Reunión de la Mesa de Diálogo Social para la reducción de la jornada laboral.
Hace más de 40 años (1983) que se instauró la jornada de 40 horas semanales. Actualmente, existen determinados convenios colectivos en los que se ha reducido de forma voluntaria. De hecho, la media de tiempo de trabajo en España se sitúa en 38,5 horas. Este año, el Gobierno ha propuesto la reducción de la jornada laboral en dependencia, y otros sectores, máxima legal desde las 40 hasta las 37,5 horas semanales para aplicarla de manera secuencial (38,5 en 2024, y 37,5 en 2025) y con el tiempo y la flexibilidad para que empresas y trabajadores puedan adaptarse. El objetivo es establecer un compromiso entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal, de los cuidados y el ocio.
Desde febrero, que el Ministerio deTrabajo presentó de manera verbal la iniciativa a los agentes implicados, ha habido varias reuniones en la Mesa de Diálogo Social, la última 9 de septiembre, pero no se llegó a un acuerdo. A pesar de ello, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, expresó en rueda de prensa que la reunión había avanzado de nuevo de manera muy positiva y que se había concretado “cuál es el perímetro en el que nos estamos moviendo”. Entre los temas principales que se abordaron estuvieron la reducción de jornada laboral, el registro de la jornada y la desconexión digital.
La siguiente la han emplazado para 19 septiembre. Para este encuentro se pidió a las organizaciones hacer indagaciones con sus centros directivos y comités ejecutivos, y determinar si la propuesta planteada por el Gobierno es oportuna o no para llegar a un acuerdo. “Tenemos la intención de cerrar definitivamente este acuerdo de diálogo social, para que, por fin, los españoles y las españolas puedan disfrutar de una jornada más reducida, que proporcione más bienestar y que les permita conciliar la vida laboral con la familiar, así como ganar tiempo para el ocio y para la vida diaria, en definitiva”, apuntó Pérez Rey.
Los sindicatos consideran que la reducción de la jornada laboral en España beneficiará a casi 13 mil personas trabajadoras del sector privado. “No es solo una necesidad, sino una cuestión de justicia social y un meca- nismo de solidaridad que debe imple- mentarse de inmediato”, sostienen. Según explican, aunque la negociación colectiva ha permitido que esta cifra se reduzca progresivamente, alcanzando una media de 38,5 horas semanales en los convenios colectivos, hay muchos sectores y empresas que no han visto reducido el tiempo de presencia, “generando una competencia desleal y repercusiones negativas en el empleo”. Por lo que subrayan que “hay que equiparar los derechos laborales y establecer un mecanismo de solidaridad para todas las personas trabajadoras”.
Por otra parte, indican que “trabajar menos horas tiene un impacto posi- tivo en la salud física y mental de los trabajadores. La reducción del estrés laboral y el aumento del tiempo libre permiten descansar adecuadamente. Tener más tiempo no solo mejora el bienestar general, sino que también reduce las tasas de absentismo y las bajas por enfermedad. Desde esta perspectiva, también se ven beneficiadas las empresas en términos de costes y continuidad del trabajo”.
Además, al trabajar menos horas se consigue mayor productividad y competitividad. “Creemos que esta medida es una palanca positiva para aquellas empresas que aspiran a competir mejorando el valor añadido y la productividad”, apreció Carlos Gutiérrez, secretario confederal de Estudios y Formación Sindical de CCOO, al finalizar la última reunión antes del verano.
En declaraciones a los medios, los re- presentantes de los sindicatos apelaban a la patronal para que por fin se sume a una negociación de buena fe. Fernando Luján de Frías, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, expresó: “Para nosotros es importante que la patronal se incorpore no solamente a la negocia- ción, sino al siglo XX”. Pero comentó que la notaba bastante inmovilista, cree que la CEOE no se está moviendo lo suficiente.
Los representantes de CCOO y UGT expresaron que los sindicatos están de acuerdo con la primera propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo porque cumple con sus expectativas y con el compromiso del Gobierno con la ciudadanía. Pero matizaron que, ante la posibilidad de llegar a un acuerdo tripartito, podrían ser flexibles y negociar diferentes as- pectos como la flexibilización de la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral o las particularidades en determinados sectores y empresas. “Pero siempre y cuando haya posibilidad de un acuerdo. En caso contrario, nos quedamos con la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo”, apuntaron. Por tanto, es necesario saber la posición de la CEOE antes de avanzar más en la negociación.
La Confederación Española de Or- ganizaciones Empresariales (CEOE) ha mostrado una postura crítica y cautelosa respecto a la propuesta de reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Consideran que no es un tema razonable en este momento y explican que si se recorta la jornada va a haber muchos convenios que se paralicen. Las principales preocupaciones de la patronal giran en torno a los impac- tos económicos y operativos que esta medida podría generar, especialmente en ciertos sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, la agricultura, y entre las pequeñas ymedianas empresas (pymes).
