Equiparación del IVA: Retomando una propuesta histórica

Actualmente, un 3,3% de la población española está en situación de dependencia reconocida, por lo que necesita ayuda, en mayor o menor medida, para desarrollar sus actividades básicas de la vida cotidiana. Sin embargo, más de 320.000 de estas personas se encuentran en el “limbo de la dependencia”, es decir, están esperando a que les concedan un recurso o servicio para el cuidado. Y, mientras llega ese momento, hay muchas familias que tienen que recurrir a servicios privados para gestionar los cuidados de la persona mayor. ¿Sabías que esta decisión les supone un sobrecoste anual de 1.520 euros? ¿Sabías que pagan un 6 % más de IVA que si esperan a que se les conceda el servicio público o concertado? Pero ¿se puede o se debe esperar? Esta es la injusticia que denuncia de manera histórica el sector de la dependencia y que se retoma de la mano de un manifiesto que solicita equiparar al 4% el IVA de los servicios de dependencia. Este manifiesto requiere de 500.000 firmas para ser trasladado al Consejo de los Diputados.

“Es una gran causa”. Así inició su discurso la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPS), Cinta Pascual, en la presentación de la iniciativa para solicitar la equiparación del IVA al 4% a todas las personas mayores usuarias de servicios de dependencia:  residencias, centros de día, atención domiciliaria, teleasistencia. Un reclamo ante la “injusticia histórica” que sufren las personas mayores, las personas dependientes y sus familias, obligadas a pagar un 10% de IVA si contratan el servicio de forma personal mientras que, por un idéntico servicio concertado o público, tributarían al 4%. Ese 6% más de IVA les ocasiona pagar de media un sobrecoste anual de 1.520 euros. Contra esta situación, representantes de más de 5 millones de personas suscriben un manifiesto para exigir al Gobierno la eliminación del doble IVA en los Servicios Sociales.

Con la equiparación del IVA al 4%, se respeta el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, pero “también se mejora la recaudación del Estado y crea un número elevado de nuevos empleos y de recursos asistenciales”, explicaron. 

El manifiesto es importante por “justicia social”, porque “es un derecho universal” y porque “beneficia a los mayores dependientes y a la economía del país

Actualmente, se aplica el tipo superreducido del 4% a los servicios de teleasistencia, de ayuda a domicilio (atención a las necesidades del hogar y cuidados personales), de centro de día y de noche y de atención residencial, únicamente cuando se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 10% de su precio, en aplicación, en ambos casos, de lo dispuesto en la normativa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

  Por tanto, cuando estos servicios se prestan en régimen privado no concertado no resulta de aplicación el tipo superreducido del 4%, sino que se aplica el tipo del 10%. Esto implica que un mismo servicio puede tributar a dos tipos de gravamen diferentes, en función de quién lo presta o financia. “No tiene explicación que un mismo servicio, prestado en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente y que la atención a la dependencia sea considerada un lujo cuando es un servicio de primera necesidad”, sostuvo la presidenta de CEAPs.

De este modo, los consumidores que eligen recibir estos servicios de centros privados, o no tienen más remedio que acudir a estos servicios de centros privados porque, a pesar de tener reconocido el grado de dependencia, están a la espera de que se les asigne un recurso, son penalizados con 6 puntos porcentuales más de impuesto, a pesar de que la naturaleza de los servicios es la misma. Esa diferencia del 6% del IVA ocasiona un “grave perjuicio” a gran cantidad de usuarios, que se ven obligados a pagar de media un sobrecoste anual de 1.520 euros. 

Asimismo, dadas las plazas limitadas de acceso a estos servicios cuando se prestan en centros públicos o de régimen concertado, los consumidores de estos servicios se ven obligados a pagar un sobrecoste de IVA por acudir a un centro privado. Es un trato discriminatorio para estos consumidores.  

“Resulta especialmente injusto para esas más de 320.000 personas que, por “ineficacia del sistema público”, se encuentran sumidas en el ‘limbo’. Mientras esperan a que la administración resuelva su expediente y le conceda una plaza pública o concertada o una PEV (Prestación Vinculada al Servicio), se ven forzados a pagar de su bolsillo el 100% del precio de una plaza privada y, además, se ven doblemente penalizadas, al tener que abonar un 10% de IVA”, insistió Cinta Pascual.  

Representantes de más de 5 millones de personas suscriben este manifiesto para exigir al Gobierno la eliminación del doble IVA en los Servicios Sociales

Por estos motivos se debería dar una nueva redacción al artículo 91. Dos.2.3º de la Ley del IVA, a efectos de extender la aplicación del tipo superreducido del 4% a todos estos servicios, con independencia de la condición del prestador. 

