Esther Pérez, subdirectora general de Planificación, Ordenación y Evaluación del Imserso; Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, y Mayte Sancho, directora general del Imserso.
Ahora, conscientes de algunas de las carencias que existen en este primer estudio sobre centros residenciales, y que ya adelantó la directora general de Imserso, Mayte Sancho, están expectantes por conocer cómo se va a estructurar el siguiente, que esperan que se convierta en una herramienta útil para abordar los retos de futuro y dar respuesta a las necesidades reales de la población mayor.
La iniciativa de desarrollar un Censo de Centros Residenciales se había iniciado años antes, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Autonomía y Atención a la Dependencia del 2 de diciembre de 2020, y se incorporó al Plan Estadístico Nacional 2021-20124. Comenzó a gestarse en la etapa de Luis Barriga, exdirector general de Imserso. En abril de 2022, se empezó a recopilar los datos, pero se detectaron carencias que no convencieron a Barriga para terminar de lanzarlo.
Con la llegada de Mayte Sancho al Imserso, se retomó el proyecto. La nueva directora general, admite que el estudio tiene defectos, y así lo afirmó durante la presentación oficial: “No es una operación estadística perfecta. Tiene fallos, algunos tan importantes como haber incorporado juntos los grados de dependencia I y II. Pero había que empezar de algún modo. Por lo que más que un atrevimiento, debe entenderse como una declaración de intenciones de engrasar una maquinaria, la de los datos oficiales, que necesita funcionar correctamente si se quiere avanzar en el sector con paso firme y con el respaldo adecuado.
Mayte Sancho parece que se ha tomado en serio el Censo de Centros Residenciales. De hecho, adelantó que ya tienen cerrado el borrador del próximo cuestionario que se va a enviar en otoño. Y confía en obtener resultados más fiables en la próxima operación.
La directora del Imserso comentó que están valorando la posibilidad de repetir esta operación estadística cada uno o dos años. Tal y como expresó, su deseo es “que este sea el comienzo de una larga historia, que podamos disponer de un mapa de recursos, en el que próximamente se incorporen los centros de día y los servicios domiciliarios”.
“El Imserso ya tiene cerrado el borrador del próximo cuestionario que se va a enviar en otoño”
Este documento tiene como objetivo mejorar los problemas de acceso a datos que aporten información de calidad sobre los centros residenciales de España -tanto de centros residenciales dirigidos a personas con discapacidad como de aquellos dirigidos a personas mayores-, su cuantificación, su régimen de funcionamiento, su capacidad y el personal de que disponen para llevar a cabo sus funciones.
Durante el evento de presentación, la secretaria Martínez aseguró que este ejercicio estadístico permitirá que trabajen con datos y con información y “poner luz en un ámbito que han permanecido, en ocasiones, demasiado a la sombra, lo que dificulta el conocimiento sobre la situación de la atención residencial en nuestro país y, por tanto, la toma de decisiones al respecto”.
Según la secretaria de Estado, “los datos nos van a hacer comprender mejor las problemáticas a las que nos tenemos que enfrentar, así como las fortalezas y las buenas prácticas existentes, lo que permitirá avanzar hacia políticas públicas basadas en la evidencia”.
“Este ejercicio estadístico permitirá que se trabaje con datos y se ponga luz en un ámbito que han permanecido, en ocasiones, demasiado a la sombra”
Los representantes del sector sociosanitario están de acuerdo en lo relevante que es tener un censo preciso y fiable porque están comprometidos con la transparencia y la información de calidad y siempre en beneficio de la persona usuaria. Y se han ofrecido para asesorar y apoyar al Imserso en la elaboración de la nueva encuesta con el fin de que se extraigan los datos más interesantes para conocer el sector.
Conclusiones del informe
La información que se extrae de este censo no ha resultado muy novedosa para el sector. Está muy en la línea con los datos que ya conocían, y en muchos casos confirman la idea de la necesidad de apostar e invertir más en el ámbito de la dependencia y la discapacidad. Según el informe, el sistema residencial en España está compuesto por 6.831 centros residenciales, el 76% dirigido a personas mayores, el 21% dirigido a personas en situación de discapacidad y un 3% mixto.