Tener más tiempo no solo mejora el bienestar general, sino que también reduce las tasas de absentismo y las bajas por enfermedad
Desde la CEOE se ha subrayado que una implementación abrupta de esta medida podría causar trastornos significativos, especialmente si se realiza de manera unilateral sin el consenso de los agentes sociales. La organización ha abogado porque la reducción de la jornada laboral se adapte de forma paulatina, sugiriendo un periodo transitorio hasta 2026, o incluso 2030 en algunos casos, para permitir a las empresas ajustar sus operaciones de manera ordenada.
Además, la patronal ha expresa-do su preocupación por la falta de flexibilidad que podría suponer esta reducción, advirtiendo que, sin me- canismos que permitan adaptar los horarios a las fluctuaciones de la demanda, las empresas podrían enfrentarse a mayores rigideces y costes operativos. En este sentido, la CEOE ha propuesto que se permita una aplicación sectorial y flexible de la medida, de modo que los trabajadores puedan aumentar sus horas durante los picos de trabajo y compensarlas en momentos de menor actividad.
La CEOE demanda un enfoque negociado y gradual para la reducción de la jornada laboral, que tenga en cuenta las realidades específicas de cada sector y evite imponer costes y rigideces adicionales a las empresas. Otro punto crítico para la CEOE es la sensación de imposición en el proceso de negociación.
Esta organización considera im- prescindible poner fin a los continuos anuncios de cambios normativos por parte el Ministerio de Trabajo, que deterioran la confianza, implican rigidez y mayores costes y cercenan la capacidad de adaptación al entorno y de autogestión de las relaciones laborales entre empresas y personas trabajadoras a través de la negociación colectiva.
Reducción de la jornada en el sector sociosanitario
La hostelería, el comercio y el cam-po son tres segmentos de actividad en los que más impactaría la reduc-ción de la jornada, ya que cuentan con un mayor volumen de asalariados por encima del nuevo límite legal de jornada. Concretamente, afectaría amás del 96% de los trabajadores de estos sectores. A pesar de ello, el Ministerio de Trabajo no contempla ningún tipo de singularidad por sectores o actividades concretas a la hora aplicar el marco de las 37,5 horas.
El sector sociosanitario, según las organizaciones empresariales, es otro en el que la reducción traería consigo una serie de impactos muy negativos, ya que se trata de un sector esencial que ya se enfrenta a una financiación insuficiente y a grandes retos en la gestión de sus profesio- nales, en cuanto número y cualificación adecuada se refiere.Jesús Cabrera González, res- ponsable de Ne- gociación Co- lectiva Privada y Sectores Sociosanitarios de la FSS-CCOO ex-plica que el sec- tor de atención a la dependencia ofrece una aten- ción 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y la reduc- ción de la jorna- da va a conllevar un aumento de la plantilla.
A ello se suma la falta de profesionales. “En este sector, que está muy feminizado, las condiciones laborales son precarias, no solo por el salario, sino porque las plantillas son reducidas. Esto provoca que resulte poco atractivo, y los trabajadores prefieran trabajar en otros sectores”, reconoce.
Para adaptarse a esta reducción de la jornada laboral, Cabrera González asegura que la Administración auto- nómica (que es la que tiene la competencia) debería considerar cuál es la situación y mejorar la financiación.
De hecho, CCOO apuesta por un Pacto Nacional por la Dependencia que ayude a mejorar las condicionesde los trabajadores de este sector.
En una nota conjunta, varias asociaciones patronales de atención a la Dependencia (Aeste, FED, CEAPs, Grupo Social Lares y Asade) explicaron que la disminución de la jornada laboral, sin un plan de contingencia adecuado, acentuará aún más el grave problema que representa la escasez de profesionales cualificados en el sector.
Actualmente, las entidades de la de- pendencia ya afrontan serias dificultades para encontrar y retener profesionales cualificados. “La reducción de la jornada laboral, aunque pueda ser bien intencionada, no cuenta con apoyo suficiente ni está considerando los graves problemas del sector, profundizando la crisis de capital humano en el sector y poniendo en riesgo la continuidad de los servicios a personas en situación de dependencia”, afirmaron. También destacaron que la implementación de esta normativa implicará un inevitable incremento de los costes de los servicios. “El sector, caracterizado por su intensa demanda de personas, se verá obligado a aumentar sus plantillas para mantener la atención con las nuevas exigencias de reducción de jornada. Lo que supondrá una carga económica adicional inasumible para las entidades”.
