La mujer con discapacidad tiene derecho a llevar las riendas de su vida

Las mujeres con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a llevar las riendas de su vida. Esta afirmación, que puede parecer obvia, no lo es en absoluto, porque aún hoy la mujer con discapacidad sufre limitaciones importantes en muchos ámbitos de su vida y no solo debido a su discapacidad, también por ser mujer. Cada año, en el Mes de la Mujer (marzo), son muchas las voces que se alzan para reivindicar el papel de la mujer en nuestra sociedad, para llamar la atención sobre los derechos no reconocidos aún y las necesidades que aún quedan por cubrir.

Unas necesidades y uno derechos que son aún más intensos cuando nos centramos en las mujeres con discapacidad que, aún hoy, siguen sufriendo una doble discriminación manifiesta, por un lado, por ser mujer y, por otro lado, por su discapacidad. La discapacidad no puede ser, en ningún caso, el freno insalvable para formarse, para trabajar, para emprender, para acceder al sistema de salud, a la cultura o a la justicia. Y, además, el género no debe añadir una discriminación mayor que limite el presente y el futuro de las mujeres con discapacidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce que la discapacidad afecta en mayor número a las mujeres. Según sus datos, el 12 % de la población masculina tiene discapacidad, frente al 19,2% de la femenina. Aunque al nacer la discapacidad está bastante equilibrada entre hombres y mujeres, la OMS identifica tres factores por los que, después, la discapacidad sobrevenida afecta más a las mujeres. Estos son los factores socioeconómicos, la violencia de género y las consecuencias de las prácticas discriminatorias entre las mujeres. 

La mujer con discapacidad sigue sufriendo una doble discriminación (por ser mujer y por su discapacidad), lo que convierte al mes de marzo, mes de la Mujer Trabajadora en el contexto adecuado en el que mostrar esta doble marginación y reivindicar una igualdad que sigue estando solo en la teoría. 

Como señala la presidenta de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS), Marta Valencia, más que hablar de doble discriminación hay que hablar de “discriminación interseccional, porque el ser mujer y tener una discapacidad claro que nos afecta más, pero hay muchos más factores que influyen”. Factores como la etnia, la orientación sexual o el lugar de residencia, entre otros. “Cada mujer somos diferentes. No hay ninguna igual, y se nos debe tener en cuenta todos los factores discriminatorios que tenemos a la hora de hacer un itinerario personal”. 

“En muchos casos el medio rural agrava la discriminación” 

Es cierto que en los últimos años se ha avanzado mucho en la reducción de esa “discriminación interseccional”, pero también lo es que queda mucho camino por recorrer todavía. Recientemente, todos los medios de comunicación se hacían eco de la modificación que se ha llevado a cado del artículo 49 de la Constitución Española. Una modificación que va más allá del cambio (ya de por sí esencial) del término “disminuidos”, por el de “personas con discapacidad”, porque por primera vez tiene en cuenta a las mujeres con discapacidad “con nuestras necesidades específicas”, como señala Valencia, reconociendo que por eso es la única en el mundo que “reconoce la discriminación específica por género”. La mujer con discapacidad no está en igualdad ni con el resto de las mujeres ni con el hombre con discapacidad. Por eso, “que se nos nombre en la Carta Magna española es un paso muy importante”. 

Un logro al que hay que sumar la aprobación de la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, “en el que por fin se elimina que sea autorizadas las esterilizaciones no consentidas de las mujeres con discapacidad sin su conocimiento. ¡En pleno siglo XXI que aún se hiciesen estas actuaciones es terrible!”, asegura Valencia.

Y también sería de vital importancia que el año que viene, 2025, fuese considerado como el Año Europeo de las Mujeres y las Niñas con Discapacidad, porque con ese nombramiento se facilita que “se nos vea”, apunta Valencia, que se visibilice la situación en la que se encuentra hoy la mujer con discapacidad. Una mayor visibilidad que debe redundar en políticas y actuaciones concretas para cubrir sus necesidades reales y para facilitar que la mujer con discapacidad sea autónoma y pueda tomar sus propias decisiones, para lo que es necesario “estar activas social y económicamente. Por lo que un Año Europeo de Mujeres con Discapacidad es importantísimo para que las administraciones se den cuenta de la situación en la que estamos y puedan ponerse en marcha políticas adecuadas”. 

