Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, fue la protagonista del IV Encuentro BALANCE “Avances en dependencia en Castilla-La Mancha: compromiso presente y futuro”, organizado por Grupo SENDA en Toledo. Durante su intervención, destacó el liderazgo de la región en la gestión de la dependencia y subrayó la importancia de una adecuada financiación autonómica para seguir mejorando los servicios sociales.
En su conversación con Matilde Pelegrí, presidenta del Grupo SENDA, que la entrevistó sobre las cuestiones más importantes para el sector sociosanitario, insistió en la necesidad de una colaboración público-privada para fortalecer el sistema de dependencia y reiteró la urgencia de desbloquear los presupuestos nacionales para garantizar una financiación que permita a las comunidades autónomas mejorar la atención a los ciudadanos.
La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha acogió el 27 de septiembre el IV Encuentro BALANCE “Avances en dependencia en Castilla-La Mancha: compromiso presente y futuro”. Empresarios, representantes de patronales, asociaciones, profesionales del sector sociosanitario y miembros de la administración pública asistieron a este evento, que tenía como objetivo crear puentes para el entendimiento mutuo y la colaboración que permitan afrontar los desafíos comunes.
Durante poco más de una hora, se habló de la situación actual del sistema de atención de dependencia, de la necesidad de financiación compartida, de nuevos modelos de cuidados, de proyectos para la promoción de la autonomía personal y de otros retos de futuro, como la falta de profesionales.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, comenzó haciendo balance de la atención a la dependencia en Castilla-La Mancha. Afirmó que para el Gobierno Regional la dependencia es una prioridad.
En Castilla-la Mancha se ha pasado de atender a 34.698 personas en 2015 a 74.540 en los últimos datos publicados del mes de agosto y de ofrecer 47.160 prestaciones, a llegar a las más de 100.000 actualmente.
Han duplicado los datos, han conseguido un crecimiento del 115 % en prestaciones y beneficiarios. Además, han intentado priorizar los servicios frente a las prestaciones económicas y apostar por la proximidad en los entornos.
Todo este esfuerzo está siendo bien valorado por el Observatorio Estatal de la Dependencia que en su último informe nos ha valorado con la puntuación más alta de un 8,3 sobre 10.
Esta apuesta les ha permitido incorporar 40.000 nuevos beneficiarios en estos años. Y ser, según el Imserso, la tercera comunidad autónoma que resuelve de manera más ágil los expedientes, con 195 desde la solicitud a la prestación.
La receta para conseguir estos logros la resumió García Torijano en “voluntad política”. “Es algo tan simple como cuestión de prioridades, de llevar a cabo el compromiso político aportando recursos y gestionar con buenos profesionales y con una eficaz colaboración público-privada, sin la cual no hubiera sido posible atender de manera adecuada y gestionar de forma eficiente”.
Sobre la colaboración público-privada, la consejera explicó: “La voluntad política no solamente lo ponen los políticos, lo ponemos todos los ciudadanos con propuestas, ideas, caminos, sendas que queremos recorrer. Por eso, lo primero que hicimos fue retomar las relaciones y las comunicaciones con el sector en materia de dependencia para poder fortalecer la comunicación y el trabajo conjunto”.
Castilla-La Mancha presume de tener una ejemplar colaboración público-privada, tanto con las entidades sociales, como como con el sector empresarial, y están convencidos de que deben seguir desarrollando esta colaboración para encontrar no solo fórmulas de colaboración eficaces y estables, sino también la posibilidad de que los servicios que se prestan respondan a las nuevas necesidades de las personas en situación de dependencia.
En la Consejería de Bienestar Social son conscientes de que las respuestas adecuadas y satisfactorias para atender a las personas en situación de dependencia no siempre significan más recursos. Se puede mejorar el buen trato, implicar a las familias, diversificar los servicios, crear entornos de convivencia y, en definitiva, humanizar la atención, etc… “Pero lo que tenemos claro es que parte esencial de la solución es una financiación suficiente y eso, hoy por hoy, no está resuelto”, espetó la consejera.