En el caso de centros dirigidos a personas mayores, el 75% de los centros residenciales son de titularidad privada, frente al 25% de titularidad pública.
Según los modelos de gestión, el porcentaje de centros con titularidad y gestión pública es muy parecido en cualquiera de los dos ámbitos analizados; un 14% de los centros dirigidos a personas mayores frente a un 13,7% en aquellos centros dirigidos a personas con discapacidad.
El sistema residencial ofrece 381.514 plazas distribuidas entre 5.188 centros dirigidos a personas mayores y 49.435 plazas repartidas en 1.455 centros dirigidos a personas con discapacidad. Eso implica una media de 73,5 plazas por centro en los dirigidos a personas mayores frente a una media de 34 plazas por centro en los dirigidos a personas en situación de discapacidad.
En el ámbito de las personas mayores, el 63% de los centros acumulan un tercio de las plazas del sistema y tienen un tamaño inferior o igual a 75 plazas. La mitad de estos centros ofrece servicios de proximidad (51,6%) у de estos, un 39% ofrece el servicio de centro de día.
Por otra parte, el porcentaje de habitaciones de uso individual es del 43,2% y las habitaciones de uso doble 55,6%. En relación con el perfil de los residentes, en los centros de personas mayores el 70% de las personas que residen son mujeres, y el 75% tiene 80 o más años. Con respecto a los trabajadores, más del 95% es personal de plantilla y el 86% son mujeres. Además, el 57% del personal corresponde al primer nivel de atención, el más próximo al usuario, lo que da una ratio de 0,36 trabajadores de primer nivel de atención por residente.
Las voces más críticas
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha sido muy crítica con el censo presentado por el Imserso, sobre todo respecto a la rigurosidad de los datos aportados. En una nota de prensa planteaban la incertidumbre que genera la base de datos sobre la que se ha trabajado. Según indican, el informe no explica cómo se elabora esa base inicial y cómo se depura.
Por otra parte, se observan contradicciones en los datos que se aportan sobre el número de residencias que existe en España. “El censo estima que había 5.188 residencias de mayores en 2022. Sin embargo, toda la información que aporta se refiere a 4.396 centros. Del resto, 792 centros, sólo se conoce que “son de mayores” y su titularidad; pero no aportan más datos, lo cual, y vista la depuración inicial, nos permite dudar de si realmente hay 5.188 centros residenciales de mayores o si no son tantos”, sostienen.
Además, en sólo cuatro meses, dos informes oficiales, ambos en la misma página de Imserso, ofrecen cifras muy dispares. Con fecha 31 de diciembre de 2023, el Imserso publicó su Informe sobre servicios sociales dirigidos a personas mayores afirmando que, a final de 2022, había en España 5.430 residencias de mayores. Es decir, 242 residencias más.
En cuanto al número de plazas, el censo constata 323.272, pero la cifra final que ofrece asciende a 381.514 plazas, como resultado de sumar una estimación de las plazas de los 792 centros que no han aportado información (multiplicando este número por 73,5, que es la media de plazas por centro de aquellos que respondieron al cuestionario). “No parece que tenga demasiado rigor una cifra que se incrementa en un 18% en base a una estimación, tratándose de un Censo enmarcado en el Plan Estadístico Nacional”, advierten.
Asimismo, en el mencionado Informe de los Servicios Sociales dirigidos a las personas mayores, el número de plazas asciende a 398.575, es decir, 17.061 plazas más. Y esta diferencia es especialmente acusada en algunas comunidades autónomas. Por tanto, consideran que estas cuestiones deben ser resueltas.