Es necesario seguir trabajando

A pesar, como decíamos, de que sí se han reconocido algunos logros en los últimos años, es necesario seguir trabajando en diferentes ámbitos para acercarse lo máximo posible a la eliminación de la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad. Uno de esos ámbitos en los que hay que actuar es el empleo, ya que solo el 20 % de las mujeres con discapacidad en nuestro país tiene trabajo, un 35 % está con empleo o buscándolo, por lo que un 65 % está inactiva, lo que supone “un desperdicio de recursos humanos y vitales impresionantes”.

De ahí que sea necesario seguir trabajando para potenciar las ayudas o bonificaciones a la hora de contratar a una mujer con discapacidad, pero sobre todo hay que trabajar con las mujeres para conseguir su empoderamiento. “Hoy en día el empleo es necesario para ser autónomos y potenciar que las mujeres con discapacidad se formen y tengan su propio trabajo, para gozar de la mayor autonomía posible”, señala la presidenta de CEMUDIS. 

En lo que se refiere al ámbito de la Justicia, reconoce que el acceso a él es fundamental para las mujeres con discapacidad. Acceso no solo cuando se trate de casos de violencia de género, sino también acceso, por ejemplo, a la hora de formalizar divorcios o cuando se llevan a cabo reclamaciones por la vulneración de algún derecho. Porque, como recuerda Valencia, hay algunos casos de divorcios en los que no se le ha dado la custodia de los hijos a la madre por el hecho de que esta tiene una discapacidad. Para terminar con este tipo de situaciones es esencial trabajar “en la formación de los profesionales” sobre la realidad y necesidades de las mujeres con discapacidad. 

Ligado al ámbito judicial, y siguiendo con la necesidad de acceso, es vital que la mujer con discapacidad tenga acceso a los recursos necesarios ante casos de violencia, porque existe una “falta de accesibilidad universal a todos los recursos, e incluso revictimización porque la mujer tiene discapacidad”. En muchas ocasiones, como refiere Valencia, el hecho de que se trate de mujeres con discapacidad “resta credibilidad” al caso o denuncia de una situación de violencia.

“En el ámbito judicial, existe una faltade accesibilidad universal a todos los recursos, e incluso revictimización porque la mujer tiene discapacidad”

La presidenta de CEMUDIS extiende la falta de accesibilidad también al ámbito médico ya que, como explica, existe una “falta tremenda de accesibilidad a la salud sexual y reproductiva, no solo física sino también a la información. Se dan muchos casos en los que a las mujeres que van al médico con unas patologías, se les deriva directamente a una patología psiquiátrica”. Es decir, se produce lo que llama una “psicologización” cuando las mujeres acceden al sistema sanitario. 

Se trate del ámbito que se trate, desde la Confederación reconocen que es necesario que las administraciones públicas diseñen planes estratégicos que sean transversales, pero que deben estar suficientemente dotados económicamente. “Así que es necesario un plan después de un diagnóstico de la situación, pero que tenga recursos, porque si no, no sirve de nada. Es más, es peor porque aún genera expectativas que no se van a cumplir porque no hay recursos suficientes para llevarlos a cabo”, explica Valencia. 

Y también es responsabilidad de todos reducir la brecha discriminatoria que sufren las mujeres con discapacidad. La sociedad en general debe “aceptar la diferencia” porque todos somos diferentes, “y no debemos dar la espalda a nadie”. Para aceptar la diferencia es esencial reforzar la educación en igualdad en los más pequeños, porque de ese modo “tendrán una concepción Inclusiva”. Por tanto, es esencial la educación en igualdad en todos los aspectos, género, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, creencias, religiosas, “en todo es fundamental trabajar en igualdad, pero aceptando las diferencias”, concluye Valencia.

