“Exigimos un Pacto Estatal de Dependencia que aborde la financiación, la sostenibilidad del sistema y el cumplimiento de la Ley acorde con la realidad actual”

José Repiso Torres

Viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía

Educador social, director de Cuidados Sociosanitarios, responsable de atención social, secretario general de Cáritas Córdoba…, José Repiso Torre, tiene una trayectoria profesional que le otorga peso en el cargo de viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Conversar con él sobre las políticas de atención y cuidados a las personas mayores obliga a reflexionar sobre la necesidad de no perder el tiempo en resolver los retos que presenta el envejecimiento poblacional y en construir un futuro, nuestro futuro, de acuerdo con las preferencias reales de las personas. Entre tanto, hay que resolver no pocos escollos: financiación, cronicidad, coordinación sociosanitaria, promoción de la autonomía, adaptación de la cartera de servicios, falta de profesionales, etc. Para Repiso Torres, hay un pilar fundamental sobre el que sustentar todo ello, un Pacto Estatal de la Dependencia.

¿Cómo valora la situación de los cuidados en las personas mayores y/o con dependencia?

Un dato objetivo que creo que hay que destacar, porque se da por supuesto sin más, pero es muy relevante, es que nos encontramos ante un reto demográfico brutal. Estamos ante un vuelco de la pirámide poblacional que está provocando que nos encontremos con generaciones de personas de 70 años, incluso de 80 años, que están en pleno uso de sus facultades y, presuntamente, también de salud. Esto nos hace reflexionar sobre dos cuestiones. Primero, que tenemos un sistema sanitario que, en general, funciona muy bien. Y, segundo, que alcanzamos más edad con un buen estado de salud.

Como consecuencia, las Administraciones tenemos que tomar medidas para afrontar esta situación, tanto desde el punto de vista sanitario, porque el problema de la cronicidad supone mayor gasto sanitario, como de servicios sociales, y en concreto la dependencia, porque cada vez son necesarios más recursos. En este sentido, llevamos tiempo exigiendo un Pacto Estatal de Dependencia, junto con otros colectivos. Es necesario que todos los actores implicados (AGE, comunidades autónomas, ayuntamientos y sector sociosanitario…) firmemos un Pacto de Estado de la Dependencia, no solo para hablar de la financiación, sino de la sostenibilidad del sistema y del cumplimiento real de la Ley de Dependencia acorde con la realidad actual.

Y la comunidad andaluza, ¿en qué punto está?

En Andalucía tenemos una particularidad: la dispersión geográfica. Por lo tanto, lo que funciona en otras comunidades autónomas, no necesariamente funciona aquí. Nuestra región prácticamente es como Portugal, tanto en población como en metros de territorio. Y cuenta con unos municipios medios importantes, con más de 20.000 habitantes y con ayuntamientos potentes. Y eso requiere también de una singularidad a la hora de planificar. Además, tenemos que ser capaces de cubrir todas las necesidades, en todo el territorio. Lo que no sirve es que tengamos un sistema de cuidado que provoque que la gente tenga que vivir en núcleos urbanos. Y eso es un reto.

Ha destacado la importancia de la sanidad en Andalucía. Sin duda, una cuestión central para la mayor calidad de la atención a los cuidados es la coordinación sociosanitaria. ¿Cómo se está abordando?

Empezamos a trabajar este tema hace cinco años, y hay cosas básicas, como la interoperabilidad de los sistemas, en la que se ha avanzado mucho. Por ejemplo, antes un médico de una residencia pública o privada de Andalucía no podía ver el historial sanitario, ahora sí. Esa interoperabilidad es fundamental. 

En el nuevo modelo de cuidados, si entendemos que las residencias son el hogar de las personas mayores y tenemos que hacerlas cada vez más personalizada, el sistema sanitario también tiene que adaptarse a este tipo de centros porque la persona que vive en la residencia no puede tener peor asistencia sanitaria que la que vive en su domicilio. 

En Andalucía contamos con casi 100.000 personas institucionalizadas, por tanto, lo inteligente es ofrecer una atención sanitaria adecuada a este tipo de centros. Esto supone un mayor ahorro económico, mejor gestión y más calidad de vida para los usuarios. Ya estamos dando pasos en este sentido. De hecho, terminamos a finales de abril la primera Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria 2024-2027 (EACS), cuyo objetivo es ofrecer una atención integral a las personas que han recibido el alta hospitalaria, pero requieren cuidados que no pueden recibir en el entorno familiar o no disponen de recursos para ello.