El artículo 91.Dos.2.3º de la Ley del IVA expone: “Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 10 por ciento de su precio, en aplicación, en ambos casos, de lo dispuesto en la Ley. Lo dispuesto en este número 3.º no se aplicará a los servicios que resulten exentos por aplicación del número 8.º del apartado uno del artículo 20 de esta Ley”.

La redacción que se propone es la siguiente: “Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Lo dispuesto en este número 3.º no se aplicará a los servicios que resulten exentos por aplicación del número 8.º del apartado uno del artículo 20 de esta Ley”.

Una propuesta histórica

Esta no es una iniciativa nueva, ya en 2009 el sector comenzó a movilizarse para acabar con esta injusticia. “Cuando empezamos a negociar con los partidos políticos se sorprendían porque no entendían la solicitud, ya que a las empresas no nos influye el IVA, pero nosotros trabajamos para personas y creemos que estas personas deben tener un IVA más bajo”, aseguró Cinta Pascual. Finalmente, se consiguió el 4% para las prestaciones vinculadas al servicio, que era la primera fase del acuerdo que se alcanzó con el Gobierno. El siguiente paso, que era la reducción del IVA en el resto de los servicios quedó paralizado, y no se volvió a retomar, a pesar de la relevancia que tiene para el sector. Pero, “ahora, es el momento”, consideró la presidenta de CEAPs. 

Las razones que dan peso a esta propuesta de equiparación del IVA son las siguientes:

• Por justicia social. Porque no tiene explicación que un mismo servicio, prestado en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente. El servicio se grava con un IVA del 10%, salvo que la plaza sea concertada en cuyo caso se aplica un tipo de gravamen reducido del 4%. Muchas familias no pueden esperar una decisión de la administración que les asigne una plaza pública o concertada o una PEV (Prestación Vinculada al Servicio). Se ven obligadas a acceder durante este tiempo de espera a un recurso privado. Estas personas se ven doblemente perjudicadas: pagan la totalidad del precio (en las plazas públicas o concertadas existe un copago) y pagan un 6 % más de IVA que lo que pagaría una plaza pública o concertada. En el año 2023, el precio medio de una plaza privada para personas mayores en España era de 1.990 euros al mes (en función del territorio debido a las grandes desigualdades que se plantean). La pensión media, en el mismo ejercicio de 2023, fue de 1.398 euros mensuales.

• Porque es un derecho universal. La Ley 39/2006 (LAPAD) establece como uno de sus principios la universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos en la propia Ley. No se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando éste se ve obligado a contratar un servicio privado por ineficacia del sistema público. La falta de plazas públicas y el largo periodo de tiempo que pasa desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se otorga un servicio o prestación (una media de 321 días de media en 2023) obliga a muchas personas con necesidades asistenciales a optar por una plaza no concertada debiendo asumir un 6% más de IVA que el resto. 320.468 personas se encuentran en el “limbo de la dependencia”. La atención a la dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién lo preste. Es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4%, al igual que otros servicios básicos.
• Porque beneficia a los mayores dependientes y a la economía del país. Teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo derivada de los elevados costes de elementos básicos como la luz y los productos alimentarios, igualar el IVA al 4% sería una forma de aliviar la situación de muchos dependientes que hoy pagan por el efecto del IVA más de 1.512 euros anuales de media. Además, las personas que necesiten cuidados y sus familias tendrán menos reparo en acudir a servicios profesionales, lo que conllevará una mejora en la ocupación de los centros, se producirán nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones, y se reducirá el número de parados de una forma directa consiguiendo así un ahorro en las prestaciones por desempleo.

Una disminución del tipo al 4% no solo respetará el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, sino que mejorará la recaudación del Estado y creará un número elevado de nuevos empleos y de recursos asistenciales. Por cada dos usuarios se produce aproximadamente una contratación, incorporando perfiles con alto riesgo de exclusión laboral como mujeres de mediana edad y con formación profesional básica. Es un empleo estable y no deslocalizable.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están parados, pero esa no puede ser una excusa para no avanzar. Para eso existen las modificaciones de crédito

Esta petición se sustenta en el informe La atención residencial en el marco de la Dependencia en España, que ha sido coordinado por Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, y Ester Brullet, economista BNFIX PICHTAX Legal Audit.