Manifiesto 8M CEMUDIS

Desde la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) y las entidades confederadas (Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía FAMDISA, Asociación AMANIXER de Aragón, Asociación LUNA Castilla la Mancha, Asociación de mulleres con discapacidad de de Galicia ACADAR, Asociación Más Mujer Murcia, Asociación Dones no Estàndars de Cataluña, Asociación de mujeres con discapacidad de Palencia AMUDIS, Asociación extremeña de mujeres con discapacidad AEMDI, Asociación de Mujeres en Movimiento de Valencia), exigen:

• Fomentar la participación social de todas las mujeres y niñas con discapacidad sin distinción.
• Asignar una financiación justa y estable para el desarrollo de programas y actividades que llevan a cabo las entidades asociativas.
• Establecer y promover formación especializada a los equipos socio-sanitarios, equipos profesionales de entidades sociales, así como cuerpos y fuerzas de seguridad, para que sean conocedores de los procesos de intervención con mujeres y niñas con discapacidad, en los que se impulse el bienestar y la autonomía personal.
• Garantizar el derecho a la salud sexual, entendida como un estado de bienestar físico, mental y social que comprende la posibilidad de disfrutar experiencias sexuales sin discriminación, violencia o prejuicios.
• Velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Incorporar indicadores en todos los estudios y estadísticas para dar a conocer la situación de las mujeres y niñas con discapacidad que viven o han vivido violencia en cualquiera de sus modalidades.
• Impulsar la perspectiva de la discapacidad y de género en todos los proyectos subvencionados con fondos públicos que puedan estar relacionados con la violencia contra las mujeres y niñas.
• Garantizar y fomentar una educación inclusiva y adaptada para las niñas y mujeres con discapacidad, incluyendo acciones encaminadas a la erradicación del fracaso y/o abandono escolar.
• Promover un sistema educativo basado en la coeducación que consolide la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad y la inclusión social de todas las mujeres.
• Promover una imagen que se ajuste a la realidad, de forma positiva, de las niñas y mujeres con discapacidad que pueda favorecer la inclusión social del colectivo en todos los aspectos de la vida.
• Reconocer desde los poderes públicos la labor desempeñada cada día por las entidades sociales que promueven la igualdad, dotando de recursos y servicios a colectivos en situación de vulnerabilidad, especialmente a las niñas y mujeres con discapacidad.
• Garantizar la vida independiente y autónoma de las mujeres y niñas con discapacidad.
• Establecer los mecanismos necesarios para facilitar el acceso de las mujeres con discapacidad al mercado laboral.
• Promover y fomentar la participación cultural y el ocio, desde una perspectiva de accesibilidad e inclusión social, para las mujeres y niñas con discapacidad.

Discriminación y medio rural

El medio rural agrava las situaciones de discriminación en muchos casos. Aunque generalizar, como en cualquier aspecto de la vida tiene sus riesgos, parece constatado que en el medio rural “existe un sistema de patriarcado más agudizado”, como señala Valencia. Además de que, en la zona rural, también generalmente, predomina el sector primario sobre los demás, por lo que puede ser más difícil conseguir un trabajo para las mujeres con discapacidad. “Según que tipo de discapacidad se tenga, existe un mayor estigma según el medio rural en el que se viva”, afirma. 

Para evitar esta situación, es necesario seguir trabajando en el acceso a las nuevas tecnologías, por un lado, y seguir trabajando con las familias para que sean ellas las encargadas de potenciar a las niñas y a las mujeres con discapacidad, contribuyendo a “romper estigmas y a normalizar la discapacidad”. 

Aunque pueda pensarse a priori, que, en las zonas rurales, por ser espacios más pequeños donde todo está más cerca, pueda ser más fácil llegar a las administraciones públicas, “existen más barreras mentales, mayor falta de servicios y de recursos, de medios digitales que hoy son tan importantes para acceder a los recursos y a otras personas”, reconoce Valencia.