La atención debe llegar a todo el territorio, no sirve que tengamos un sistema de cuidado que provoque que la gente tenga que vivir en núcleos urbanos

Un ejemplo de cómo estamos trabajando es el acuerdo que se ha firmado del nuevo modelo de atención sociosanitaria en centros residenciales de mayores. Dentro de las medidas, se han establecido dos vías de atención a las personas mayores: a través del centro de salud y a través de las unidades de residencia, esto último si hay una alta concentración de residencia en un determinado territorio. 

Debemos ser conscientes de que los distintos departamentos de la Administración no deben ser compartimentos estancos. En concreto, en el tema de los cuidados es necesario que converjan varias consejerías. Y esto no puede ser complicado porque ya se hace para otras cuestiones. Así que tenemos que trabajar y tomar medidas para que, en los cuidados, el sistema sanitario y social vayan de la mano. Y no podemos perder el tiempo. 

Creo que en Andalucía han comenzado un proyecto piloto de continuidad asistencial, ¿no?

Sí, hemos activado un programa de cuidados intermedios para prevenir la dependencia, que dará respuesta a personas mayores de 50 años con necesidades sanitarias y sociales. Se trata de un modelo de atención innovador que responde a la necesidad de aquella población con dificultades sociales y que precisa de atención sanitaria tras recibir el alta hospitalaria. 

Las residencias, que tiene personal sanitario, acogerán durante un tiempo a estos pacientes con patologías traumatológicas. Y, coordinados con el sistema sanitario, con los hospitales, se les ofrecerán cuidados rehabilitadores. 

Con estos dispositivos, que coordinan los sistemas social y sanitario, se pretende que con evitar que estas personas con patologías potencialmente cronificables terminen desarrollando con el tiempo una situación de dependencia.

Esto es un pilotaje que se está haciendo con fondos Next Generation, y que debe ser una llamada de atención si funciona; ahora mismo, los resultados en salud están siendo magníficos. Estas personas estarán mejor cuidadas y tratadas en las residencias que en su casa, y en pocas semanas pueden regresar a su casa ya recuperadas. Esta alternativa conlleva beneficios para la persona, que estará mejor, pero también supone un ahorro para el sistema sanitario y para el sistema de dependencia. Ganamos todos, pero, para ello, es necesario cambiar la mirada con la que se afrontan los nuevos retos que surgen.  

¿Cuál es el compromiso actual del Gobierno andaluz con los cuidados de larga duración?

Actualmente, tenemos tres retos. El principal es cuantitativo, son unas subvenciones de 134 millones de euros, con cargo a fondos europeos, dirigidos a la construcción y reforma de centros de personas mayores (residencias y centros de día) y con discapacidad para adaptarse al nuevo modelo de cuidado. Se trata de la mayor inversión en la historia de la Junta de Andalucía para mejorar y reforzar la red asistencial de los centros de día y residenciales, que cuenta con casi 85.000 plazas autorizadas en global para personas mayores y con discapacidad.

La interoperabilidad entre el sistema sanitario y social es fundamental. Una persona que vive en una residencia no puede tener peor asistencia sanitaria que la que vive en su domicilio

En Andalucía, la gran mayoría de las plazas de residencias son concertadas. Tenemos un modelo de gestión privada con fondos públicos. Y tenemos que volcarnos en ese sector. Por lo que nos es más rentable destinar pequeñas proporciones de dinero a estos centros, que estarán más orientadas y nos permiten cubrir todo el sector, que construir un macrocentro, que no es a lo que queremos tender y que luego tiene problemas de gestión. 

El segundo reto es la subida del precio de la plaza tanto en ayuda a domicilio como en centros residenciales. Desde 2019, todos los años, haciendo un esfuerzo, hemos subido el precio. No obstante, con la subida de los costes salariales, la subida energética, etc., somos conscientes que no es suficiente. Pero también es verdad que veníamos de un déficit estructural de muchos años de subida cero, y eso no se puede recuperar en un año ni en dos, tiene que ser una subida paulatina, que es el compromiso que estamos teniendo.

