El Gobierno de Canarias ha hecho un llamado formal al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para solicitar una modificación crucial en la Ley de Dependencia. A través de una carta enviada al ministro Pablo Bustinduy, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha exigido la eliminación definitiva de las deducciones automáticas que afectan a los beneficiarios de las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD).
Actualmente, el artículo 31 de la normativa vigente establece que recibir una ayuda por dependencia implica restar el importe de cualquier otra prestación similar que el ciudadano obtenga de otros regímenes públicos. Este mecanismo de absorción económica impacta negativamente en complementos vitales, como la gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 75%, el complemento por necesidad de tercera persona en pensiones no contributivas, así como el subsidio de ayuda a tercera persona.
El impacto real en las personas
En su misiva, Delgado detalla el efecto adverso que este sistema provoca en la vida cotidiana de los ciudadanos afectados. “Cuando la cuantía reconocida por el Sistema se reduce debido a la percepción previa de alguna de las prestaciones mencionadas en el artículo 31, el reconocimiento de un nuevo derecho en el ámbito de la dependencia no se traduce en un incremento real de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de cuidados y apoyo del beneficiario”, explica.
De hecho, las deducciones automáticas ocasionan una neutralización del derecho y perpetúan la falta de recursos en los hogares, en particular porque las familias suelen enfrentarse a diversas situaciones complejas de discapacidad y dependencia. “Las personas en situación de dependencia enfrentan necesidades que frecuentemente superan lo que cubre una sola prestación, requiriendo atención personal, supervisión, cuidados continuos, productos de apoyo, adaptación del entorno, acompañamiento, movilidad, permanencia en el domicilio y otros gastos vinculados a su autonomía y calidad de vida”, asegura la consejera.
Exigencia de una financiación estatal justa
El debate sobre esta cuestión se encuentra actualmente en el Senado; sin embargo, el texto que se tramita solo propone eliminar las deducciones automáticas para situaciones de dependencia extrema (nuevo Grado III+). “Canarias valora este avance, pero considera injusto limitar la mejora y exige extender la compatibilidad total a las personas reconocidas con los Grados I y II, quienes también enfrentan altos costes”, añade Delgado.
Además, el Ejecutivo canario enfatiza en la carta que esta ampliación de derechos debe ir acompañada del respaldo económico del Gobierno de España, para evitar que las arcas regionales se vean comprometidas: “Es esencial que esta incorporación se acompañe de una evaluación económica adecuada y una previsión suficiente de financiación, de modo que la ampliación de derechos sea efectiva sin trasladar el coste exclusivamente a las comunidades autónomas”.
Modificación de la Ley de Servicios Sociales de Canarias
Por otro lado, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado el decreto de modificación de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, con el objetivo de adecuar su regulación al nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios dedicados a la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.
Esta reforma iniciará un cambio para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la puesta en marcha de centros y servicios mediante la presentación de una declaración responsable. Con ello, se espera reforzar la capacidad del sistema para contar con los recursos necesarios que permitan atender las prestaciones reconocidas, permitiendo a la Administración autonómica actuar en caso de insuficiencia de plazas o servicios, demoras en el acceso efectivo a las prestaciones, situaciones de urgencia social, necesidades de continuidad asistencial, cohesión social o desequilibrios territoriales.