El primer Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales en España marca un hito significativo para el sector sociosanitario, proporcionando una base de datos oficial que permitirá un análisis más riguroso de la situación actual de las residencias. Este documento, aunque imperfecto, es un paso crucial hacia la transparencia y la mejora en la planificación y gestión de recursos. No obstante, las críticas subrayan la necesidad de mayor precisión y coherencia en los datos. La directora general del Imserso, Mayte Sancho, ya trabaja en una versión mejorada del cuestionario, anticipando resultados más fiables en el futuro. Con la ambición de repetir este censo cada uno o dos años, se vislumbra una oportunidad para que el sector evolucione con políticas públicas basadas en evidencia sólida, abordando así los retos de una población cada vez más envejecida y con mayores necesidades de atención.
La opinión del sector
Josune Méndez, secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste)
«El siguiente censo debe ir más allá y convertirse en una herramienta útil para la planificación y el abordaje de los retos del futuro»
Es fundamental para el sector de los cuidados disponer de un censo fiable y preciso que recoja los recursos residenciales disponibles para mayores en todo el territorio y que permita, por tanto, acceder a una fuente de información de referencia.
Así, desde AESTE valoramos de una manera muy positiva, la creación del Censo de Centros Residenciales de atención a personas mayores, suponiendo este, un gran avance en la compilación de información muy relevante para el sector, de cara a afrontar el reto demográfico que afrontamos como sociedad.
No obstante, en mi opinión, parece poco razonable que no podamos tener claro, tanto el número total de centros, como el número de plazas residenciales que hay actualmente en España, generándose por tanto una gran inseguridad, algo que resulta preocupante tratándose de un censo enmarcado en el Plan Estadístico Nacional.
Preocupa también, la falta de concordancia de algunos de los datos presentados, con informes publicados recientemente por el Imserso. Entendemos que, para que este trabajo sea verdaderamente útil y tenga impacto, debe generar la suficiente confianza, para lo que es fundamental, que se lleve a cabo con el rigor que requiere.
Somos conscientes, también el propio Imserso, de que existen aspectos que deben ser depurados, y que seguro se tendrán en cuenta para futuras versiones.
Teniendo en cuenta las carencias anteriormente destacadas, para la próxima encuesta, pondría el foco en la importancia del rigor a la hora de tratar y mostrar los datos, por un lado, y la agilidad en su análisis tras la recogida de estos por otro, para no demorar en exceso su publicación y poder manejar datos lo más actualizados posible.
Por otra parte, el informe debe poder responder con claridad a la cuestión de si el número de plazas residenciales existente es suficiente o no para responder a la demanda, algo que no se produce en la actualidad, habida cuenta de la contradicción que se evidencia entre el número de personas con gran dependencia o dependencia severa que se encuentra a la espera de plaza, y el número de plazas residenciales vacías que se muestra.
De cara al siguiente censo, vemos necesario por tanto ir más allá, para que este, pueda convertirse en una herramienta útil para la planificación y el abordaje de los retos del futuro; de otra manera, acabará perdiendo el interés suscitado de inicio.
Aun siendo un dato ya conocido por esta asociación, destacamos el hecho de que el 73,7% de los centros residenciales dirigidos a personas mayores sean de titularidad y gestión privada. En este sentido, una vez más se pone de manifiesto la importancia de la colaboración público-privada para la sostenibilidad del sector, convirtiéndose el sector privado de los cuidados en elemento clave para poder dar respuesta a la creciente demanda de este tipo de recursos. Subrayamos también que casi el 75% de las personas mayores usuarias de residencia tienen 80 o más años, lo que evidencia las necesidades crecientes de una eficaz coordinación sociosanitaria.
“Estamos comprometidos con que la información se haga con transparencia y siempre en beneficio de la persona usuaria”
Este censo público es importantísimo. De hecho, es una anomalía que no se haya publicado hasta el 2024. En la Mesa de Diálogo Social, a mediados de 2020, coincidimos y propusimos su creación, ya que es fundamental la existencia de recursos donde se encuentren todas las residencias recogidas con sus formas de contacto, para poder acceder a ellos de manera rápida.
Es verdad que se hizo en un momento muy complicado. Pero en el sector estamos muy comprometidos porque la información se haga con calidad, con transparencia, y siempre en beneficio de la persona usuaria. Es verdad que hay cosas que mejorar, pero es el camino.