Por último, el tercer reto queremos que vea la luz es una nueva orden de requisitos materiales y funcionales para residencias de mayores y residencias de discapacidad. También vamos a regular el Senior Living y estamos haciendo un trabajo de adaptación de la normativa andaluza a la llamada resolución Belarra, que nos orienta hacia alguna serie de medidas. Nosotros vamos a hacer una propuesta que haga compatible ir a un nuevo modelo de centro, pero también conociendo y siendo conscientes de la realidad de Andalucía y de nuestros centros. Porque el papel lo aguanta todo, pero la realidad no. Entonces tenemos que intentar mejorar mucho las residencias, pero sin que haya un shock presupuestario. 

¿Cuál es la realidad de los centros a la que te refieres?

Tenemos distintas tipologías de gestores y centros. Tenemos centros, por ejemplo, sin ánimo de lucro que hacen una labor social muy importante, porque atienden a personas con pensiones no contributivas, personas con el 75 % de subvención. Es un parte del sector del que no podemos prescindir, primero, por una cuestión de vocación, no se pretende, y segundo, porque están prestando un servicio.

Tenemos una gran cantidad de plazas concertadas con estas entidades sin ánimo de lucro, pero también con entidades mercantiles. Por lo tanto, es fundamental saber cómo adaptamos esa tipología de centros. Para eso están los 134 millones de euros. Y, ahora, también llegará la orden, que va a regular la ratio de personal y las categorías profesional, etcétera. Todo ello nos ayudará a ordenar el sector, lo que puede requerir o no un aumento de costes. En cualquier caso, nuestra vocación es hacerlo de la mano del sector. No podemos tomar decisiones unilaterales sin ser conscientes de la realidad que están viviendo. 

Por otra parte, hay mucha actividad de inversión, tanto en Senior Living como en los centros residenciales de mayores. Y hemos hecho una reforma del último decreto de simplificación administrativa del procedimiento para abrir una residencia. Antiguamente, en Andalucía necesitábamos una autorización previa, autorización provisional y una autorización definitiva. De media, tardábamos dos años en abrir un centro, y hemos sido muy valientes y hemos ido al modelo de declaración responsable y comunicación, con un silencio positivo de seis meses. Es decir, le hemos dado la vuelta a todo el procedimiento por inversión y porque necesitamos las plazas. Hemos hecho una apuesta bastante importante por el procedimiento, siguiendo todas las garantías. No tenía sentido que se pudiera abrir un hospital en seis meses y para una residencia se tardaran dos años.

¿Qué opinión le merece la nueva estrategia presentada recientemente por el Gobierno?

A mí me preocupa que no ha sido hablada ni negociada con las comunidades autónomas, que al final son las que van a ejecutarla, porque son los que tienen las competencias. Se ha presentado y no se ha negociado con el ámbito sectorial. De hecho, tampoco se ha consultado al Consejo Estatal de Personas Mayores, que es el organismo que los representa.

Estamos intentando recabar datos sobre las preferencias de las personas para tomar medidas de acuerdo con lo que piensan, no con lo que creemos que piensan 

Otra parte importante es que sin una medida presupuestaria todo se complica mucho más. Por ejemplo, a Andalucía que no hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) les ha costado 200 millones de euros en materia de dependencia. Con 200 millones de euros se puede hacer mucho en materia de dependencia.

Entonces, todo lo que se haga sin que vaya acompañado de una memoria económica verdaderamente clara, concreta, con un compromiso, es papel mojado. 

Lo que sí es una realidad es que las personas quieren vivir en su hogar. ¿Cómo están promoviendo que los mayores sean cuidados en casa?

Andalucía tiene el 50% de la ayuda a domicilio de toda España. No hay ninguna comunidad autónoma que haya apostado más por la atención domiciliaria. Tenemos claro que la ayuda a domicilio es el futuro. Mientras las personas puedan ser atendida por profesionales o sus familiares en el hogar, nosotros pondremos todos los medios para facilitar que se quede en casa, si es su decisión. La ayuda a domicilio es el servicio más cercano y seguiremos apostando por ella. Pero creo que tenemos que avanzar mucho más, tanto en la atención domiciliaria como en la prevención de la dependencia. En este sentido, estamos trabajando en un convenio con la Confederación Española de Alzhéimer (CEAFA) en Andalucía, para emprender un programa piloto de apoyo a las entidades y asociaciones de familiares de personas con alzhéimer en materia prevención del deterioro cognitivo.

