Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2008), en España hay 1.064.000 personas con distintos grados de sordera, lo que supone el 2 % de la población y el 28 % del total de personas con discapacidad. Un colectivo numeroso que debe ser escuchado, más aún si hablamos de la accesibilidad en el ámbito sociosanitario. Las personas sordas tienen derecho a ser atendidas en igualdad de condiciones y, por tanto, hay que evitar situaciones que generen confusión o ansiedad, así como diagnósticos o tratamientos erróneos. Si bien las personas sordas tienen derecho a contar con un intérprete de lengua de signos para comunicarse con el personal sanitario, en demasiadas ocasiones se ven en la necesidad de recurrir al lápiz y papel o a intentar leer los labios. Para mejorar la comunicación en entornos sociosanitarios, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) propone, por ejemplo, pantallas luminosas que complementen a la acústica, servicio inmediato de interpretación, videointerpretación y, sobre todo, una mayor voluntad de la sociedad para entender y compartir sus necesidades.