Según este estudio, el sector de atención residencial se configura como uno de los “más dinámicos dentro del sector servicios, lo que, unido a la necesidad de ampliar su dimensión, implica la necesaria creación de muchos puestos de trabajo. Así, si el gasto alcanzase el 1,65% del PIB (como en la media de la OCDE) y considerando que se generan 41 empleos por millón de euros invertidos, estaríamos hablando de algo más de 900 mil empleos totales, lo que supone triplicar los existentes. Eso sin contar, los nuevos requisitos de profesionales por plaza establecidos en el acuerdo de Acreditación.

Más allá del IVA

Vivimos en un país que puede convertirse en pocos años en el más longevo del mundo, lo que supone un reto inmenso. “Y no nos tenemos que conformar con pedir el IVA reducido, también hay que exigir mayor financiación”, concretó Cinta Pascual.  

La dependencia es costosa, pero es que lo que el Gobierno aporta es muy poco, explicó. Actualmente, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están parados, pero esa no puede ser una excusa para no avanzar. “En Sanidad se emplean las modificaciones de crédito ¿por qué en Servicios Sociales no se puede hacer lo mismo? ¿No se merecen las personas dependientes que se haga ese esfuerzo?”, se preguntó la presidenta de CEAPS.

Para que se produzca esa modificación de crédito, Cinta Pascual apuntó que solo se precisa voluntad política. En cuanto a la cantidad, “la necesaria para garantizar cuestiones tan importantes como la sabida de los sueldos. No puede ser que los sueldos de nuestro sector, de los profesionales que cuidan a las personas mayores, sean de los más bajos de España. Esto no es correcto”. No obstante, se estima que sería de más de 4.500 millones.

El siguiente paso

Actualmente, el manifiesto que solicita la equiparación del IVA al 4 % está a disposición en todas las residencias de España para que familiares, usuarios y trabajadores pueden firmarlo, contribuyendo a obtener las 500.000 firmas. Este objetivo, según la presidenta de CEAPs, “es relativamente fácil, porque somos muchos centros de día, residencias y otros servicios. Además, el manifiesto está respaldado por todas las asociaciones de mayores, las patronales (tanto nacionales como autonómicas) y prácticamente todas las personas, que, por responsabilidad o corresponsabilidad, tienen un poco de sensibilidad con los servicios de atención a la dependencia”.

Una vez esté listo, el manifiesto se presentará en el Congreso de los Diputados. 

Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED)

“Desde FED llevamos mucho tiempo reivindicando que es necesario equiparar el tipo de IVA que actualmente estamos cobrando para evitar una discriminación. Por el mismo servicio repercutimos un 4% para las personas que disfrutan de una plaza concertada o a las que reciben una prestación económica vinculada al servicio y a las Administraciones públicas. Pero, sin embargo, a las personas a las que atendemos y lo hacen de forma privada porque entre otras cosas no les han concedido la ayuda del SAAD, les cobramos por el mismo servicio un 10% de IVA. Es un auténtico sinsentido, especialmente en casos de personas que están en listas de espera y que no pueden esperar una decisión de la administración que le asigne una plaza pública o concertada o una PEV (Prestación Vinculada al Servicio).

En este caso es doblemente injusto ya que mientras tienen que acudir al mercado privado, están pagando íntegramente el servicio sin subvencionar y además pagan un 6% más de IVA, un sinsentido total que hay que ponerle fin de manera urgente”

Josune Méndez, secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE)

“AESTE se adhiere al manifiesto y hace suya la reivindicación. Es una reivindicación que se está trasladando desde AESTE también desde hace mucho tiempo. Se están soportando dos tipos de IVA para servicios de residencia que son idénticos, en función de quién presta el servicio o quién lo financia. Bajo nuestra opinión, esta situación penaliza especialmente a las personas que, a pesar de tener la dependencia reconocida, no tienen recurso asignado aún, pero necesitan de estos servicios y acuden a la oferta privada de los mismos. Compartimos la idea de que debería aplicarse el 4% de IVA a todos los servicios con independencia de la naturaleza del prestador. Con esta reivindicación nos queremos posicionar al lado de los usuarios y familias que se ven obligadas a asumir este coste añadido del servicio, lo que supone una discriminación para ellas bajo nuestro punto de vista”.

Antonio Molina, secretario general de LARES

“Aunque a Lares no nos afecta, apoyamos la iniciativa, porque nos parece de justicia y, sobre todo, porque se traduciría en una ventaja para las personas mayores y dependientes, que es lo más importante. No nos parece aceptable que este tipo de servicios persiga objetivos de recaudación fiscal”.