2012 supuso un punto crítico en el Sistema de la Dependencia con la desaparición del nivel acordado y la reducción de las cuantías que aportaba el Estado al nivel mínimo, “esto ha cargado y lastrado a las comunidades autónomas”, apuntó García Torijano
Por otra parte, consideró justo reconocer el esfuerzo del Gobierno de España a través del Plan de Choque 2021-2023, pero “la situación política estatal no ha permitido que tengamos Presupuestos Generales del Estado (PGE) este año, y no parece una situación fácil para el próximo 2025. Esto ha provocado la congelación del llamado nivel mínimo e incluso la reducción del nivel acordado”.
Este 2024 el Estado aportará tan solo el 28 % del coste de los recursos de dependencia en Castilla-La Mancha, lo que hará incrementar la deuda histórica que el Estado mantiene con esta región y que, en términos acumulados, podría superar ya los 1.000 millones de euros.
En este momento no hay previsiones de mejoras en el presupuesto de dependencia. No obstante, en Castilla-La Mancha confían en que pueda haber buenas noticias en la financiación autonómica o, en su caso, en las negociaciones de cara a los PGE para 2025. No obstante, independientemente de lo que pase en Madrid, “en Castilla-La Mancha tenemos que seguir apostando por el crecimiento y fortalecimiento de nuestra red de servicios de atención a la dependencia”, sentencia.
La atención a la dependencia requiere de unos cuidados intensivos importantes. Las residencias son un recurso adecuado para ello, sobre todo cuando la persona tiene una dependencia moderada o grave. Sin embargo, el sector residencial se ha visto cuestionado a raíz de la pandemia, y parte de este planteamiento subyace en la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, que promueve los servicios de proximidad y atención domiciliaria.
En Castilla-La Mancha cuentan con un buen número de centros residenciales, más de 340, con más de 27.000 plazas, de las que más de 11.700 son públicas y que los sitúan a la cabeza de ratios entre las comunidades autónomas.
La consejera comentó que entiende que “todo es mejorable, pero no se debe confundir las necesidades de mejora con el reconocimiento al buen trabajo que se está haciendo. Sé que es un hilo muy frágil y a veces se presta a malentendidos, pero cuando se habla de desinstitucionalización o del nuevo modelo de cuidados parece que hay una descalificación al trabajo que se está realizando”.
De ahí, sus reticencias y observaciones al Acuerdo de Acreditación del Ministerio y, sobre todo, “porque cualquier cambio de modelo requiere no solo respeto por la situación actual sino acuerdo, asimilación, tiempo y financiación garantizada”, expresó.
En esta línea aclaró que, en Castilla-la Macha, siguen apostando por la atención residencial. “Hay muchas situaciones que, por su complejidad, por la intensidad de cuidados que requieren, por las circunstancias familiares o porque es su elección, siguen solicitando vivir en residencias y nuestro objetivo es que puedan estar felices en las residencias y reciban la atención que se merecen”.
Del mismo modo, señaló que, en la región, tienen como particularidad un recurso para pequeñas unidades de convivencia, como son las viviendas de mayores. Son actualmente 171, (1.679 plazas) las viviendas distribuidas por toda la región y sobre todo en pueblos muy pequeños, pero que están cumpliendo una buena función, no solo para atender su situación de dependencia, sino también para afrontar la soledad no deseada y la permanencia en su entorno. “Nos sentimos orgullosos de tener la mayor red de viviendas de mayores del país y probablemente, del mejor ejemplo de, como se dice ahora, “pequeñas unidades de convivencia”.
Además de la atención a la dependencia, la promoción de la autonomía personal es fundamental cuando se trata del cuidado de las personas mayores. En este sentido, existen iniciativas muy interesantes. Una a las que se hizo referencia en el encuentro fue SEPAP-MejoraT, que precisamente el año pasado recibió el reconocimiento como “Mejor Iniciativa Pública” en los Premios SENDA. SEPAP-MejoraT está implantado en más de 370 municipios (378) de la región, y muchos (38 de los 146) son itinerantes para llegar también a 284 del medio rural. Pero también trabajan con diferentes programas de envejecimiento activo y saludable que realizan desde hace años, como las rutas senderistas, el termalismo o en este momento con la puesta en marcha del turismo social.
