El Congreso de los Diputados ha acogido la presentación del XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España y su situación al cierre de 2025.
Durante el acto se destacó que, casi dos décadas después de la aprobación de la Ley de Dependencia, el sistema ha permitido que más de cuatro millones de personas hayan recibido alguna prestación o servicio, aunque el desarrollo del modelo continúa marcado por desigualdades territoriales, insuficiente financiación y tiempos de espera elevados.
Según los datos del dictamen, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia en España a finales de 2025, lo que representa el 3,6 % de la población. A pesar del aumento de personas atendidas, el informe alerta de que 258.167 personas continúan pendientes de algún trámite o atención, ya sea en fase de valoración o esperando la prestación correspondiente.
Un sistema que crece, pero con prestaciones insuficientes
El informe constata que el sistema mantiene una tendencia de crecimiento en número de beneficiarios, pero advierte de una progresiva deriva hacia un modelo de atención “low cost”, caracterizado por servicios de baja intensidad y prestaciones económicas insuficientes.
En 2025 la inversión total en el sistema alcanzó 13.506,6 millones de euros, el 0,8 % del PIB, una cifra récord que, sin embargo, sigue siendo aproximadamente la mitad de la media de inversión de los países de la Unión Europea.
Uno de los indicadores más preocupantes continúa siendo el tiempo de tramitación de los expedientes. El plazo medio para resolver una solicitud se sitúa en 341 días, casi un año de espera, muy por encima de los seis meses que establece la legislación como referencia.
Además, el Observatorio recuerda que 32.704 personas fallecieron en 2025 mientras esperaban recibir atención, una cifra que refleja el impacto de los retrasos administrativos en las personas más vulnerables.
Desigualdades territoriales en el desarrollo del sistema
El dictamen vuelve a poner el foco en las diferencias entre comunidades autónomas en la gestión y desarrollo del sistema de dependencia, tanto en cobertura como en intensidad de servicios o tiempos de respuesta.
De acuerdo con la escala de valoración elaborada por el Observatorio, que analiza veinte indicadores objetivos del sistema, solo seis comunidades autónomas aprueban el desarrollo del modelo, mientras que la puntuación media estatal se sitúa en 4,8 sobre 10.
En este contexto, Castilla-La Mancha y Castilla y León han sido reconocidas como las comunidades con mejor desarrollo del sistema de atención a la dependencia, situándose a la cabeza del ranking del Observatorio.
Durante el acto celebrado en el Congreso, recogieron estas distinciones Javier Pérez Fernández, viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, y Carlos Raúl de Pablos Pérez, secretario de Gobierno de Castilla y León, quien acudió en representación de la consejera del área, que no pudo asistir por encontrarse en plena campaña electoral.
Ambas comunidades han destacado, según el Observatorio, por la agilidad administrativa, el cumplimiento de los plazos legales y el desarrollo efectivo de servicios y prestaciones, situándose entre los territorios con mejores indicadores del sistema.
Retos pendientes para el futuro del sistema
El Observatorio advierte de que, a pesar de los avances logrados en estos 19 años de implantación del sistema, la dependencia sigue siendo un derecho incompletamente desarrollado.
Entre los principales retos identificados se encuentran la reducción de las listas de espera, el aumento de la financiación estatal, la mejora de las cuantías de las prestaciones y el refuerzo de los servicios profesionales de atención.
En este sentido, los responsables del informe consideran necesario incrementar la financiación en al menos 1.000 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar que las prestaciones sigan alejándose de las necesidades reales de las personas dependientes.
La presentación del dictamen también ha servido para iniciar un proceso de reflexión que culminará en 2026, coincidiendo con el 20 aniversario de la Ley de Dependencia, con el objetivo de impulsar un nuevo Pacto por la Dependencia que refuerce el sistema y garantice la igualdad de acceso en todo el territorio.