Por otra parte, recordaron que el sector sociosanitario opera de manera muy significativa bajo un modelo de gestión indirecta en el ám- bito público. Esto, unido a la ley de desindexación, que impide la revisión de los precios de los contratos durante la vigencia de estos, sitúa a los proveedores del servicio en una posición particularmente vulnerable, que ahoga presupuestariamente los servicios públicos de gestión indirecta impidiendo la adecuación del precio del servicio a esta nueva realidad normativa. “La combinación de es- tas normativas generará una presión insostenible sobre las entidades del sector, dificultando aún más su ca- pacidad para preservar la calidad de los servicios y garantizar su sostenibilidad”, indicaron.
Por último, destacaron que la jornada es una materia central de la negociación colectiva, por lo que entienden que esta decisión invade competencias que son propias del ámbito de la negociación.
Las patronales del sector de la dependencia instan a las autoridades competentes a dialogar con todos los agentes sociales para encontrar soluciones que no comprometan la sostenibilidad de los servicios de atención a la dependencia
Por todo ello, estas patronales del sector instan a las autoridades competentes a reconsiderar la implementación unilateral de esta normativa y a dialogar con todos los agentes socia- les y patronales para encontrar solu- ciones que no comprometan la sostenibilidad de los servicios de atención a la dependencia. Además, consideran fundamental que cualquier modificación normativa venga acompañada de un período razonable de transición y de la flexibilidad suficiente en la gestión de los tiempos de trabajo para poder responder adecuadamente a las singularidades de nuestro sector. “Es imprescindible que se tengan en cuenta las necesidades específicas de nuestro sector para evitar consecuencias adversas que afecten tanto a las personas atendidas como a las entidades prestadoras de cuidados”, concluyeron.
Para el Gobierno es imprescindible que la reforma de la reducción de jornada vaya acompañada de un registro accesible, fiable y transparente de horario de trabajo que cumpla con las exigencias de la Unión Europea.
Los sindicatos están a favor de este registro porque entienden que mejora la posibilidad y las capacidades que se tienen para verificar que se cumplen las jornadas de trabajo en los centros.
Otro aspecto importante que se habló en la última reunión fue sobre la desconexión digital. El Ministerio de Trabajo presentó un documento sobre este aspecto para que los actores presentes en la Mesa de Diálo- go Social lo valoren. Desde los sindicatos aseguraron que los estudiarán técnica y políticamente, pero adelantaron que estarán de acuerdo con cualquier medida que vaya en la dirección de garantizar la desconexión digital de los trabajadores.
En la última reunión de la Mesa de Diálogo Social para la reducción de la jornada laboral, los representes de los sindicatos advertían de cierta pasividad por parte de la CEOE y referían posibles movilizaciones que recogieran “el sentimiento general de la inmensa mayoría de la ciudadanía española”.
Con el objetivo de motivar a la patronal y conseguir un acuerdo tripartito para alcanzar la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas sin que se reduzcan los salarios, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) lanza- ron el lunes 2 de septiembre una campaña para lograr la reducción de la jornada laboral. Asimismo, han acordado un calendario de movilizaciones durante todo el mes de septiembre con un desarrollo creciente en las calles y en los centros de trabajo.
“El mayor impacto en el sector no es el derivado del económico, sino de la falta de profesionales»
El sector de la ayuda a domicilio se enfrenta a gran- des retos actualmente, pero quizás el mayor de todos ellos es la búsqueda y contratación de personal cualificado para prestar los cuidados a las personas que lo necesitan. Si añadimos una reducción en la jornada máxima que los profesionales pueden realizar, esta situación se verá agravada.
La ayuda a domicilio provee a los usuarios de cuidados y atención en sus casas, donde un elemento central es también el acompañamiento. Estar con ellos, conversar y acompañar durante todo el tiempo que sea posible: una, dos, tres horas al día. Aquí no hay elemento alguno de mejora de productividad por el hecho de trabajar me- nos horas, simplemente nuestros equipos de auxiliares podrán disponer de menos tiempo o acompañar a un menor número de personas.
El mayor impacto en el sector no es el derivado del económico sino de la falta de profesionales. Si hubiera una disponibilidad suficiente de candidatos y candidatas dispuestas a incorporarse al servicio, la cuestión se limitaría a exigir a la Administración de una dotación presupuestaria mayor para compensar el impacto económico, pero no es así. Vamos a perder capacidad para atender a las personas mayores y dependientes que quieren vivir en sus domicilios, y eso no se debe medir en términos económicos. Debemos ser conscientes de esta realidad y no caer en el engaño de pensar que con un mayor presupuesto simplemente lo vamos a solucionar.
En las últimas fechas parece que vemos cómo el diálogo ha ido ganando espacio. Pedimos que se consideren las condiciones propias de este sector esencial y que cualquier decisión en este ámbito venga a acompañada de las siguientes medidas complementarias:
“Defendemos el papel de la negociación colectiva para llevar a cabo esa reducción»
Desde AESTE estamos muy pendientes del impacto que podría tener en el sector de los cuidados la reducción de la jornada laboral.