Lo que realmente me preocupa no es la titularidad de los centros, porque una plaza concertada se paga lo mismo, sea la titularidad pública, sea la titularidad privada, lo importante es la financiación. Tiene que ser muchísimo más alta, porque el problema es que muchas personas no tienen servicio y mueren sin haber recibido el servicio que se merecen.
En el próximo estudio añadiría todas aquellas cosas que realmente le interesan a la persona mayor. Cuando la persona está en una situación de vulnerabilidad, lo que quiere es tener acceso a los recursos de manera rápida y sencilla. Lo que quiere es proximidad, son ayudas públicas y conocer todo lo que está a su servicio.
Por tanto, yo creo que deberíamos dar respuesta a todo lo que piden. Que el censo también sea una plataforma de servicios integral que recoja desde las residencias, como los centros de día, el transporte adaptado, la teleasistencia o la ayuda a domicilio.
Tenemos que conseguir que, en esta plataforma, se pudiera dar salida también, por ejemplo, a la oferta de los profesionales. Que se diese respuesta a esos profesionales que ahora están dentro de la economía sumergida de los servicios domiciliarios y que es prácticamente el 90%, y se logre un empleo estable, acabando con la economía sumergida y dando garantías tanto a los profesionales como a las personas usuarias.
Necesitamos un mínimo de 1.000 millones para poder aumentar el ayudar a las comunidades autónomas a que se produzca un aumento de las tarifas, porque si no estamos en una situación realmente crítica. En CEAPs estamos trabajando a nivel de las comunidades autónomas para conseguir todas las mejoras posibles, pero nos dicen siempre lo mismo: es necesario el incremento estatal. Aunque nosotros seguimos luchando porque la prioridad es la dignificación de los profesionales, los derechos de las personas más vulnerables y de las familias.
Para mejorar el sistema, lo primero es eliminar las desigualdades. Comenzando con la existencia del doble IVA con dependencia de quién pague. Si la persona paga el servicio de manera privada aporta un 10% de impuesto. No es lógico que dos personas por la misma cama, en el mismo centro, recibiendo los mismos servicios, tengan que pagar una media de 1.512 euros al año más en España en impuestos que otros. No es justo.
“Nos gustaría que nos compartieran los datos en sí. Lo que nos han mandado es un estudio y análisis de los resultados”
Queremos manifestar nuestra satisfacción por tener ya un censo de las residencias que hay en nuestro país, a pesar de que sea a 21 de diciembre de 2022, pero según dicen estará en permanente actualización. Por tanto, mostramos una gran satisfacción porque por fin tenemos datos oficiales de lo que representa nuestro sector. Por otro lado, esto nos da más visibilidad como sector. El sector de la dependencia tiene unas cifras muy impresionantes y es muy bueno que se visibilicen las dimensiones de un sector tan importante para la sociedad.
Sin embargo, sobre el censo, nos llama la atención que determinados datos que han pedido en la encuesta son fotos fijas de un momento concreto que es volátil en su evolución a medio y corto plazo.
Nosotros consideramos que el dato de 92.700 plazas vacías en residencias privadas es imposible, ya que, mayoritariamente, las residencias están llenas. Según nuestros estudios, existen entre un 5% y un 8% de plazas privadas vacías lo que supondría un máximo de 24.000 plazas.
A nosotros nos gustaría que nos compartieran los datos en sí, ya que lo que nos han mandado es un estudio y análisis de los resultados. Para cualquier gestor y para cualquier familia, nos vendría muy bien conocer en una localidad, en concreto, qué oferta residencial y de centros de día tiene a su alcance.
Como acredita el propio censo, el sector privado es mayoritario. Estamos en un 75% frente a un 25% y no nos sorprenden estos datos porque es lo que llevamos manifestando desde hace muchos años. Y, además, creo que es una buena noticia que el sector privado gestione predominantemente las plazas de residencia, como también de centro de día y de ayuda domiciliaria, por una cuestión de costes.
