 26 personas, es un piloto, pero también el germen de una bolsa de facilitadores en la Comunidad de Madrid que comienzan, en 2022, a dar apoyos en procedimientos civiles, penales y a personas en el entorno penitenciario y comunitario. Dada su buena respuesta, en 2022 se pone en marcha una segunda promoción, con la participación de 21 personas. Le seguiría una promoción más en la que no solo se forman profesionales del ámbito de la discapacidad, sino también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Creamos una comunidad de aprendizaje muy necesaria, en tanto que hablamos de una figura novedosa que participa en procedimientos con casuísticas muy dispares»
En definitiva, creamos una Comunidad de aprendizaje muy necesaria, en tanto que hablamos de una figura novedosa que participa en procedimientos con casuísticas muy dispares. Eso trasciende después en un proyecto más ambicioso a nivel nacional con Plena España y con la UNED.
Desde la bolsa de Plena Inclusión Madrid seguimos dando apoyos ante las peticiones de cualquier persona que sea conocedora del procedimiento (persona con discapacidad intelectual, familias, entidades, peticiones que llegan desde juzgados, comisarías) y se da apoyo a las personas, independientemente del rol que ocupen dentro del procedimiento (víctima, testigo, acusado, investigado). En 2023, se ha dado apoyo a un total de 91 personas.
La regulación es muy positiva ya que el facilitador es una figura novedosa y este avance permite que todas las personas que pasan por la Administración de Justicia puedan recurrir a ella. Confiamos en que todas las administraciones sigan los pasos de la Comunidad de Madrid y que, en paralelo, se siga mejorando la aplicación de este apoyo.
Más allá de la difusión que podamos hacer desde el sector de la discapacidad intelectual, la integración en la administración del perfil profesional del facilitador en procesos judiciales aumentará indudablemente el número de personas que reciban este apoyo.
También es conveniente destacar que la importancia y utilidad de este perfil no impacta solo en las personas con discapacidad intelectual, sino también en todos los profesionales que se ven implicados en los procedimientos: personal judicial, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.
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