OPINIÓN DEL SECTOR

María José Álvarez, directora de Círculo Empresarial de Cuidados a Personas (CECUA)

“En el cuidado de las personas no debe haber distinciones por la igualdad de trato” 

Santiago Cosculluela, presidente de la Asociación Aragonesa de la Dependencia (ARADE)

“El IVA superreducido hace más accesible nuestro servicio esencial, especialmente a los sectores más vulnerables”

Leonardo Díaz, presidente de la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (ASCEGE)

«Cuidados dignos, IVA justo: por una sociedad más igualitaria» 

José Manuel Guzmán, presidente de Grupo M – Servicios Sociales Integrados de Canarias

“Que los Servicios Sociales sean los únicos que tengan un doble IVA supone una doble discriminación: porque son la base del Estado de Bienestar y porque afectan a las personas que están en situación de máxima vulnerabilidad”

Montse Llopis, directora general de la Associació Catalana de Recursos Assistencials

“IVA al 4% en dependencia: ¡por igualdad, por justicia social. Hoy en día existen dos tipos de IVA: uno al 4% para las personas que utilizan recursos asistenciales con financiación pública y otro al 10% para las personas que no han podido acceder al sistema y que tienen que ir al sector privado. Pedimos que se acabe con este doble IVA porque supone un trato discriminatorio e injusto. Si todas las personas son iguales, todas deben tener los mismos derechos”. 

Juan Carlos Vereda, presidente de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad en Castilla-La Mancha (ARTECAM) 

“Un derecho de todos no puede ser discriminatorio”

Diego Juez, presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (ACALERTE) 

“Es ofensivo para los mayores recibir un mismo servicio y un IVA distinto”

Pilar Ramos, presidenta de la Asociación Madrileña de la Dependencia (AMADE)

“Es inaceptable que, en un sector tan sensible como el de la atención a la dependencia, exista una discriminación fiscal que penaliza a los usuarios más vulnerables. Exigimos al Gobierno que elimine esta doble tributación de inmediato. Es una cuestión de justicia social y de equidad. Las personas mayores y/o dependientes merecen un trato justo. El informe que presentamos pone de manifiesto la urgencia de eliminar esta discriminación fiscal, que no ocurre en otros sectores en España”.

José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE)

“Teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo derivada de los elevados costes de elementos básicos como la luz y los productos alimentarios, igualar el IVA al 4% sería una forma de aliviar la situación de muchos dependientes que hoy pagan por el efecto del IVA más de 1.486.80 euros anuales de media. Hay que recordar que la pensión media en la Comunidad Valenciana es de 1.155.16 euros mensuales. Por lo tanto, la equiparación supondría mejorar la capacidad económica de las personas afectadas en una paga y un tercio de otra”.

Juan Carlos Campón, presidente de Asociación de Atención de Residencias Sociosanitarias de Extremadura (Asorex)

“Por un acceso igualitario a un derecho de ciudadanía”

Inés Aguado, presidenta de ARTE La Rioja

“Porque los cuidados a las personas vulnerables son un servicio esencial: IVA superreducido del 4%”

Rafael Sánchez Ostiz, presidente de la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales (ANEA) 

“Hay que corregir la injusta realidad del coste de la plaza residencial. Los usuarios privados cubren el déficit crónico de las plazas públicas”

Mar Ugarte, vicepresidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD)

“Apoyamos el manifiesto de CEAPS porque consideramos que es una cuestión de justicia social. No entendemos que un mismo servicio en un ámbito tan importante como la dependencia tenga más o menos IVA en función de la titularidad. Por ello, consideramos necesaria la equiparación total de aplicación del IVA al 4% para todos los servicios de dependencia, independientemente de quien lo preste. En definitiva, lo que defendemos es el bienestar de la persona dependiente”.

Sabina Camacho Calderón, presidenta de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)

«Los mayores, primero somos personas, personas que vivimos en sociedad, tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, estando estos reconocidos en las leyes europeas, españolas y en nuestra constitución, los derechos no se pierden por cumplir años. CEOMA se ha adherido al ‘Manifiesto por la equiparación del IVA los Servicios de Atención a la Dependencia’ promovido por CEAPs por justicia, porque independientemente de que el servicio sea público, privado o concertado, el IVA ha de ser el mismo 4%. La Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) es un derecho subjetivo de la persona y el servicio que se les preste en función de sus necesidades ha de ser digno y adaptado a la situación de cada persona».