Claramente, se sigue demostrando que hay una financiación insuficiente. Si hay un derecho conferido universal y subjetivo, no estamos llegando a atender a todas las personas a las que debemos y, por tanto, sigue existiendo un déficit de plazas muy importantes. En este estudio se pone de manifiesto un déficit de 30.000 plazas. Nosotros tenemos estudiado que ese déficit alcanza las 75.000.
El objetivo de este gobierno es alcanzar el 50% del coste de la dependencia conjuntamente con las comunidades autónomas: 50 el Estado y 50 las comunidades autónomas. Actualmente, el Gobierno aporta un 26%, por tanto, tenemos un gran margen de mejora. El Imserso hizo también un estudio que cifraba en 240.000 el número de nuevos profesionales que serían necesarios de aquí a 2040. Tenemos un problema como país y esto es responsabilidad de todos. Necesitamos que se desarrollen políticas activas de empleo. También hay que revisar la falta de indexación y el Plan de choque porque no está llegando a dar respuesta en tiempo y forma. Falta constituir una mesa de diálogo social para debatir junto con las Administraciones Públicas y los sindicatos un mapa de servicios y centros, ante la mayor demanda futura que va a llegar.
“Hay necesidad de una verdadera coordinación y claridad sobre los datos que afectan a los centros residenciales”
Todo lo que sea tener información fidedigna de y sobre los centros residenciales es tremendamente importante y necesario. La transparencia es uno de los valores que nos deben definir y que tenemos que llevar a cabo en nuestra vocación de cuidado hacia las personas mayores. Eso nos corresponde a los centros residenciales. A la Administración Pública le corresponde tener toda la información, custodiarla y actualizarla de manera periódica. Pero no sólo para ella, sino para el acceso de cualquier persona que quiera tener información sobre todos y cada uno de los centros que conforman una provincia, una región o nuestro país en conjunto.
El censo cuenta con carencias, y ya ha habido opiniones contrastadas que las han indicado, empezando por la directora general del Imserso que dio aviso de ello y advirtió de una próxima edición en diciembre que las actualizará.
Estas incorrecciones ponen de manifiesto, por un lado, la necesidad de que, desde el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Autonomía y Atención a la Dependencia, exista una verdadera coordinación y claridad sobre los datos que afectan a los centros residenciales. Y, por otro, la poca capacidad del Imserso para ejercer el liderazgo ante las comunidades autónomas, ya que no ha podido obligarlas a ordenar estos datos –años ha habido- y “certificar” la validez de estos en el censo.
Por último, hay que señalar que la recogida de la información ha sido “cruzada” mediante un cuestionario web enviado a “todos” los centros destacando una diferencia entre la base original de la que disponía el Imserso de 8.144, frente a los 6.831 que resultan tras discriminar los que no son considerados residencias, estaban duplicados o habían cesado su actividad. Si a esto le añadimos que sólo han contestado el 84,5 % de los encuestados (aunque parezca una cantidad suficiente, no lo es puesto que deberían haber contestado el 100%) y que de ellos –es decir de los 6.831 centros-, 1.060, no han contestado al cuestionario completamente… pues mal empieza el asunto.
El Imserso ya tiene lista la próxima encuesta, por lo que es importante depurar los errores del presente y tenerlos cotejados y verificados para diciembre. A partir de ahí, es cuando el Imserso y los miembros del Consejo Territorial deben valorar qué más datos se pueden incluir para censos posteriores. Desde LARES estaremos encantados y nos ponemos a su disposición para facilitarles sugerencias.
Pretender que de un censo podamos extraer conclusiones para mejorar el Sistema de Dependencia de este país, me parece insuficiente, toda vez que sin el censo tenemos meridianamente claro qué se precisa para mejorarlo: Recursos. Ya humanos, ya económicos. Desde LARES, entendemos que nuestro país precisa un Pacto Nacional por la Dependencia que a margen de intereses partidistas y temporales sea capaz de unificar la atención y cuidado que precisan estas personas para evitar las desigualdades que en la actualidad existen dentro de nuestras comunidades autónomas.
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