A nivel general, somos contrarios a la reducción de jornada por vía legal. Defendemos el papel de la negociación colectiva para llevar a cabo esa reducción.
El sector de los cuidados se caracteriza por ser intensivo en personas, y cada profesional juega un papel crucial en la prestación de cuidados esenciales a personas mayores dependientes. El impacto que sobre los servicios esenciales tendrá la norma con la que previsiblemente se reducirá la jornada laboral de 40 horas a 37,5 para 2025, dependerá en gran medida de cómo se materialice la misma.
Dando la importancia que requiere al bienestar laboral de las personas que trabajan en el cuidado de personas mayores en España, consideramos vital que cualquier cambio de condiciones, se realice siempre considerando las particularidades de nuestros servicios, por un lado, y atendiendo a nuestras inquietudes y propuestas por otro. Por otra parte, es fundamental que cualquier modificación vaya acompañada de un periodo razonable de transición que nos permita ajustarnos a las necesidades de las personas mayores, así como de la flexibilidad suficiente en la gestión del tiempo de trabajo, pudiendo así responder mejor a las singularidades de nuestro sector.
Las principales demandas que hacemos desde AESTE en caso de que avance la propuesta de reducción de horas son las siguientes:
“Esta medida supone un ataque más a la supervivencia de este sector»
La reducción de la jornada laboral vendría a sumarse a otras dificultades coyunturales y estructurales, que podrían desembocar en una situación crítica en nuestro sector.
A problemas organizativos y estructurales que dimanan de las propias obligaciones contractuales de los contratos en vigor, que exigen una dedicación de las personas trabajadoras superior a la jornada que quiere imponerse. Adicionalmente, sería necesario una búsqueda de nuevas personas trabajadoras para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas, acción tremendamente complicada en nuestro sector dada la escasez de personal.
Por otra parte, el efecto económico supondría un incremento de costes en torno al 5,25%, cantidad que resulta inasumible en nuestro sector intensivo en personas trabajadoras que prestan servicios indirectos a las Administraciones Públicas.
Si finalmente se aprueba la reducción de la jornada laboral, hay que reclamar al Gobierno un ejercicio de corresponsabilidad, en el que renuncie a implantar unilateralmente dicha medida y en el que, en la hipótesis de llevar a cabo la misma, permita expresamente una revisión de los precios de los contratos en vigor ante esta circunstancia que en ningún caso podría haber sido prevista. Adicionalmente, dicha medida atentaría directamente contra la negociación colectiva que se lleva a cabo con los sindicatos, pues supone alterar de facto los términos de los convenios colectivos en vigor firmados en un ejercicio de responsabilidad por todos los agentes sociales.
Los servicios de atención a la dependencia representan más de 16.000 millones de euros de facturación y a más de 250.000 trabajadores y trabajadoras que desempeñan una labor fundamental para el correcto funcionamiento de nuestra sociedad.
Se trata de un sector verdaderamente estratégico para nuestro país, tanto por su importancia en términos económicos, como por su papel de motor social y de desarrollo, pues tiene un marcado carácter vertebrador y cohesionador del territorio.
Esta medida supondría un ataque más a su supervivencia, que se une a las ya existentes de imposibilidad de revisión de precios y la obligatoriedad de asumir prórrogas contractuales.
“Esta reducción de horas planteadas supone un 6% de aumento del coste del servicio»
La estructura de costes de cualquier organización, sea de atención a las personas o de cualquier otro tipo, resulta fundamental. Por ello, los negociadores deben tener cuidado cuando hablan de las acciones, ya que afectan directamente al porcentaje del gasto que después repercute directamente en la persona usuaria.
En este caso, nosotros hemos analizado muy bien qué significa esta reducción de horas planteada, y es un 6% de aumento del coste. Este 6 % de coste nos parece inasumible, por lo tanto, pedimos que siempre que se negocie se tenga encima de la mesa muy claro el porcentaje de incremento de estos costes para lograr la sostenibilidad de un sector tan importante y básico como el de la atención a las personas.
“Si por ‘decretazo’ se baja la jornada, se debe incrementar la financiación»
Estamos de acuerdo con la reducción de la jornada de los trabajadores, pero consideremos que no debería hacerse por «decretazo». Entendemos que es positivo que haya una reducción de la jornada siempre que haya una financiación pública suficiente, que ese es el problema.
Creemos que se deben subir los salarios y reducir la jornada, pero lo tiene que asumir la financiación pública. La Administración Pública tiene una responsabilidad en los servicios para las personas dependientes. Por tanto, si por «decretazo» baja la jornada, tiene que asumir también que tiene que incrementar la financiación. Además, todos queremos que sean los agentes sociales los que negocien esto en el convenio colectivo.
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