Por otra parte, tenemos uno de los mejores sistemas de teleasistencia. De hecho, se le han otorgado muchos premios. Y con los Next Generation se ha hecho una gran inversión para que los usuarios del sistema tengan teleasistencia avanzada. 

Por último, estamos intentando recabar datos sobre las preferencias de las personas para tomar medidas de acuerdo con lo que piensan, no con lo que creemos que piensan, y hemos encargado al Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) un estudio sobre la percepción de los andaluces sobre las residencias de mayores. Previo a comenzar con el estudio de la percepción, hicieron un estudio sociológico sobre los cuidados, que concluye que el 45,9% de los andaluces quiere que lo cuide la Administración (entendida como los servicios: ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día…) con apoyo de la familia y el 39% la familia con apoyo de la Administración.

Es decir, la gran mayoría quiere que estén implicados tanto la Administración como la familia. Es un dato curioso porque, a priori, podríamos pensar que la gente quiere que sea la familia la que se encarguen del cuidado. Y no es así exactamente. Es importante escuchas para seguir trabajando en la línea de la atención centrada en la persona.

Ha hablado de la importancia de prevenir la dependencia. ¿Qué estrategias o medias toma su departamento para promover el envejecimiento activo y la autonomía personal?

Además de las propias ya establecidas como desarrollo de las políticas de dependencia, hemos de hacer referencia a la extensa red de Centros de Participación Activa de Andalucía. 

Además, estamos trabajando de manera incipiente en un programa en coordinación con la CONFEAFA (Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias) en aras a la prevención del deterioro cognitivo. 

En cuanto al aislamiento social y la soledad, ¿cómo están trabajando? ¿Considera que las nuevas tecnologías son un apoyo interesante para prevenir o detectar la soledad? ¿Cómo la están aplicando?

Desde la Consejería se han puesto en marcha diferentes actuaciones para paliar el aislamiento social y la soledad. Efectivamente el uso de las tecnologías implica un importante avance para minimizar este tipo de situaciones. 

Por eso, estamos trabajando en la revolución digital del servicio andaluz de teleasistencia como prestación motora de la atención domiciliaria. Ello permitirá ofrecer una atención más personalizada y centrada en la persona a la vez que facilitará la participación de los usuarios en su entorno. Esto se logrará mediante la adquisición de diferentes dispositivos que permiten registrar y evaluar los hábitos de las personas usuarias, así como, la detección de cambios en los patrones de la rutina doméstica que puedan sugerir algún tiempo de problema. 

De igual forma, estamos trabajando en la modernización de 31 Centros de Participación para adaptarlos al modelo de atención centrado en la persona. Buscamos que estos espacios sean seguros, accesibles y confortables con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas mayores andaluzas. 

Hay una preocupación crítica en el sector profesional de atención a la dependencia: la falta de personal. ¿Cómo se están ocupando de esta problemática en Andalucía? ¿Cuál cree que es la solución o soluciones?

La falta de profesionales en el sector sociosanitario se debe a la falta de reconocimiento y a los sueldos bajos. Además, tenemos un verdadero problema con la formación. Nosotros hemos creado un grupo de trabajo abordar esta cuestión. Y consideramos que hay dos patas que son vitales, pero de las que se habla poco. Una de ellas es que las políticas de empleo vayan en relación con las necesidades del mercado de trabajo y que políticas como el ingreso mínimo vital o la Renta Mínima de Inserción de Andalucía y de Renta Básica vayan unidas a la de inserción laboral. 

¿Cómo debería ser una sociedad bien cuidadora? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para alcanzar esta meta?

La gran mayoría de las personas queremos envejecer en nuestras casas. Ahí es muy importante el papel de las familias, de las Administraciones Públicas y de los protagonistas, que son las personas mayores, sujetos que deben tomar sus propias decisiones en este ámbito.

Hablaba sobre la necesidad de un Pacto Estatal de Dependencia ¿En qué consistiría ese Pacto? ¿Qué se necesita para conseguirlo? ¿Por qué es tan importante?

En este pacto tiene que estar todas las Administraciones, incluidos los ayuntamientos, y todos los sectores implicados. El pacto se tiene que sustentar en cuál es el modelo de cuidados de aquí a 15 años y, sobre todo, se refrende con una política presupuestaria que permita un catálogo de servicios reales. También es fundamental abordar la atención sanitaria en el ámbito sociosanitario, porque debe formar parte de ese Pacto de Estado.