El objetivo de Castilla-La Mancha, según anunció García Torijano, es seguir creciendo en este ámbito, seguir desarrollando proyectos o servicios innovadores dentro del Sistema de Atención a la Dependencia para adaptar la atención a las nuevas necesidades. “Entendemos que tan importante como el crecimiento en materia de recursos es ir adecuando estos a las necesidades reales de las personas, teniendo en cuenta también la situación de sus familias, así como sus propias preferencias”, concretó.
En esta línea de innovar, este año han comenzado a desarrollar el Programa de Teleasistencia Avanzada de la mano de Tunstall-Televida. Más de 42 millones de euros para incorporar nuevas tecnologías e inteligencia artificial, así como avances en teleasistencia móvil con geolocalización o sensorización digital (fuego, humo, gas, caídas…). Para ello, estos meses digitalizarán el 95 % de los terminales que van a permitir incorporar 5.000 nuevos usuarios cada año.
También prevén avances importantes en el Programa de Productos de Apoyo “que se irán conociendo en las próximas semanas y que nos situarán, una vez más, en vanguardia a nivel nacional”, adelantó la consejera.
Castilla-La Mancha tiene la segunda mejor ratio de plazas residenciales (públicas y totales) del país y, aun así, entienden que van a necesitar más plazas porque van a seguir aumentando en número de personas en situación de dependencia que van a necesitar atención residencial. “Queremos poner en funcionamiento nuevos recursos de atención residencial en el ámbito rural y que van a suponer 1.000 plazas adicionales”, avanzó García Torijano.
Estos nuevos recursos se están construyendo bajo criterios de espacios adaptados, seguros, confortables, eficientes energéticamente, facilitadores de la convivencia saludable y en los que se facilite la participación y el acompañamiento de las familias y sean facilitadoras de la implantación de modelos integrales de atención centrada en la persona en los que ya estamos trabajando en algunas experiencias en residencias públicas y privadas de la región.
Por tanto, la responsable de Bienestar Social subrayó: “No tenemos dudas de que hay que seguir creciendo al mismo tiempo en cantidad y en calidad, y en esto la colaboración con el sector privado (y también público) es inexcusable. Pero también tenemos que garantizar y hacer sostenible financieramente este modelo. No oculto que se van a necesitar recursos y que no es fácil conseguirlos. Ahora se está hablando del nuevo modelo de la financiación de las comunidades autónomas y yo creo que es la oportunidad de hablar de los criterios y de las características de cada territorio”.
La poblaciíon rural en Castilla-La Mancha es relevante, con 919 municipios, donde viven muchas personas mayores y donde es mucho más costoso llevar servicios para evitar los desplazamientos (también más costosos) y evitar el desarraigo de personas que siempre han vivido en ese entorno.
De esos 919 municipios, el intervalo más representativo son los municipios de menos de 2.000 habitantes, que suponen el 80% del total, en concreto 739, donde tan solo vive el 15% de la población regional.
Son precisamente, estos municipios más pequeños los que más sufren los efectos de la despoblación, es decir, la baja densidad, saldo vegetativo negativo, el envejecimiento, la masculinización o la desertización.
Por eso, en Castilla-La Mancha, “somos pioneros en lucha contra la despoblación, con una Ley y una Estrategia únicas en Europa, y en las mismas el sector residencial es un factor importante”, aseveró García Torijano.
En esta línea, las residencias son, en muchos casos, la principal fuente de empleo y riqueza de los municipios, generan empleo estable y en la zona, crean dinámicas positivas con los proveedores locales y fijan población. “Tenemos el compromiso legal con la ciudadanía de disponer de una plaza residencial a no más de 40 km. del lugar de residencia para evitar, al máximo posible, el desarraigo y promover un desarrollo más equilibrado”, explicó.
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