La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) ha presentado un nuevo informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, con datos oficiales hasta el de 31 de mayo de 2026. El análisis pone de manifiesto que la lista de espera de la dependencia vuelve a crecer en España: acumula ya un aumento de 7.293 personas pendientes de algún procedimiento y supera las 265.000 entre quienes esperan valoración y quienes, pese a tener reconocido el derecho, aún no reciben la prestación o el servicio correspondiente.
De las 265.503 personas en listas de espera, 110.108 están a la espera de valoración (41,5%) y 155.352 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos (58,2%).
El Ministerio considera lista de espera exclusivamente a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos por la Ley, que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido; de ahí que, según el informe, sus datos sean inferiores a la lista de espera real.
De las 13.503 personas fallecidas en las listas de espera de la dependencia en los primeros cinco meses de este año, 6.940 estaban esperando ser valoradas y 6.563 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho.
La ADGSS señala la falta de incremento presupuestario en los tres últimos años por parte del Ministerio de Derechos Sociales, al no mantener la financiación extra de 600 millones que incluía el Plan de Choque en los años 2021, 2022 y 2023, lo que está suponiendo una clara ralentización del Sistema, tanto en el incremento de las listas de espera como en la agudización del carácter low cost de sus prestaciones y servicios.
Urgencia social ante la dependencia
Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, después de 20 años sigue siendo un derecho pendiente, a pesar del avance de esta Ley, cuyo potencial sigue sin desarrollar. Cuatro millones de personas han recibido atenciones del Sistema en estos 20 años, mientras que casi un millón han fallecido en las listas de espera.
Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema low cost que es poco eficaz para atender las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo.
Evolución del SAAD desde comienzo de 2026
En 2024, el Gobierno de España, según detalla la ADGSS, paralizó el incremento de los 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los 3 años anteriores (2021/2023). Una merma importante en la financiación del Sistema, que se ha visto reflejada no tanto en su extensión en número de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino más bien en la limitación de sus prestaciones y servicios.
47.323 personas dependientes más han sido atendidas respecto al final de 2025. La suma de prestaciones y servicios ha aumentado en 69.047. Sin embargo, este incremento ha sido muy desigual este año. Se consolida la tendencia de aumento de servicios low cost al aumentar prestaciones y servicios de bajo coste como la Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia.
Finaliza mayo de 2026 con 265.460 personas a la espera de un procedimiento: 155.352 personas con derecho reconocido en espera de atención. A estas cifras hay que añadir 110.108 personas pendientes de valoración. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza esas 265.460 personas, 7.293 más que al comienzo del año.
Evolución por comunidades
El informe revela que las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación estos tres meses son Canarias (+22%) y Cantabria (+6,6%). Por el contrario, las Comunidades que más han disminuido el número de personas atendidas son: Navarra (-1,4%) y Extremadura (-0,5%).
En estos cinco meses han fallecido 13.503 personas pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA. Casi la mitad (49%) se concentran en Cataluña (4.342) y Andalucía (2.204). A la cola, la Comunidad con menos fallecimientos en lista de espera es Galicia (34).
En España las personas con derecho aumentan un 3%. Las Comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación hasta marzo han sido: Cantabria (+12,3%) y Canarias (+9,1%). Por el contrario, en Navarra (-2,1%), Castilla y León (-0,9%), Extremadura (-0,5%) y País Vasco (-0,4%) se reducen el número de personas con derecho.
El indicador de agilidad administrativa se calcula según el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente. Este proceloso recorrido hizo que en mayo de 2026 el tiempo medio en España fuese de 320 días, superior al plazo estipulado.
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay seis Comunidades y Ceuta (86) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (119), Aragón (122), País Vasco (131), La Rioja (144), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (171). Navarra (211) y Baleares (203) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían Murcia (552 días), Andalucía (446 días), Asturias (411 días), Madrid (346) y Canarias (335 días).
Además, Asturias (+84 días), ha aumentado los tiempos de tramitación en 2026. En el otro extremo, Canarias (-95 días), Andalucía (-50 días) y La Rioja (-30 días) han reducido sus tiempos de tramitación.
Motivo de los retrasos
Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones.
Los motivos de estos impresentables retrasos, después de casi veinte años de implantación de la Ley, son múltiples, pero debemos apuntar dos fundamentales:
- Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones.
- El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios. La mayoría2 de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.
Plan de Choque para la dependencia
El Plan de Choque para la dependencia ha significado, según el informe de la Asociación, un importante avance en la reducción de las listas de espera, sin embargo, no ha cumplido con los objetivos esperados debido a una paralización en el aumento de inversión para la dependencia en 2024 y 2025.
La lista de espera se ha reducido paulatinamente desde el cénit que supuso la entrada en el sistema de las personas dependientes de grado I en julio de 2015. En aquel momento la lista de espera (personas con derecho pendientes de recibir servicio o prestación) se elevó a 442.000 personas.
Desde entonces, y hasta final de 2024, se ha ido reduciendo progresivamente. Sin embargo, 2026 está suponiendo un cambio en la tendencia, como dijimos anteriormente, +7.293 personas más que a comienzo del año están esperando algún procedimiento de la dependencia, sumando un total de 265.460 personas.
Análisis por comunidades
Casi el 67% de las personas que se encuentran en lista de espera están en cuatro comunidades: Cataluña (80.827personas), Andalucía (49.513), C. Valenciana (28.808) y Canarias (17.457). La Comunidad de Madrid tiene 14.559 personas en lista de espera, de las que 14.181 están esperando la prestación o servicio a la que tienen derecho, solamente 92 están esperando la valoración. Sería conveniente aclarar cuántas solicitudes están sin grabar en el Sistema.
En relación con el número de solicitantes, el 11,5% de las personas estarían esperando algún tipo de trámite. Canarias (20,4%), Cataluña (18,8%) y Murcia (18,3%) son las Comunidades con mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Castilla y León (4,3%), Navarra (2,3%) y Galicia (1,3%) son las Comunidades que menor porcentaje de personas esperando tienen.
En estos cinco meses, la lista de espera aumentó un 2,7 % en toda España. Es preocupante la evolución en 2026 de tres Comunidades: Cantabria (+106,8%), Madrid (+42,6%) y Castilla – La Mancha (+26,9%). En el otro extremo de porcentaje de reducción, se encuentran Canarias (-20,7%), Ceuta y Melilla (-20,6%) y Navarra (-20,5%).
